El insomnio que padecía el papa Benedicto XVI fue el «motivo central» de su renuncia en 2013, según reveló él mismo en una carta dirigida semanas antes de su muerte a su biógrafo, y desvelada este viernes por un semanario alemán. El papa emérito, fallecido el 31 de diciembre a los 95 años, envió una carta el 28 de octubre a su biógrafo, el alemán Peter Seewald. En la misiva, revelada por el semanario Focus, Joseph Ratzinger explica que «el motivo central» de su dimisión al frente de la Iglesia católica en febrero de 2013 fue «el insomnio que [lo] acompañaba sin interrupción desde las Jornadas Mundiales de la Juventud de Colonia», en agosto de 2005, meses después de haber sucedido a Juan Pablo II. Su médico personal le recetó por entonces «remedios potentes», que en un primer momento le permitieron mantener la carga de trabajo. Pero según el papa emérito, los somníferos alcanzaron con el tiempo sus «límites». La toma de somníferos habría originado además un incidente durante un viaje a México y Cuba en marzo de 2012. La mañana consecutiva a la primera noche, Benedicto XVI constató que su pañuelo estaba «totalmente empapado de sangre», según la carta citada por Focus. «Debí de golpearme por algún lado en el baño, y me caí», escribe el pontífice. El médico que lo atendía hizo de tal forma que las heridas no fueran visibles. Otro médico personal insistió después del incidente en que se le redujeran los somníferos al papa alemán. Igualmente, le aconsejó que sólo se dejara ver por la mañana durante sus viajes al extranjero. En la carta, Ratzinger dice ser consciente de que estas restricciones médicas «sólo eran sostenibles por un período corto de tiempo». Esa constatación lo llevó a anunciar su dimisión en febrero de 2013, meses antes de las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro, que no se veía capaz de «afrontar». De esa forma, dimitió lo suficientemente temprano para que su sucesor, el papa Francisco, pudiera cumplir con la visita a Brasil. El papa emérito Benedicto XVI, que sorprendió al mundo con su renuncia, falleció en el monasterio de los jardines vaticanos en los que vivía retirado. Su pontificado estuvo marcado por numerosas crisis, como el escándalo Vatileaks en 2012, que dejó al descubierto una amplia red de corrupción en el Vaticano, o los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos en varios países del mundo. Fuente: Página 12

Cuerpos a los que les sobresalen las costillas, niños enfermos, ancianas debilitadas por desnutrición crónica, una mujer muerta la semana pasada. La tragedia humanitaria que sufre el pueblo yanomami vuelve a ser objeto de denuncia, pero esta vez no por los indígenas ni por organizaciones de derechos humanos, sino por el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que acusa al expresidente Jair Bolsonaro de cometer un «genocidio». La situación ha llegado a manos de la Policía Federal que ya investiga si hubo crimen de «genocidio u omisión» por parte de los integrantes del anterior Ejecutivo «ante los reiterados pedidos de ayuda» de los yanomamis. «Una investigación sin fronteras (…) hubo centenas de documentos oficiales enviados a ministerios y organismos públicos. Ahora esas personas deberán explicar por qué, una vez avisadas, no hicieron nada», explicó el ministro de Justicia Flávio Dino. En su opinión, las penas podrían llegar hasta los 30 años de prisión. Desde su campaña electoral, Lula prometió combatir la devastación de la selva amazónica, especialmente en las reservas indígenas. Al llegar al gobierno creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas y colocó a una indígena al frente, la conocida activista Sonia Guajajara, convertida en la primera ministra indígena de la historia de Brasil. Otro cambio relevante fue poner a Joenia Wapichana, primera diputada indígena en este país, al frente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que fue rebautizada como Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas porque la palabra «indio» se considera discriminatoria. Este organismo estatal para los asuntos indígenas quedó muy militarizado y con sus competencias diezmadas por la acción de Bolsonaro. El Ejecutivo de Lula destituyó esta semana a más de 40 uniformados de la Funai. Unos movimientos políticos que se han notado de manera inmediata. El Gobierno ha ofrecido datos estremecedores: en 2022 murieron 99 niños yanomamis por desnutrición, neumonía o diarrea –todas enfermedades evitables–, y en los cuatro años de gestión de Bolsonaro fallecieron 570 menores en todo el territorio.  Un equipo del Ministerio de Salud viajó la semana pasada a la zona para estudiar la situación. Cuatro días después se declaraba el estado de emergencia de salud pública. Más de 1.000 indígenas han podido ser atendidos, y los casos más graves son trasladados a Boa Vista, la capital de Roraima, estado fronterizo con Venezuela. Hay más de 50 niños en cuidados intensivos. Acompañado por Wapichana y Guajajara, y otros cargos gubernamentales, Lula visitó Roraima y fue tajante al decir que estaba «estremecido», culpó a Bolsonaro de cometer un genocidio y anunció la lucha contra el ‘garimpo (minería ilegal)’. Explosión del ‘garimpo’ La Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, está distribuida entre el estado de Amazonas y Roraima y viven unos 29.000 indígenas, en aproximadamente 350 comunidades de yanomamis, ye’kwanas y varios grupos aislados.  Los pueblos indígenas han denunciado sin descanso dentro y fuera de Brasil, incluso ante el Tribunal Penal Internacional, el drama que sufren. Se calcula que hay unos 20.000 ‘garimpeiros (mineros ilegales)’ en su zona y muchos están vinculados a bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, que domina el narcotráfico en Roraima. Desde los años 70, en plena dictadura militar (1964-1985), los ‘garimpeiros’ ya agravaban la deforestación, generaban violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria –luego el covid– y estimulaban la entrada de drogas y alcohol en las comunidades ancestrales.  Siempre han utilizado el mercurio para separar el oro de otros sedimentos y este se disemina en el suelo o en el agua de los ríos, por lo que las personas se contaminan tras la ingesta de pescado infectado. Pero la situación se agravó de manera exponencial durante la gestión del ultraderechista, donde se produjo una explosión del ‘garimpo’. Bolsonaro desmontó la políticas públicas, defendió la legalización de la minería, promovió la agroindustria, a las empresas mineras y llegó a vetar artículo claves que garantizaban a los indígenas el acceso a servicios básicos como agua potable, material de higiene o cestas de alimentos básicos. Aunque la Justicia le obligó a recular antes estas últimas medidas, el plan que planteó cuatro meses después fue ampliamente criticado. Nada o casi nada se hizo. La devastación de la selva a base de deforestación e incendios batió récords, mientras la retórica incendiaria de Bolsonaro iba incentivado el avance de otros crímenes ambientales ante las críticas internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en julio al Ejecutivo proteger los derechos básicos de los pueblos indígenas. No obtuvo respuesta. Oro ilegal El ministro de Justicia, Flávio Dino, asegura que una vez solucionada la crisis de salud, el plan es realizar un proceso de desplazamiento de los mineros ilegales de estos territorios. Pero sacarlos no será fácil. La reserva mide casi 100.000 kilómetros cuadrados, algo más que el área de Portugal, y los mineros están diseminados en lugares remotos, de difícil acceso, y tras décadas en la zona están más que asentados –han ido construyendo campos de fútbol, bares, restaurantes– y su actividad genera enormes intereses políticos y económicos. Se calcula que la mitad de la producción de oro en Brasil, que supera la 100 toneladas anuales, es ilegal y representa unos 2.500 millones de dólares (2.294 millones de euros) en el mercado. Dino explicó que el Gobierno trabaja para declarar inconstitucional una ley de minería vigente, que fomenta la «circulación de oro ilegal» y que permite que se compre sin cumplir ciertas pautas, ya que se presume  de «la buena fe» de los vendedores sobre el origen de la mercancía. «La ley tiene que ser cumplida. No hay negociación posible (…) Y no puede haber exploración privada sin autorización, son tierras de la Unión (…) La cadena productiva debe velar por la ética del negocio y transformar los productos ilícitos en lícitos», concluyó. Fuente: RT

En medio de la ola de violencia de Israel contra los territorios palestinos, las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon este viernes la Franja de Gaza en respuesta al supuesto lanzamiento de artefactos explosivos desde el territorio palestino. Según las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) el ataque estuvo dirigido contra supuestas posiciones del grupo de resistencia Hamás en el centro de la Franja de Gaza. «El ataque supondrá un importante perjuicio para el fortalecimiento y armamento de Hamás», escribió las FDI en su cuenta de Twitter. El ente de defensa israelí responsabilizó al movimiento Hamás de los sucesos en la Franja de Gaza y aseguró que el grupo de resistencia palestino pagará el precio de las violaciones de seguridad contra el Estado de Israel. Horas antes del bombardeó por parte de las Fuerzas Aéreas de Israel, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró el jueves tres días de luto tras el asesinato de al menos nueve palestinos durante una redada de las fuerzas israelíes en un campamento de refugiados de Yenín, ubicado en el norte de Cisjordania. Fuente: Telesur