La Paz, Bolivia, 24 de julio de 2025. El fiscal Omar Mejillones, encargado del caso Golpe de Estado I, advirtió que no existen garantías de seguridad para ejecutar el posible traslado del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, hasta la ciudad de Santa Cruz. La medida fue recomendada por un juez para que Camacho asista de forma presencial al juicio oral del caso Decretazo, previsto para el viernes.
“Considero que es riesgoso que pueda trasladárselo por el mismo contexto que se vivió al momento de su aprehensión”, afirmó Mejillones. Además, explicó que su equipo no fue parte de la acción de libertad que derivó en la recomendación judicial y que aún no recibió notificación formal.
El Ministerio Público sostiene que el entorno político y social vinculado a la figura de Camacho representa un riesgo operativo para su movilización. Además, subraya que el pronunciamiento judicial no tiene carácter obligatorio.
En esa línea, la Procuraduría General del Estado también señaló que la decisión del juez no constituye una orden judicial, sino una recomendación de carácter administrativo, lo que contradice el argumento de la defensa del gobernador cruceño, que exige el cumplimiento del traslado.
Luis Fernando Camacho permanece en detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022, acusado por su presunta participación en los hechos investigados en el caso Golpe de Estado I.