El Alto, Bolivia, 10 de junio de 2025. El Directorio de las Víctimas de la Masacre de Senkata expresó su rechazo a recientes declaraciones del presidente Luis Arce, quien afirmó que la crisis poselectoral de 2019 fue consecuencia de un “capricho de reelección”.
Las víctimas calificaron esa versión como una distorsión que busca confundir un acto jurídico con una disputa político-partidaria. Señalan que aceptar este tipo de afirmaciones implicaría reducir los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos a un cálculo electoral, lo que desvirtúa la gravedad de los crímenes cometidos durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El Directorio recordó que tanto el Preinforme de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 10 de diciembre de 2019, como el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH), presentado el 17 de agosto de 2021, concluyeron que durante ese periodo se perpetraron ejecuciones sumarias, torturas y detenciones arbitrarias.
Además, señalaron que ministros del gobierno transitorio y altos mandos militares y policiales firmaron documentos que facilitaron la comisión de estos delitos. El informe del GIEI-CIDH registró al menos 22 ejecuciones extrajudiciales y recomendó al Estado boliviano abrir investigaciones y juicios contra los responsables.
Las víctimas explicaron que el actual proceso judicial por la masacre de Senkata no se centra en la renuncia del expresidente Evo Morales, sino en las graves vulneraciones a los derechos humanos registradas tras su salida del poder. Aseguraron que el caso tiene base en tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no en disputas electorales.