Trinidad, 21 de julio de 2025.- La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni rechazó este lunes una acción popular que intentaba frenar el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 17 de agosto. En audiencia pública, los magistrados resolvieron que no existían fundamentos jurídicos ni vulneración de derechos constitucionales colectivos que justifiquen la tutela solicitada.
La acción había sido interpuesta por Marlene María Sierra Teherán contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel Salazar, con el argumento de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de garantías fundamentales lesionadas, por lo que denegó la tutela.
“La Sala Constitucional Primera, administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, resuelve denegar la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos”, declaró el tribunal en su resolución, amparada en la Constitución Política del Estado y la Ley 1104.
Los magistrados recordaron que la resolución tiene carácter obligatorio y que las partes involucradas serán notificadas por escrito en las próximas 24 horas. De esta manera, el fallo refuerza la continuidad del calendario electoral y garantiza el normal desarrollo del proceso democrático en marcha.
“El país necesita certidumbre y estabilidad institucional. No hay elementos jurídicos que justifiquen suspender o alterar el proceso electoral”, afirmaron los jueces durante la audiencia oral, realizada la tarde de este lunes 21 de julio.
No obstante, tras dictar el fallo, el presidente de la Sala Constitucional Primera, Charles Mejía, denunció un intento de injerencia externa. Según relató, minutos después de finalizada la audiencia, funcionarios del Consejo de la Magistratura intentaron ingresar de forma intempestiva a las instalaciones judiciales.
“Hace escasos dos minutos dimos por finalizada la acción de defensa y ya estaban aquí los funcionarios del Consejo de la Magistratura intentando ingresar a la sala constitucional. Eso es injerencia directa, eso es amedrentamiento, y no lo vamos a permitir”, expresó Mejía, visiblemente molesto.
El episodio generó preocupación en la instancia judicial, que advirtió sobre presiones indebidas en decisiones que deben adoptarse en el marco del respeto a la independencia de poderes.
Con esta resolución, la justicia ratifica que el proceso electoral en curso continúa sin impedimentos legales, y alerta sobre cualquier intento de alterar su desarrollo por vías ajenas a la legalidad.