La Paz, Bolivia, 6 de mayo de 2025. Un grupo de 35 exministras y exministros de Estado del gobierno de Evo Morales presentó este martes una denuncia formal ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, expresando su preocupación por lo que consideran una creciente vulneración de derechos en el país.
La carta, dirigida a la relatora especial Margaret Satterthwaite, expone el caso de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien fue detenida el 5 de mayo sin una investigación ni proceso disciplinario previo. Según los denunciantes, esta detención representa una violación al debido proceso, a la independencia judicial y a los principios constitucionales que resguardan a los operadores de justicia.
“Solicitamos la intervención urgente de Naciones Unidas, de su relatoría y de ONU Mujeres, ante lo que claramente constituye una persecución política contra autoridades judiciales, especialmente mujeres”, señaló Teresa Morales, exministra y vocera del grupo.
Los exministros advirtieron que el caso de la jueza Moreno ocurre en un contexto de hostigamiento sistemático contra jueces y fiscales que actúan con independencia. También recordaron que la Constitución y una sentencia del 2015 prohíben iniciar procesos penales contra jueces por decisiones jurisdiccionales, a menos que esas resoluciones hayan sido revisadas por instancias superiores.
La exministra Wilma Alanoca, también firmante del pronunciamiento, afirmó que este hecho revela una intención del Gobierno de Luis Arce de consolidar un aparato judicial al servicio de la persecución política. “Esto no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para silenciar a todo aquel que cuestione al poder”, dijo.
Los firmantes solicitaron a Naciones Unidas que verifique la situación de la jueza Moreno, que exhorte al Estado boliviano a respetar la independencia judicial, que requiera información sobre su estado actual y que promueva acciones para frenar la persecución y la violencia institucional contra operadores judiciales.
Entre los firmantes se encuentran figuras como Sacha Llorenti, Fernando Huanacuni, Gabriela Montaño, René Martínez, Carlos Romero y Roberto Aguilar, además de otros exministros de distintas áreas.
Finalmente, los exministros advirtieron que no habrá elecciones libres mientras continúe la judicialización de la política y el uso de la justicia como mecanismo de represión.