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Bolivia: CIDH y ONU Derechos Humanos advierten riesgo de impunidad de masacres de Senkata y Sacaba

Washington, DC/Santiago – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019. Dicha preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata. El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna. La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas. A su vez, estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos. En 2019 el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares. El GIEI concluyó en su informe final que es «fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz». También señaló que «debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad». En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación. Recomendó «garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares». La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo. 

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EEUU critica la condena de la Corte Suprema de Brasil al expresidente Bolsonaro, a 27 años de prisión, por el intento de golpe contra Lula

Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció el jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022. Por 4 votos a 1, un panel de cinco jueces decidió sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra Lula. A primera hora de la tarde, la jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar a Bolsonaro, poniéndose del lado de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, que lo habían hecho en días anteriores. “La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, dijo Lucia al exponer su voto, destacando la importancia de este juicio para Brasil. “La Fiscalía aportó pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, compuesto por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Judicial”, dijo la jueza. El núcleo de las acusaciones formuladas estaba centrado en un intento de golpe de Estado y el intento de abolir el Estado democrático de derecho, señaló. “Los hechos descritos en la acusación no han sido negados en su esencia”, dijo Lucia. Y agregó: “No hay inmunidad absoluta contra el virus del autoritarismo, que se infiltra insidiosamente, destilando su veneno, contaminando la libertad y los derechos humanos”. La sentencia se debía decidir por votación de cinco jueces: dos ya se habían pronunciado a favor de una condena y un tercero optó el miércoles por la absolución y advirtió contra un juicio “político” a Bolsonaro. Con la mayoría de tres votos asegurada, más tarde llegó el voto del juez que faltaba, Cristiano Zanin. “La estabilidad de la organización, y la propia dirección de sus acciones antes y después de las elecciones de 2022, revela la continuidad del proyecto en torno a su objetivo general, que era mantener a un grupo específico en el poder, independientemente de la voluntad popular”, dijo Zanin al justificar su decisión contra el exmandatario. Sin un segundo voto por su absolución, la defensa de Bolsonaro difícilmente pueda presentar un recurso de apelación ante el pleno del tribunal. Según los juristas, necesitaba al menos dos votos favorables. Aun si pudiera hacerlo, el pleno de 11 miembros no volvería a juzgar todo el caso, sino que revisaría puntos específicos: posibles contradicciones en la sentencia, duración de la pena o interpretación legal. Pero si la mayoría del pleno confirma la condena, entonces Bolsonaro debería ir a prisión. En caso de cerrarse la puerta a una apelación, el fallo podría empujar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar alguna amnistía para él a través del Congreso. El gran ausenteBolsonaro, un excapitán del Ejército en arresto domiciliario desde agosto, no participó en las audiencias en el tribunal en Brasilia al alegar problemas de salud, mientras su defensa pedía su absolución “imperiosa”. De remera verde y pantalón negro, Bolsonaro fue visto junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión que debía sellar su futuro. Los bolsonaristas siguieron el juicio con una vigilia frente a su casa Tras obtener autorización judicial, el expresidente tiene previsto someterse a un procedimiento médico menor en un hospital de la capital el domingo, cuando ya podría ser objeto de una condena. El exmandatario, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, estaba acusado junto a otros siete excolaboradores, entre quienes se encuentra el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado. La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar. “Brasil casi volvió a una dictadura“, dijo días atrás el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, blanco también del presunto plan de asesinato. Su colega Flávio Dino advirtió además que los crímenes juzgados no eran susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empujaba por un perdón legislativo a su líder si resultaba condenado. A contracorriente de sus colegas, FLuiz Fux estimó el miércoles que el tribunal no era competente para juzgar a un expresidente y adujo una falta de pruebas para condenar a Bolsonaro. La reacción de TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy sorprendente” la condena de Bolsonaro, después de semanas de fuertes presiones ejercidas por Washington para apoyar al expresidente brasileño, un viejo aliado de los años de su primera gestión en la Casa Blanca. “Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, acusó Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados. “Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”, agregó. La decisión de Brasil sobre Jair Bolsonaro es “injusta”, “responderemos a esta caza de brujas”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. “Continúan las persecuciones políticas por parte de quienes violan los derechos humanos como Alexandre de Moraes, mientras que él y otros miembros del Tribunal Supremo de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente. Estados Unidos responderá a esta caza de brujas”, aseveró Rubio. La sociedad brasileña, polarizada, se mostró dividida entre quienes consideraban el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducían motivaciones partidistas. “Este juicio es injusto, no siguió el ritmo normal. Es más político que jurídico“, dijo a la AFP Germano Cavalcante, un ingeniero civil, de 60 años. Ana Karla Oliveira, una analista de sistemas, de 21 años, disintió. Bolsonaro “debe ser responsabilizado por tentativa de golpe”. “Trajo al país una

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La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión

El máximo tribunal sentenció al expresidente por lo sucedido en enero de 2023, cuando una turba bolsonarista intentó tomar las sedes de los poderes del Estado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes. A pesar que de que se tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares. En la previa del fallo, los cinco jueces decidieron sentenciar al líder ultraderechista de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, exabogado de Lula, contra quien Bolsonaro conspiró tras ser derrotado en los comicios, según las conclusiones del tribunal. «Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho», dijo Zanin en su valoración, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas. «La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto» centrado en la «permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado», aseguró Zanin. La reacción de sus hijos Flávio y Eduardo Bolsonaro Tras el fallo, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, se manifestó indignado por la decisión de la Corte Suprema y adelantó que «no aceptarán» la condena y que lucharán «hasta el fin». En la puerta de la residencia de su padre, el legislador conversó con periodistas y defendió que el mandatario que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, «jamás tomó decisiones por fuera de la Constitución». Además, según él, la «felicidad» de los jueces al emitir su voto a favor de la condena delata que este juicio «fue todo menos justo». Luego de la decisión de la Corte, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre. «Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro», escribieron en sus redes sociales casi al unísono ambos hijos del líder de la ultraderecha brasileña. El voto a favor de Bolsonaro Este miércoles, el juez Luiz Fux se pronunció por absolver a Bolsonaro de todos los cargos de golpismo y pidió además la «anulación de todo el proceso». En un pronunciamiento que duró más de 10 horas, el ministro sostuvo que la Fiscalía no probó cabalmente todo aquello por lo que ha acusado a Bolsonaro y aseguró que en un juicio penal «la responsabilidad criminal debe ser probada más allá de toda duda razonable», lo que en su opinión no ocurrió. Fux eximió a Bolsonaro de haber conspirado contra la democracia con su agresiva campaña de descrédito del sistema electoral antes de los comicios de 2022, en los fue derrotado por Lula, y afirmó que «discursos o entrevistas» no pueden ser tratados por la justicia como si fueran «narrativas subversivas». Pero más allá de absolver a Bolsonaro y sus consideraciones sobre la acusación, el juez fue incisivo en sus críticas al propio proceso abierto en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. El magistrado sostuvo que Bolsonaro y los otros siete acusados carecían de «pregorrativa de foro» el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes. En ese marco agregó que el máximo tribunal solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, los cuales consideró que no fueron debidamente probados. Fuente: Pagina12

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Llega a Argentina el primer grupo de deportados por EE.UU. bajo la Administración Trump

Diez ciudadanos argentinos han sido expulsados y trasladados en un vuelo fletado por el gobierno estadounidense. El operativo fue ejecutado con un fuerte hermetismo, sin asistencia del Estado argentino y en medio de denuncias por maltrato e irregularidades. El primer vuelo con personas deportadas desde Estados Unidos hacia Argentina bajo la actual gestión de Donald Trump aterrizó en Buenos Aires en la madrugada del jueves 11 de septiembre. La operación incluyó diez ciudadanos argentinos que habían sido detenidos en distintas ciudades del país norteamericano por causas migratorias y fue ejecutada con discreción, sin anuncios oficiales ni presencia de autoridades argentinas. La aeronave, un Boeing 767-300 de la empresa privada Omni Air International, partió desde Texas con escalas en Luisiana, Bogotá y Belo Horizonte, donde descendió otro grupo de deportados brasileños. Finalmente, aterrizó en la terminal internacional de Ezeiza a las 3:17 de la madrugada. A bordo viajaban los diez argentinos que habían sido seleccionados para este primer operativo de deportación masiva desde territorio estadounidense. El operativo generó confusión entre los familiares, quienes aguardaban en la zona de arribos internacionales sin ser notificados del cambio de protocolo. Sin aviso previo, los deportados fueron trasladados directamente al sector FBO, una terminal privada del aeropuerto. Allí se realizaron los trámites migratorios y fueron entregadas las pertenencias personales en bolsas plásticas blancas. Quienes no tenían familiares presentes fueron subidos a vehículos oficiales. Entre los deportados se encuentran personas con residencia prolongada en Estados Unidos, hijos nacidos en ese país y permisos de trabajo vigentes. Uno de ellos relató que fue detenido mientras tramitaba la regularización de su situación migratoria. “Dejé allá mi trabajo, mi familia y a mis hijos. Fui detenido pese a tener permiso hasta 2030”, afirmó en diálogo con medios argentinos. Otro joven deportado, con familia en México, contó que pasó semanas bajo custodia tras ser detenido en la frontera y que fue identificado con brazalete azul, la categoría reservada para personas sin antecedentes criminales. Las causas de la deportación fueron variadas: vencimiento de visa, entradas irregulares, antecedentes menores o solicitudes de asilo rechazadas. En algunos casos, los familiares denunciaron que las expulsiones se produjeron pese a contar con documentación en regla o incluso ciudadanía en otros países. “Con la gestión anterior no pasaba. Tener un hijo ciudadano pesaba más que un antecedente. Ahora es todo lo contrario”, expresó la madre de uno de los deportados. El operativo se realizó en un clima de hermetismo total. No hubo acompañamiento institucional del Estado argentino, lo que generó malestar entre familiares y organismos de derechos humanos. Algunos reclamaron la ausencia de asistencia consular durante el proceso y denunciaron falta de información sobre el estado de sus seres queridos. “No nos dieron ayuda, ni dinero, ni contención. Nada”, señaló uno de los repatriados. Varios deportados expresaron su rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, a las que calificaron como arbitrarias y discriminatorias. “Es racismo puro”, denunció uno de los pasajeros al llegar a Buenos Aires. Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, más de 150.000 personas han sido deportadas por Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder. La lista de los diez ciudadanos argentinos incluidos en este primer vuelo fue confirmada por medios locales. Entre ellos se encuentran Luciana Lopresti, Daniel Céspedes, Maximiliano García, Mario Robles y Marcos Ontivero. Algunos pasaron semanas detenidos en centros ubicados en zonas alejadas, bajo condiciones restrictivas y con contacto limitado con el exterior. El Gobierno de Javier Milei no ha emitido declaraciones oficiales ni desplegado protocolos de asistencia o acompañamiento, hasta el momento. Fuente: TeleSUR

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Nepal: Caos total por la rebelión de la «Generación Z» en defensa de las redes sociales

Las protestas de los jóvenes estallaron cuando el gobierno pretendió controlar las plataformas, en medio de un clima de indignación por la corrupción. El primer ministro renunció. Ya hay decenas de muertos, edificios incendiados y ataques a funcionarios. Por Gabriel Michi Fue un cóctel letal en el Himalaya. Graves denuncias de corrupción, una dirigencia política impopular, escandalosos privilegios de los poderosos y sus hijos, intento por controlar y censurar las redes sociales y una particular segregación de los jóvenes y vastos sectores sociales. Y la bomba explotó en Nepal. Las consecuencias fueron letales, con decenas de muertos por la represión, incendio de edificios oficiales, comerciales y particulares, ataques contra ministros y funcionarios y hasta la caída den un gobierno. La rebelión de la «Generación Z» fue tan fuerte -y lo sigue siendo- que nadie sabe dónde puede terminar. Pero es claro que estos jóvenes se enfurecieron cuando las autoridades pretendieron limitar las redes sociales, las mismas donde se notaba el creciente malhumor de la sociedad y se multiplicaban las denuncias en su contra. Allí ese sector salió a la calle y se despertó una verdadera revolución. Pese a que el primer ministro de Nepal,  Khadga Prasad Oli, dimitió el martes -renuncia que fue aceptada por el presidente Ram Chandra Poudel– nada parece calmar la bronca extendida desde que el gobierno anunció una prohibición de corta duración de las redes sociales. Las protestas fueron subiendo de volumen, volviéndose cada vez más violentas, y se extendieron por distintos lugares contra la élite política del país. Fueron decenas de miles de personas las que se sumaron. En poco tiempo los manifestantes ganaron las calles, incendiaron hasta el «Palacio de Gobierno«, golpearon a un ex primer ministro y su familia (antes de quemar su casa), persiguieron al ministro de Finanzas a los golpes por un río y destruyeron un canal de televisión, entre otros hechos de violencia, Las carreteras fueron bloqueadas y en el aeropuerto de alistaron decenas de helicópteros en los que los funcionarios buscaban huir de un Nepal estallado. La furia explotó el lunes cuando las protestas lideradas por jóvenes enojados por el bloqueo de varios sitios de redes sociales tomaron Katmandú, la capital del país, y la Policía abrió fuego contra la multitud, matando en un principio a 19 personas. Luego la cifra de muertos superaría los 25. Y los heridos se contaban por decenas. Pese a que el gobierno levantó la prohibición sobre las redes sociales, el clima de ebullición continuó, como también los enfrentamientos en las calles. Y es que la cantidad de víctimas por la represión no hizo más que lanzar más combustible al fuego. El Ejército emitió un comunicado llamando a la calma e instando al diálogo político, algo que aún parece inviable. Las manifestaciones, llamadas la protesta de la «Generación Z«, comenzaron después de que el gobierno bloqueara plataformas, incluidas Facebook, X y YouTube, afirmando que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión gubernamental. TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y han operado sin interrupción. Sin embargo, todo eso fue entendido como un pretexto para frenar y controlar las denuncias y el descontento social que crecían contra el gobierno. La medida generó un enojo feroz entre los más jóvenes no sólo por ser quienes más usan esos medios de comunicación sino viven con gran indignación los privilegios de los hijos de líderes políticos —los llamados «Nepo Kids»— que disfrutan y ostentan un estilo de vida lujoso y numerosas ventajas, mientras que la mayoría de los jóvenes lucha por encontrar trabajo: el desempleo juvenil alcanzó el 20% el año pasado (según el Banco Mundial) y hay datos que señalan que cada día más de 2.000 jóvenes abandonan el país para buscar trabajo en Oriente Medio o el Sudeste Asiático. Entre las imágenes que se viralizaron de los incidentes de ve a manifestantes golpeando al líder del Partido del Congreso Nepalés -el más grande del país, que forma parte de la coalición gobernante-, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, actual ministra de Asuntos Exteriores. Las imágenes los mostraban sangrando mientras recibían golpes arrinconados, hasta que lograron ponerlos a salvo. Entre los edificios oficiales incendiados, además del palacio presidencial, figuran la residencia del primer ministro y un edificio que alberga las oficinas del primer ministro y varios ministerios. Previamente, la residencia privada del renunciado Oli fue incendiada, al igual que las del presidente, el ministro del Interior y los Deubas. La casa del líder del opositor Partido Comunista de Nepal (Maoísta) también quemada. Parte de la letal represión policial se dio en las afueras del edificio del Parlamento, cuando los manifestantes rodearon el edificio legislativo. Varios de los fallecidos y decenas de heridos fueron trasladados al Centro Nacional de Trauma, el principal hospital del país. “Muchos de ellos se encuentran en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, dijo el Badri Risa, médico del hospital. Antes de renunciar, el ex primer ministro Khadga Prasad Oli dijo que formaría un comité de investigación que presentaría un informe sobre el tiroteo en 15 días. Y agregó que se dará compensación a las familias de los muertos y que los heridos recibirán tratamiento gratuito. Sin embargo, todo eso llegó muy tarde. Y tuvo que renunciar. Tras su caída, muchos jóvenes en las redes sociales comenzaron a agitar un nombre para remplazarlo: Balendra Shah (35), un ex rapero y compositor que se convirtió en alcalde de Katmandú desde 2022 después de una campaña para limpiar las calles y vías fluviales de la ciudad. Tras las muertes en las protestas del lunes, Shah describió a Oli como un «terrorista» que no entendía el «dolor de perder a un hijo o una hija». El martes, tras la dimisión del primer ministro, el alcalde instó a sus casi 784.000 seguidores en Instagram a mantener la calma. «Querida ‘Generación Z’, ¡la renuncia de sus acosadores políticos ya ha llegado! Les pido paciencia. ¡Ustedes y nosotros necesitamos moderación! ¡Ahora su

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Juicio a Bolsonaro: dos jueces votaron a favor de condenarlo por intento de golpe de Estado contra Lula

Los magistrados Alexander de Moraes y Flávio Dino se expresaron a favor de declarar culpable al expresidente. Resta aún la decisión de los otros tres jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, que se conocerá en los próximos días. El veredicto está previsto para el viernes. El magistrado Flávio Dino votó a favor de declarar culpable al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro en el juicio que se le está llevando adelante por el intento de golpe de Estado a Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, lo que representa un respaldo al juez Alexandre de Moraes. Con su voto, Dino se une a la postura de De Moraes, al argumentar que el líder ultraderechista es responsable de conspirar contra el régimen democrático. Esta declaración eleva a dos los votos a favor de la condena de Bolsonaro y otros siete acusados dentro de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, que necesita cinco votos a favor para emitir una sentencia. La acusación, liderada por la Fiscalía, sostiene que Bolsonaro y sus colaboradores, que incluían a exministros y figuras militares, urdieron un plan para impedir la asunción de Lula tras su victoria en las elecciones de 2022. La trama, según el análisis de Dino, se basó en una serie de acciones violentas e intimidatorias que buscaron subvertir el orden democrático. Al describir la tensa situación política que siguió a la derrota electoral de Bolsonaro, Dino enfatizó la gravedad de los hechos: «Hubo violencia y grave amenaza». El magistrado hizo referencia a los bloqueos de carreteras, los ataques frustrados por la policía y, en especial, a los campamentos de activistas de ultraderecha instalados frente a cuarteles del Ejército, exigiendo una intervención militar para evitar la investidura de Lula. Para reforzar su punto sobre la naturaleza de estos campamentos y la intención de sus promotores, Dino sentenció: «Esos campamentos no estaban frente a iglesias, sino en la puerta de cuarteles, donde hay fusiles, ametralladoras y tanques». Según el análisis de Dino, Bolsonaro fue la «figura dominante» de una «organización criminal» y tenía «control sobre todos los hechos». A su juicio, los demás acusados tuvieron una participación secundaria en la trama, por lo que sugirió que sus eventuales penas sean más leves en comparación con las del exmandatario. La Fiscalía, de hecho, señaló a Bolsonaro como el líder de la conspiración. Las defensas de los acusados intentaron invalidar el proceso alegando «parcialidad», pero la Primera Sala del Supremo, de forma unánime, rechazó estos argumentos. A medida que el juicio avanza, se espera que las audiencias continúen para que los magistrados Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin emitan sus votos, y el veredicto final se conozca en los próximos días. Con un veredicto previsto para el viernes, las penas se definirán de forma individual, con base en el grado de participación de cada acusado en el complot golpista. Se espera que las sanciones más severas recaigan sobre Bolsonaro, considerado el principal artífice de la conspiración, cuyo complot, de acuerdo con la Fiscalía, se gestó desde 2021 y se intensificó tras su derrota en las urnas de octubre de 2022. Fuente: C5N

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Habilitarán albergue temporal para migrantes en la Terminal de Buses La Paz

Ante las bajas temperaturas registradas en la sede de gobierno, la Alcaldía de La Paz informó este miércoles que se prevé habilitar el albergue temporal para migrantes en la Terminal de Buses de La Paz el 3 de junio. “El Alcalde a dispuesto la apertura del albergue para el primero de junio, está destinada para 150 personas preferentemente niños y mujeres, van a tener desayuno y cena en el albergue. Solamente es para personas migrantes temporales”, informó el administrador de la Terminal de Buses de La Paz, Américo Gemio. Gemio explicó que el albergue temporal es solo para migrantes e indicó que a las personas en situación de calle la Secretaría Municipal de Educación y Desarrollo Social les ofrece otro tratamiento. “Es más no quieren entrar al albergue por los horarios que nosotros tenemos, los horarios que tenemos no coinciden con los horarios que ellos desempeñan sus actividades”, dijo. Según la información edil el albergue temporal para migrantes estará disponible a partir de las 18:00 de la tarde y podrán ingresar hasta las 21:00 de la noche. “A esa hora cerramos y abrimos a las seis de la mañana”, explicó Gemio. Al destacar que si se registran más personas se dispondrá un albergue adicional. A partir del 3 de junio  podrán ingresar desde las 18:00 hasta las 21:00. FUENTE: AMUN

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Más de 280 millones de migrantes marcan el movimiento mundial del siglo XXI

MIAMI.- Según la estimación más recientes en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial lo que representa un aumento significativo en las últimas décadas. Habrá altos flujos migratorios que marcarán definitivamente el siglo XXI, de acuerdo con la Organización Mundial para las Migraciones. El informe 2024 fue presentado en el evento “Diálogo Internacional sobre las Migraciones” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que forma parte del Sistema de las Naciones Unidas. Durante dos días varios panelistas abordaron las vías de la migración regular para aprovechar el potencial de este movimiento humano en donde se busca cambiar el enfoque o paradigma de este fenómeno. Aunque en el informe se trabaja sobre la base de décadas, los números preliminares señalan que Europa y Asia tenían en 2022 alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. Les sigue América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 21% de la población mundial de migrantes, África, con el 9%, América Latina y el Caribe, con el 5%, y Oceanía, con el 3%. Para la OIM en América del Norte predomina la inmigración desde otras regiones, siendo Estados Unidos de América como el principal país de destino. Más adelante especificó que “en Estados Unidos de América el número de personas nacidas en el extranjero que residen en el país se ha cuadriplicado con creces pasando de menos de 12 millones en 1970 a 51 millones en 2020”. Una vez se consoliden las cifras de la migración neta de 2023 y 2024 otra realidad se mostrará por el incremento de la migración en este período, dejaron ver los participantes. Pero el crecimiento global más marcado se da entre 2000 y 2020. Europa experimentó el segundo crecimiento más alto durante este período, con un aumento de 30 millones en el número de migrantes internacionales, seguida de América del Norte con un aumento de 18,3 millones (al pasar de 40,4 millones a 58,7 millones en 20 años). Fueron esbozadas varias propuestas en el evento celebrado en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y las delegaciones se comprometieron para llevar a cabo las recomendaciones en sus respectivos países. Panel 1: Las vías de migración regular son esenciales para hacer realidad el potencial prometedor de la migración y afrontar los desafíos planteados a nivel mundial. El destino elegido, el modo de migrar y los resultados logrados dependen en gran medida de las opciones a disposición de los migrantes. La facilitación de vías de migración regular es uno de los objetivos fundamentales del Plan Estratégico de la OIM para el periodo 2024-2028. Panel II: El objetivo es suscitar el interés de más gobiernos para que se sumen a los esfuerzos mundiales por establecer, ampliar y reforzar vías de migración regular como elemento fundamental para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Panel III: Además de los retos políticos, económicos y sociales en zonas fronterizas suelen obstruir las actividades de desarrollo y dificultar las intervenciones de fomento de la resiliencia y la prosperidad en las comunidades fronterizas situadas en zonas de conflicto. La OIM otorga una preeminencia cada vez mayor al fortalecimiento de los enfoques de gobernanza de las fronteras de los Estados Miembros y de sus Gobiernos para que sean más inclusivos y permitan lograr movimientos transfronterizos más seguros y reducir la migración irregular. FUENTE: OIM /REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS

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Corte bloquea una ley de Florida que castiga a quien transporte migrantes indocumentados

Miami, 22 may (EFE).- Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la implementación de una polémica ley en Florida que castiga el transporte de migrantes indocumentados hasta que resuelva la demanda de grupos civiles que la consideran inconstitucional. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Florida, una de las demandantes, informó del fallo y precisó que la corte bloqueó específicamente la sección 10 de la ley SB-1718. La demanda, presentada a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y de varias personas afectadas, critica que esta sección ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar migrantes indocumentados. Detalla que estos castigos incluyen actos tan simples como conducir a un miembro de la familia a una cita con el médico o a unas vacaciones familiares. La ley, impulsada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, requiere además que los hospitales incluyan preguntas sobre el estatus migratorio del paciente. La abogada de ACLU Amien Kacou dijo que la de hoy es una victoria contra la “avalancha de leyes y políticas antiinmigrantes” en Florida, que perjudican tanto a ciudadanos y no ciudadanos. “Esta orden reconoce el daño irreparable que la SB-1718 está causando a los inmigrantes, las familias y sus comunidades al usurpar inconstitucionalmente los poderes del gobierno federal para someterlos a castigos penales crueles sin previo aviso justo”, indicó. Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, dijo que el tribunal reconoció el daño que causa la medida. Aplaudió que por ahora no puede usarse esta ley “para criminalizar a nuestros clientes o a la comunidad en general por transportar a familiares, amigos o compañeros de trabajo”. Para Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración, este fallo significa libertad frente al miedo y mayor seguridad para las familias y comunidades minoritarias en Florida. “A medida que los estados de todo el país aprueban cada vez más leyes injustas e inconstitucionales que afectan a las personas debido a su estatus migratorio, es fundamental que nuestros tribunales establezcan un precedente para proteger a estas familias en riesgo”, dijo. “Esta ley es inconstitucional y pone a nuestros demandantes, a los miembros del FWAF y a la comunidad inmigrante en riesgo de arresto, procesamiento, detención obligatoria y separación familiar”, indicó Anne Janet Hernandez, abogada del Southern Poverty Law Center, otro de los demandantes.

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Policía expulsa a migrantes de plaza en París antes de Juegos Olímpicos

PARÍS (AP) — La policía francesa despejó el miércoles a docenas de migrantes, incluso familias con niños, de la plaza frente al Ayuntamiento de París, en momentos en que la capital se prepara a marcar la cuenta regresiva de 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos. La policía llegó de madrugada para sacar a unas 50 personas, en su mayoría mujeres y niños de entre 3 meses y 10 años, que estaban en autos, bajo cobijas o láminas de plástico para protegerse de la lluvia cuando dormían en la plaza. Los migrantes recogieron sus pertenencias y abordaron un autobús hacia un alojamiento organizado por el gobierno local en el pueblo de Besançon en el este de Francia. Trabajadores asistenciales temen que la medida sea el comienzo de un operativo más amplio para expulsar a migrantes y a otras personas que están durmiendo en la calle, antes del inicio de las justas olímpicas de verano, sin dar alojamiento más a largo plazo. “Están allanando el camino para los Juegos Olímpicos”, dijo Yann Manzi, miembro del grupo asistencial Utopia 56, a The Associated Press durante el operativo del miércoles. “Lo que está pasando no es menos que una profilaxis social de la ciudad”. Los organizadores de París 2024 dicen que están consultando con los grupos de ayuda para hallar soluciones para las personas sin hogar, incluyendo muchos que vienen de distintas partes del mundo buscando refugio o empleo. Muchas de las familias provienen de países africanos francófonos, como Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil y Senegal. Duermen debajo de la fachada de un monumento de París por días, semanas o algunos desde hace meses. Grupos de ayuda como Utopia 56 reparten comida, cobijas y pañales y les han conseguido a algunos de ellos alojamiento por una noche o dos. Fatoumata, una mujer de Guinea, lleva un mes durmiendo en las calles de París con sus dos hijos, de 3 meses y 3 años de edad. “Esto no es manera de vivir, es agotador”, dijo Fatoumata, al lado de sus niños. Abordó el autobús con la esperanza de la vida será más fácil fuera de la capital. “Nos dijeron que vamos para la provincia, que es mejor que dormir en la calle con los niños”, dijo Fatoumata, quien habló a condición de no usar su nombre completo porque no tiene papeles de residencia. Las Olimpiadas de París serán del 26 de julio al 11 de agosto, seguidas por los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre. Fuente: Santa Maria Times

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