Aníbal Muñoz, padre de los cuatrillizos, se incorporará como metalurgista en la Gobernación de Tarija para la manutención económica y el acceso a un seguro de salud en beneficio de las tres niñas y el niño. Muñoz expresó su agradecimiento por la oferta laboral que le hizo el gobernador, ya que estaba muy preocupado debido a que no tenía una fuente segura y más aún con la llegada de sus cuatro hijos. Ruth Ponce, esposa del gobernador Óscar Montes, fue la que hizo el ofrecimiento durante su visita hace tres días a la madre de los recién nacidos, Celinda Olarte ( 27 años de edad), internada en una sala del hospital San Juan de Dios. «Sé que es metalúrgico y tengo la tarea de preguntarle si usted se animaría a colaborar en la Gobernación, hay una plaza para usted y de esa manera alivianar en los gastos (económicos) que van a hacer fuertes», dijo Ponce. Con el contrato de trabajo de la entidad subnacional, no solo podrán disponer de un salario, sino también de un seguro de salud y el subsidio para cada uno de los bebés. Los neonatos nacieron el 31 de mayo pasado, a través de una cesárea que le hicieron a la madre, debido a que tenía siete meses de embarazo, y actualmente se encuentran con pronóstico estable. En los últimos días personas y organizaciones hicieron llegar obsequios, entre ellos pañales y leche. Fuente: el deber

Dos personas perdieron la vida durante la fiesta del Gran Poder, que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad de La Paz, confirmó este lunes Jhonny Omar Chávez, comandante departamental de la Policía.  Ambas muertes ocurrieron en distintas circunstancias en la madrugada del domingo después de la entrada folklórica del sábado. En el primer caso, una joven de 21 años de edad, que había bailado en una morenada, cayó de un minibús en inmediaciones de la pasarela de Achachicala en el momento que estaba retornando a su domicilio. La joven fue identificada como Diana Torrico Ticona y fue auxiliada a emergencias del Hospital de Clínicas, donde, según el jefe policial, llegó a fallecer. La segunda persona fallecida también fue registrada en el Hospital de Clínicas y se trata de Gregorio Dionicio Quispe Mamani, de 45 años. “Por información de su esposa e hijos, se habría lanzado de un primer piso (de un domicilio) y fue auxiliado de inmediato, pero llegó sin signos vitales al hospital”, señaló Chávez. Además, dio a conocer que 55 personas fueron arrestadas y aprehendidas en algunos casos. Asimismo, se registraron “16 casos de delitos patrimoniales, que son robo y hurto, y los hechos de tránsito también son 16”, señaló. Sin embargo, en general, en la versión 2023 de la festividad del Gran Poder hubo un decremento del 28% de los casos policiales atendidos a comparación de 2022. Fuente: El Deber

Agresiones verbales, marginación por discapacidad física e intelectual o por el grado de instrucción u origen son los hechos más denunciados en el marco de la Ley 045. De esos casos, el 33% se concentra en el ámbito educativo. El 67% restante se registró en comunidades indígenas, en instituciones del Estado, en instituciones privadas, en el área de salud, en gobiernos locales y en organizaciones sociales, principalmente, según datos registrados en 2022 por el  Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización. De acuerdo con la entidad estatal, las denuncias por racismo y discriminación se redujeron entre 2021 y 2022 en 9%. En 2022 hubo 93 quejas, mientras que en 2022 fueron 81, y de enero a abril de este año hubo 31 denuncias. CASOS El director general de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación, Ivar Villarroel, consideró alarmante las denuncias de discriminación y racismo en el ámbito educativo. Toda vez que “se supone” que es un lugar donde se imparten enseñanzas para evitar este tipo de transgresiones penadas por ley. “La mayoría de los casos, aproximadamente 27 en 2022, se han registrado en el ámbito de la educación, ya sea entre colegas profesores, padres de familia con estudiantes y docentes. Son diferentes situaciones que preocupan”, dijo Villarroel a La Razón. De los procesos que se ventilan en estrados judiciales por racismo y discriminación, 61 están en la vía administrativa. Siete en la vía jurídica ordinaria, dos en la vía constitucional y 11 en la vía de la jurisdicción indígena originaria campesina, según normas y procedimientos propios. El funcionario recordó un hecho reciente, cuando estudiantes de un colegio de la ciudad de La Paz agredieron físicamente a sus compañeros que padecen discapacidad. Este caso derivó además en conflictos entre los padres de familia, con muestras de discriminación contra los agresores, contra las víctimas. Pero también contra sus padres de familia. “Algunas, mamás me han reñido al verme, me han dicho que no le he sabido educar a mi hijo e incluso he recibido amenazas”, contó el padre de uno de los estudiantes agresores. También la madre de uno de los agredidos denunció que fue atacada de forma verbal por otras madres de familia y que por ello se sintió discriminada. PRONUNCIAMIENTO El Ministerio de Educación rechaza todo acto de discriminación y racismo que ocurra en el ámbito educativo e instó a la comunidad educativa, y la sociedad a luchar contra lo que la autoridad denomina “ilícitos”. “Como Ministerio de Educación, rechazamos cualquier acto de discriminación o racismo dentro de las unidades educativas. Instamos a maestras y maestros. También a madres y padres de familia, a concientizar a nuestros estudiantes la importancia de combatir este mal”, sostuvo el ministro del área, Édgar Pary. El titular de esa cartera de Estado afirmó que desde la institución impulsa la lucha contra el racismo y discriminación mediante contenidos curriculares actualizados que se aplican desde este año. Las denuncias por racismo y discriminación se hicieron visibles desde la promulgación de la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, el 8 de octubre de 2010. Cuyo objetivo fue establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Para Villarroel, la cantidad de denuncias es una señal de que la población tiene más conciencia de la vulneración de los derechos y de la vigencia de plataformas para reportar los hechos. Fuente: La Razón