Perú, un país envuelto en choques constantes incluso entre poderes del Estado, lleva meses en el ojo internacional. Particularmente por lo acontecido con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, hace poco, fue desmembrada en una polémica votación en el Congreso de la República. Dos integrantes de la JNJ fueron inhabilitados por el pleno a principios de marzo por una infracción a la Constitución. Semanas después, entre el 6 y el 10 de mayo, una misión internacional de observación visitó el país para hacer un acompañamiento técnico e independiente de la situación. Una de sus integrantes es Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala de 2014 a 2018. Reconocida en su país por haber sido asediada por el llamado ‘pacto de corruptos’ luego de investigar al expresidente Otto Pérez Molina, condenado a ocho años de cárcel tras haberse declarado culpable por lavado de activos, fraude y cohecho pasivo. Aldana concedió una entrevista a RT el jueves 6 de junio, un día después de que la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobara un proyecto de reforma constitucional que crea una escuela nacional de la magistratura que reemplace a la JNJ. «Vimos con preocupación particularmente la situación de la Junta Nacional de Justicia. Nos hace pensar que hay un ánimo de mermar el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (…) estamos sumamente preocupados», enfatizó. La discordia Un sinnúmero de voces se han pronunciado en contra de este dictamen, así como de las inhabilitaciones de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. «Una serie de acciones parecen destinadas a socavar el funcionamiento independiente de la JNJ», afirmó en abril pasado la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite. La ocupación de este organismo autónomo es fundamental para la nación andina. Nombra, suspende y destituye a fiscales y a jueces. Además, elige a las cabezas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Es decir, tiene una función preponderante de cara a las elecciones pautadas para 2026. Y entre los partidos impulsores de estas medidas está Fuerza Popular, que es liderado por la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien ha perdido tres veces seguidas y la última vez alegó «fraude». «Se quiere hacer un control de la JNJ. Es evidente que para suprimirla y crear un ente. Esto es una voz de alarma. Desde el Congreso actúan contrario a los estándares internacionales», fustigó Aldana. La misión internacional de observación publicó un informe en el cual, entre sus observaciones preliminares, lamentó «el avance de iniciativas de reforma legal que se orientan al desplazamiento y concentración de poder hacia el Congreso nacional u otros órganos». «Estimamos que ese hecho es muy grave porque la JNJ desde su origen, es un ente que tiene respaldo», aseguró Aldana, en referencia al referendo nacional celebrado en Perú el 9 de diciembre de 2018, en el cual el 86 % votó a favor de crear la JNJ. Se fundó para sustituir al extinto Consejo Nacional de la Magistratura, manchado de corrupción por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, en el cual se demostró que sus integrantes ofrecían algunos beneficios, como ascensos a funcionarios, a cambio de dinero. «Logró más del 80 %, ese origen es importante. Lo que nuestros países deben aspirar es a tener instituciones, no a la persona de turno ni a desaparecer la institución«, expresó la también expresidenta de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca. Las semejanzas Numerosos analistas han teorizado sobre los paralelismos entre Perú y Guatemala. ¿Qué tantas semejanzas se pueden hacer?, le preguntó este medio a la ex fiscal general. «Hay similitudes, pero también profundas diferencias. Por ejemplo, nosotros no llegamos a tener 52 cambios constitucionales, esos cambios generan confusión, la ley suprema no puede estarse trastocando en cada momento», criticó. Aunque la derecha ha negado constantemente la posibilidad de un proceso constituyente en Perú, sí ha cambiado varios artículos de la carta magna. Entre ellos, algunos que instalan la bicameralidad —rechazado por el 90 % de la población en el referendo— luego de los próximos comicios. Precisamente, con la propuesta avalada en la Comisión de Constitución y Reglamento, con 13 votos a favor, el futuro Senado sería el encargado de designar a las personas que lideren la ONPE y la Reniec. «En Guatemala tuvimos un despertar ciudadano a partir de la investigación desde el Ministerio Público junto al mecanismo de Naciones Unidas (…). Había una alianza de diversos sectores, todos poderosos, para detener el avance del sistema de justicia y perseguir la impunidad», señaló Aldana. Aldana, quien fue impedida de concurrir a las presidenciales, celebró la asunción de Bernardo Arévalo a la Presidencia en enero de 2024, pero aseveró que «no ha concluido el intento golpista». «Esta alianza paralela al Estado y al Gobierno, a través de la fiscal Consuelo Porras, ha tratado de afectar la democracia, el pueblo mandó, pero ha tratado de criminalizar al presidente (…) ese esfuerzo sigue», alertó. En ese sentido, para ambos países e incluso para toda América Latina, recomendó «luchar por la justicia» en diversos ámbitos. «El Estado de derecho no es una dádiva, es un derecho, esa lucha la legitima el pueblo, una justicia capturada perjudica al pueblo», añadió. «Hay que avisar quiénes son los aliados del pacto de corruptos o de sistemas paralelos», manifestó sin referirse a alguien puntualmente. «Guatemala se ha convertido en un ejemplo bueno y en un ejemplo malo de esto», agregó. La defensa Este jueves la congresista peruana Gladys Echaíz, quien fue fiscal suprema, defendió su proyecto de ley que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia. «Yo creo que sienten que están perdiendo el espacio que les permitió manejar las elecciones con la selección de magistrados y eso es lo que les incomoda, eso es lo que les molesta», recalcó Echaíz a medios locales en respuesta a un comunicado de la JNJ. En la víspera, la JNJ fustigó ciertos lineamientos del dictamen, entre ellos la «injerencia del poder político en la designación de los jefes de ONPE y Reniec». «¿Qué tienen que ver los órganos electorales con el sistema de justicia?», cuestionó Echaíz. «¿Acaso no nos regimos con el principio de separación de funciones del poder?», insistió. Desde el Palacio Legislativo aseguró que la ONPE y el Reniec «están
