Con el objetivo de garantizar la continuidad, calidad y transparencia de los servicios básicos en el área metropolitana de La Paz y El Alto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) resolvió ampliar el periodo de intervención a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.) hasta máximo 12 meses calendario a partir de la notificación realizada el día de hoy. De esta manera, la intervención garantiza la dotación de agua en la gestión 2026, avanzar en un reordenamiento administrativo, financiero y operativo, y corregir decisiones que afectaron el desempeño institucional y la calidad del servicio brindado a la población. Las observaciones, deficiencias en la gestión administrativa y denuncias serán encaradas de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Riego y Agua como cabeza de sector que asumió la competencia, atribuciones y activos del exministerio de Medio Ambiente y Agua. “El principal objetivo que tiene esta ampliación es garantizar la continuidad del servicio y transparentar los temas administrativos para que no existan afectaciones a futuro. Encomendamos este trabajo pensando siempre en hacer prevalecer los derechos de los usuarios que son nuestras familias bolivianas”, manifestó la directora de la AAPS, Liesel Ramírez Gegner. “Asimismo – prosiguió la directora – se busca mejorar de manera directa la atención al usuario, elevar los estándares de calidad del servicio y asegurar la implementación efectiva de planes de emergencia y contingencia, que permitan una respuesta oportuna ante cualquier evento que ponga en riesgo la prestación del servicio”. Esta acción, que estará a cargo del gerente Interventor de EPSAS S.A., Edgar Landívar, posesionado el pasado 16 de diciembre, busca también ordenar, corregir y fortalecer la gestión interna de la empresa, priorizar la mejora de la atención al usuario y el cumplimiento de estándares de calidad del servicio, fortaleciendo así la confianza de la población en la institución. También se instruyó que la ampliación de la intervención debe incidir en implementar una gestión transparente, institucionalizar los cargos para lograr eficiencia y eficacia en la administración de los servicios, implementar mecanismos de fiscalización y control que eviten actos de corrupción y procesar las denuncias y el cumplimiento de las auditorías instruidas, así como el inicio y prosecución de los procesos legales. Por su parte, el interventor de EPSAS señaló que “si bien el servicio de agua potable y alcantarillado se encuentra garantizado para la población, persisten temas administrativos que deben ser resueltos; por ello es necesario que la intervención continúe, a fin de ordenar la gestión interna, corregir debilidades y fortalecer el funcionamiento de la empresa”. Finalmente, la resolución administrativa regulatoria establece que el interventor debe presentar informes periódicos respecto a la situación técnica, económica, financiera y legal de la empresa en los próximos 10 días calendario, implementar mecanismos de supervisión, fiscalización y control de la gestión administrativa interna, evitar y sancionar actos de corrupción y notificar al Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y a los gobiernos autónomos municipales en los que la empresa EPSAS S.A. presta servicios. Esta medida, asumida desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante la AAPS, constituye un claro mensaje de transparencia y control institucional que demuestra, desde el Estado, que se ejerce un seguimiento permanente a las empresas prestadoras de servicios básicos para proteger el interés público.
