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Desde las 3:00 de este martes, sectores del transporte instalaron bloqueos en distintos puntos de la ciudad de Tarija, dando cumplimiento a las medidas de presión previamente anunciadas y generando interrupciones en la circulación vehicular. Los bloqueos comenzaron en horas de la madrugada y se fueron consolidando en diferentes zonas estratégicas de la ciudad, provocando congestión y dificultades en el tránsito. La dirigencia del sector transporte había advertido con anticipación la ejecución de estas medidas, en demanda de atención a sus requerimientos. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial consolidado sobre la totalidad de los puntos de bloqueo. Entretanto, autoridades y efectivos se mantienen en alerta ante el desarrollo de la jornada, mientras la población busca rutas alternas para movilizarse. Se prevé que en las próximas horas se brinde información más detallada sobre la magnitud de la medida. Fuente: El Pais

La exgerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Patricia Ballivián, afirmó este lunes que existe “desconocimiento técnico” detrás de las denuncias que cuestionan la ubicación de la planta de cemento de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (ECEBOL) en el departamento de Potosí. La exautoridad fue convocada a declarar por la Fiscalía, luego de que el actual gerente del SEDEM, Roberto Justiniano, junto al técnico Carlos Andrés Gallardo presentaran una denuncia por presunto incumplimiento de deberes y malversación de recursos «al instalar la planta en Chiutara y no en Turicaya». Según los denunciantes, el préstamo del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) fue destinado a la instalación de la planta en Chiutara, cuando —afirman— debía emplazarse en la localidad de Turicaya. El fiscal, Omar Yujra, confirmó que la denuncia se refiere a la ubicación donde se construyó la planta de Ecebol, que no sería la que se habría aprobado”, indicó. En su declaración informativa, Ballivián sostuvo ante el Fiscal que el Decreto Supremo 2967, que viabilizó el financiamiento de más de Bs 300 millones de dólares mediante el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), establece la implementación de una planta de cemento en el departamento de Potosí, sin fijar una ubicación específica, por lo que se iniciaron estudios para determinar el mejor lugar y que el proceso cumplió con todas las etapas de evaluación técnica exigidas por la normativa. Criterios técnicos y geológicos De acuerdo con la exgerente, los estudios de prefactibilidad identificaron condiciones adversas en Turicaya, distrito rural 18 de Potosí donde se ubica el principal yacimiento calcáreo. “Se trata de una serranía con pendientes superiores al 45% y alto riesgo de deslizamientos”, explicó a la Fiscalía, al señalar que estas características representaban un riesgo significativo para la infraestructura industrial. En contraste, la planta fue construida en la localidad de Chiutara, también distrito rural 18 de Potosí, a unos 22 kilómetros del yacimiento, en una zona de pie de monte con pendientes entre 8% y 15%, menor exposición a desastres y mejores condiciones para la operación industrial. Los terrenos donde se construyó la planta de cemento fueron cedidos por los gobiernos locales mediante leyes. Ballivián remarcó que la distancia entre la planta y el yacimiento cumple con los parámetros del sector cementero, que establecen un máximo de 50 kilómetros. “En promedio, las plantas trabajan con distancias de hasta 30 kilómetros. Incluso casos como COBOCE o FANCESA operan con canteras más alejadas”, precisó. Infraestructura y viabilidad operativa Otro de los argumentos centrales de la defensa apunta a las condiciones de infraestructura. Según la documentación presentada, Chiutara cuenta con acceso a carreteras asfaltadas que conectan con Oruro, La Paz, Tarija, Sucre y rutas internacionales hacia Perú, Chile y Argentina, además de servicios básicos como energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y suministro de gas natural garantizado por YPFB. Asimismo, la ejecución del proyecto —bajo la modalidad “llave en mano”— fue adjudicada en 2017 a la Asociación Polysius (Thyssenkrupp), Imasa y Valoriza, con una inversión aproximada de 241 millones de dólares. El proceso incluyó supervisión técnica a cargo de PricewaterhouseCoopers (PwC), contratada para el control y monitoreo de la obra. La planta es un ícono no El yacimiento de Turicaya, certificado por el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), cuenta con reservas estimadas en más de 20 millones de toneladas de caliza, además de otros depósitos identificados en Tarapaya y Mondragón. Proceso avalado por normativa La implementación de la planta se enmarca en la Ley N° 232 del FINPRO y su reglamentación, que establecen la evaluación de proyectos a través de un Comité de Homologación integrado por varios ministerios. El estudio de identificación fue aprobado mediante resolución ministerial en noviembre de 2016 y posteriormente homologado por dicha instancia. Ballivián insistió en que la selección de Chiutara respondió a una decisión técnica y estratégica, respaldada por informes especializados y criterios de viabilidad operativa. «La planta de cemento de Potosí es una planta ícono no solo de Bolivia, sino de Sudamérica», dijo al explicar que fue construida con la mejor capacidad, con tecnología patentada de los alemanes y con la supervisión de Price Waterhouse Coopers”, señaló “Se está generando susceptibilidad sin considerar los elementos técnicos que sustentaron el proyecto”, afirmó. El caso se encuentra en etapa de investigación y se prevé que la Fiscalía continúe recabando información.

En los tableros de información se observa la información de que hay vuelos cancelados y otros con demora. En las primeras horas de este lunes se registró una neblina que, de acuerdo con el reporte de los viajeros, obligó a suspender algunos vuelos programados para esta jornada en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz. Esta versión fue confirmada en los tableros de información en los cuales se observa que hay vuelos demorados, mientras que otros se mantienen en horario. El reporte llegó al sector Yo Periodista cerca de las 07:45 de esta jornada; se espera la información oficial de parte de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). NOTICIA EN DESARROLLO…

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Tupac Katari» determinó sumarse a las movilizaciones y medidas de presión tras un ampliado de emergencia en El Alto. Los representantes de las 20 provincias manifestaron su descontento ante el escaso progreso en los proyectos gestionados frente al Poder Ejecutivo. Los dirigentes denunciaron que diversos planes para la región permanecen estancados debido a trabas administrativas en las oficinas gubernamentales, además de señalar obstáculos en la restitución de la empresa de electrificación rural Emprelpaz. El secretario ejecutivo de la organización, Vicente Salazar, ratificó el pliego petitorio que incluye la disminución de salarios de los legisladores y la supresión de las pensiones vitalicias para exmandatarios. La dirigencia estableció un margen de 48 horas para que las centrales y subcentrales presenten sus resoluciones oficiales, con el fin de iniciar el cierre de carreteras a partir del próximo 6 de mayo. Este acuerdo busca consolidar un bloque sólido entre las provincias paceñas para garantizar que las protestas tengan un impacto conjunto y eviten cualquier intento de división. Las conclusiones del encuentro también contemplan la posibilidad de solicitar la dimisión del presidente Rodrigo Paz y de sus ministros, bajo el argumento de que no atienden las necesidades de los sectores populares. Entre otros puntos, los movilizados exigen la anulación de la normativa sobre reconversión de la pequeña propiedad y brindan su apoyo a la columna de la marcha indígena. Finalmente, el sector instó a la dirigencia nacional campesina a promover la cohesión de todas las organizaciones del país ante la crisis política y social actual. Fuente: La Prensa

Familiares, amigos y personas allegadas le dieron este domingo el último adiós al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en el Cementerio General de la ciudad de Cochabamba, en medio de pedidos de justicia. En horas de la mañana se realizó la misa de cuerpo presente y, posteriormente, tuvo lugar el sepelio de la autoridad, con la participación de miembros del Órgano Judicial y autoridades subnacionales. El asesinato del magistrado Claure —registrado la noche del 30 de abril en la capital cruceña— continúa en investigación. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que cuatro disparos de arma de fuego acabaron con su vida. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que al menos dos hombres, a bordo de una motocicleta, participaron en el crimen. Luego de conocerse este caso y otro similar contra un ciudadano colombiano, autoridades del Gobierno y de otras instituciones acordaron la creación de un grupo especial táctico en la Policía para reforzar la seguridad en el departamento y frenar la ola de inseguridad.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, visitó este domingo a las y los marchistas campesinos e indígenas provenientes de Beni y Pando, con quienes sostuvo un diálogo para conocer sus preocupaciones y demandas que motivan su movilización. Tras realizar un recorrido y verificar las condiciones en las que permanecen, a la espera de ingresar este lunes a la sede de gobierno, la autoridad defensorial viabilizó atención médica, con apoyo de los hospitales Metodista y La Merced, para las personas que presentan afectaciones en su salud luego de 24 días de caminata desde el departamento de Pando. Asimismo, el Defensor del Pueblo facilitó insumos de cocina y alimentos a representantes de la marcha, con el objetivo de contribuir a su alimentación y coadyuvar a la protección de su salud y condiciones de dignidad. La mañana de este domingo, una comisión defensorial  se trasladó a la zona de Urujara — punto de ingreso de Los Yungas a la ciudad de La Paz — donde efectuó una verificación de la situación de las y los movilizados y sostuvo una reunión con representantes de la marcha campesina e indígena en la sede Integral Productiva “Suma Khamaña” (Vivir Bien). La Defensoría del Pueblo realiza el monitoreo de la movilización desde su inicio, el 8 de abril, cuando partió desde el departamento de Pando hacia la ciudad de La Paz. En ese marco, el 17 de abril gestionó atención humanitaria para las y los marchistas en proximidades de Yucumo, en Beni; el 29 de abril efectuó un nuevo monitoreo en El Choro, donde alertó sobre la presencia de niñas, niños y personas adultas mayores; el 30 de abril gestionó atención médica para marchistas afectados con lesiones en los tobillos y solicitó a la Rectora de la UMSA un espacio de acogida; y el 2 de mayo viabilizó la evacuación de emergencia de más de 50 personas afectadas por el mal de altura. La Defensoría del Pueblo continuará el monitoreo de la movilización, en resguardo del respeto y garantía de los derechos humanos de las personas marchistas. Asimismo, a través de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos, continuará promoviendo espacios de diálogo con autoridades de gobierno, en el marco de una cultura de paz y gestión democrática de los conflictos.