Economía

Álvaro Tapia Claros asume como Viceministro de Política Tributaria

19 de diciembre de 2025 El Ministro de Economía y Finanzas Públicas posesionó a Álvaro Fernando Tapia Claros como Viceministro de Política Tributaria, quien asume esta responsabilidad con el compromiso de impulsar una transformación profunda del sistema tributario boliviano. El objetivo es claro: dejar atrás el “infierno tributario” que ha castigado a los contribuyentes, simplificar los procesos, ampliar la base de contribuyentes y brindar certidumbre a la ciudadanía, a los productores y a los profesionales independientes. Mediante el Decreto Supremo 5503, se avanza en medidas concretas como la facilitación tributaria, el perdonazo, el reconocimiento del crédito fiscal para productos Hecho en Bolivia y la formalización de la economía, bajo un enfoque justo, transparente y responsable, dijo el ministro.

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DS 5503 bajo análisis: inconsistencias técnicas, impacto social y beneficios económicos en debate

19 de diciembre de 2025 El Decreto Supremo 5503, que introduce cambios en la política de combustibles e incentivos a la inversión, es cuestionado por inconsistencias técnicas y por su impacto económico y social, según un análisis de especialistas. Un análisis detallado del Decreto Supremo 5503, publicado el 17 de diciembre en la Gaceta Oficial de Bolivia, revela múltiples inconsistencias técnicas, ausencia de documentos fundamentales y una distribución asimétrica de beneficios y costos económicos que favorece al sector financiero y grandes empresas mientras recarga la crisis sobre trabajadores y jubilados. Además, el decreto deja sin atender el problema central de la economía boliviana —la escasez de dólares— y descarta alternativas de política económica que podrían haber aliviado la crisis sin golpeartan duramente a los sectores populares. La delegación llegó a Bolivia el 15 de diciembre para “realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión”. Dos días después se publicó el DS 5503 con disposiciones sobre inversión extranjera que incluyen términos en inglés como “Fast Track”. “Es el litio, el gas, el petróleo, la energía hidroeléctrica, el agronegocio, las aguas dulces de Bolivia, lo que vía Fast Track e incentivos para inversiones está en la mira de la entrega”, dice Gálvez. El decreto presenta múltiples errores de redacción que evidencian improvisación en su elaboración. El artículo 58 hace referencia a “la presente Ley”, cuando el instrumento es un decreto supremo. El artículo 119-II remite a un artículo 124 que no existe en ninguna parte del documento. Los artículos 106 y 111 repiten textualmente la misma disposición sobre el salario mínimo, en un error de duplicación que sugiere falta de coordinación.

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La gasolina costará Bs 6,96 el litro: este será el nuevo precio de los carburantes

El ministro Mauricio Medinaceli explicó que los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de la publicación de un decreto supremo que fue anunciado por el presidente Rodrigo Paz la noche de este miércoles. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció los nuevos precios a los hidrocarburos, incluidos el diésel y la gasolina: Gasolina especial: 6.96 bolivianos por litro Diésel oil, 9.80 bolivianos por litro Gasolina premium, 11 bolivianos por litro Gasolina de aviación, 10.57 bolivianos por litro Kerosene, 5.64 bolivianos por litro Jet Fuel, 10.74 bolivianos por litro gasoil, 5.69 bolivianos por litro GLP: no cambia, se mantiene Bs 22.5 bolivianos la garrafa, GNV (gas natural vehicular): 2.73 bolivianos por metro cúbico. El Ministro de Hidrocarburos adelantó que los nuevos precios de los combustibles se aplicarán desde la publicación del decreto supremo en la Gaceta Oficial de Bolivia.

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Hallan cerca de medio millón de dólares escondidos en un bus que ingresaba a Chile proveniente de Bolivia

El dinero estaba cubierto y escondido en el mecanismo de ventilación del bus. Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile hallaron cerca de medio millón de dólares y lo entregaron a Carabineros para que procesada con la investigación del caso. Según la Aduana de Chile, entre enero y junio ejecutó “57 procedimientos por la no declaración de dinero en frontera, reteniendo $us 2.362.900”. Este nuevo caso se descubrió en el paso fronterizo Chungará, en la Región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile, “durante la revisión habitual de un bus que ingresaba a Chile desde Bolivia”. “Funcionarios de la Aduana Regional de Arica se percataron que tras unas rejillas se observaban bultos extraños. Al abrir el sistema de aire acondicionado del vehículo los fiscalizadores hallaron siete paquetes rectangulares de color negro”, reseña el informe de la Aduana chilena. “Tras examinar cada uno de ellos, quedó al descubierto el millonario contrabando: $us 482.900 en billetes de 100 dólares y $us 7.100 en billetes de 50 dólares”, se añade. En la entrevista, los funcionarios “determinaron que el dinero era transportado por la auxiliar del bus”, es decir, por la ayudante que tenía el motorizado de transporte público. “Los análisis de riesgo, en este caso, se enfocan en el posible intento de lavar activos por parte del crimen organizado, dadas las elevadas sumas de dinero en efectivo que hemos detectado”, explicó el Director de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón Contreras. Comercio Se conoce que los comerciantes se dirigen a la región norte de Chile para adquirir productos en las zonas francas y luego internarlos a Bolivia por la vía legal o por pasos no autorizados para vitar el pago de tributos. En Bolivia, la frontera con Chile es considerada “zona roja” para el contrabando de mercancías. El dinero fue retenido y los funcionarios informaron a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para continuar con las investigaciones. Además, el dinero fue entregado bajo cadena de custodia a Carabineros. La ley chilena 21.632 especifica que se está en presencia del delito de contrabando de dinero, cuando las personas tratan de ingresar o sacar del país sin declarar más de 10 mil dólares en efectivo, su equivalente en otras monedas o instrumentos negociables.

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Dirigente panificador: No nos estamos aprovechando, mostramos la realidad

El dirigente de Conapabol dijo que durante 15 años estaban “sometidos a la subvención para mantener el precio del pan”. Considera que el costo del producto no volverá a bajar. El dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol) Everth Baltazar aseguró este domingo que su sector no se está aprovechando de la población al vender el pan de batalla a Bs 0,80, sino que “está mostrando la realidad”. En su criterio, el precio del pan se ha politizado y el Gobierno los está haciendo ver como “los malos” ante la población. “Nosotros no nos estamos aprovechando de la población, estamos demostrando la realidad que nos toca vivir”, argumentó. Baltazar consideró que la población ya está aceptando el nuevo precio del pan y pidió que se tome en cuenta la libre oferta y demanda y que sea la gente la que decida qué pan comprar. “Queremos que nos dejen trabajar tranquilos, el consumidor sabrá qué pan quiere comprar. Tampoco nosotros estamos exigiendo que haya subvención, ya hemos sido sometidos 15 años a la subvención y no nos cumplían, hasta ahora Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) tiene deudas”, acotó. Digitalización Aseguró que su sector no se opone a la digitalización de los panificadores como anunció el Gobierno, pero considera que esa lista debe ser administrada “por el Estado y mi sector”. “Nuestra hoja de costos lanza Bs 1,20 y nosotros viendo la situación álgida del país hemos decidido mediar este costo y vender a Bs 0,80. Nuestra hoja de costo tiene gran cantidad de ítems y fue aprobada por el anterior gobierno”, explicó Baltazar en radio Erbol. Reconoció que en los últimos días el precio de la harina bajó en el mercado interno; sin embargo, justificó que hay otros gastos que no varían como la licencia de funcionamiento y patentes, la mano de obra, la luz, el agua. Lea más: La Alcaldía de El Alto autoriza venta de pan a Bs 0,50 en plazas del Distrito 1 Subvención “Nos miran como los malos de la película por la nivelación del precio del pan, no hemos tocado el precio hace 15 años, con la subvención se trabajó con hoja de costos, se puede demostrar. Ellos (el anterior gobierno) han abierto la subvención a darnos además de harina otros insumos a precios preferenciales por la situación del país”, explicó. Reconoció que antes recibían insumos que no se usan en el pan de batalla, como la manteca, pero aseguró que ese producto lo utilizaban para elaborar pan variado. El dirigente dijo que entiende que debido a las irregularidades halladas en Emapa, el Gobierno está tardando en asumir decisiones, pero pidió a las autoridades que no hagan ver a todos los panificadores como corruptos. En su criterio es poco probable que el precio del pan vuelva a Bs 0,50 y dijo que, aunque hay panificadores independientes que están vendiendo a ese costo, considera que en unos días se “cansarán” y “nivelarán” el precio. Nivelación “Los independientes sí están haciendo pan a menor precio, pero no es en gran cantidad. Ellos hacen un pan de menor peso y venden a Bs 0,50, nosotros estamos vendiendo el pan de 60 gramos a Bs 0,80. Pero se van a cansar y tendrán que nivelar el precio”, aseguró. Anunció, además, que la siguiente semana enviarán una nota directamente al presidente Rodrigo Paz para solicitarle una reunión. Los panificadores rompieron el acuerdo con el Gobierno que levantó la subvención a la harina y otros insumos y elevaron el precio del pan de batalla de Bs 0,50 a Bs 0,80.

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Aprehenden a exfuncionario de YPFB por presunta corrupción en millonaria contratación

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió en las últimas horas a un exfuncionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigado por presuntos actos de corrupción vinculados a un proceso de contratación en Cochabamba. El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Kevin Fuentes Sempertegui, informó que la intervención se realizó en el municipio de Challapata, Oruro, donde se ejecutó el mandamiento emitido por el Ministerio Público. “En Oruro, en el municipio de Challapata, se procede a la ejecución del mandamiento de aprehensión fundamentada en contra del señor Luis Alberto G. V., quien era funcionario de YPFB y tenía el cargo de jefe de unidad de aseguramiento de la producción”, señaló. De acuerdo con la Fiscalía, el exservidor público, de 52 años, habría favorecido a una empresa adjudicataria del “Servicio de Catering” destinado al complejo Río Grande y a la Planta de Amoníaco y Urea en 2021. La contratación, que manejaba un presupuesto aproximado de Bs 17 millones, habría sido utilizada para beneficiar de manera irregular a terceros a cambio de depósitos económicos. Fuentes explicó que el acusado “habría participado como unidad solicitante y en diferentes etapas de un proceso de contratación específico”, y que durante ese periodo recibió montos de dinero de la empresa beneficiada y de otras personas, además de mostrar un incremento patrimonial que no pudo justificar. El exfuncionario es investigado por los delitos de negociaciones incompatibles, cohecho pasivo y uso indebido de influencias. Actualmente permanece en las celdas de la Felcc ubicadas en la Laguna Alalay, en Cochabamba, mientras el Ministerio Público ya presentó la imputación formal en su contra. Las oficinas de YPFB en Cochabamba fueron intervenidas el 1 de diciembre tras denuncias sobre cobros irregulares en procesos de licitación. En ese marco, la Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del acusado por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones. Fuente: Correo del Sur

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“La orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz”, matiza el ministro Oviedo

Según el ministro de Gobierno, el expresidente Luis Arce está siendo procesado por el caso Fondo Indígena, en el que se investiga un daño económico al estado que asciende a Bs 360 millones El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este miércoles que la aprehensión del expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora responde a una orden directa del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para profundizar la lucha contra la corrupción y esclarecer el millonario daño económico detectado en el caso Fondo Indígena. Según la autoridad de Gobierno, el perjuicio solo en este proceso asciende a Bs 360 millones, aunque investigaciones paralelas podrían elevar la cifra a más de $us 700 millones. Oviedo señaló que Arce fue detenido por la unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el marco de una investigación que se remonta a su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, etapa en la que formó parte del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc). Por este motivo, aclaró, el exmandatario no goza de juicio de responsabilidades y será procesado por la justicia ordinaria. “La orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz. No vamos a parar hasta dar con todos los autores del descalabro económico que vive el país”, remarcó el ministro en conferencia de prensa junto al viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. Oviedo detalló que Arce es investigado por los presuntos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Según el ministro, durante su gestión se habrían autorizado transferencias irregulares a cuentas particulares, además de la aprobación de proyectos “fantasmas o ejecutados a medias”, financiados con recursos del Fondioc. “Se autorizó el traspaso de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares y se aprobaron proyectos fantasmas. Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos”, dijo. Arce será procesado como exministro Consultado sobre el tipo de proceso que corresponde, Oviedo aclaró que los hechos investigados ocurrieron cuando Arce era ministro de Estado, por lo que no se activa un juicio de responsabilidades, sino un proceso penal común. “Los hechos datan de cuando Arce Catacora era ministro. La jurisdicción ordinaria es la encargada de proceder al juzgamiento. Los miembros del directorio que aprobaron estos proyectos y los beneficiarios de esos recursos también deberán responder ante la justicia”, aseguró. El ministro reiteró que las pruebas reunidas hasta el momento son concluyentes y que la aprehensión es solo el primer paso dentro de un proceso más amplio que podría alcanzar a más exautoridades y dirigentes. “El daño económico es gigantesco: 360 millones de bolivianos solo en este caso. Pero este es apenas uno de los múltiples hechos irregulares descubiertos. Vamos a llegar hasta el final”, subrayó Oviedo. Aunque evitó anticipar nuevas aprehensiones, confirmó que existen investigaciones abiertas relacionadas a otras operaciones del Fondo Indígena durante las gestiones del MAS. Fuente: El Deber

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Diputados tratarán este jueves tres contratos de préstamos millonarios y el PGE 2026

La Cámara de Diputados convoca a una sesión ordinaria para este jueves, 11 de diciembre, a fin de tratar tres contratos de préstamo y el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. En la sesión convocada para las 10.00 se prevé tratar el proyecto de ley 068, que aprueba el convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19. Se trata de 15.000.000.000 de yenes japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional Japón-JICA. El segundo proyecto de ley es la 069, sobre el contrato de préstamo para el programa de integración urbana: parque lineal para La Paz y El Alto. El monto es de 30.000.000 de dólares americanos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tercero es el contrato de préstamo para la liquidez en apoyo a la gestión económica por un monto de 550.000.000 de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Fuente: Los Tiempos

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ANH cancela más de seis mil tarjetas B-Sisa; halló carnés inexistentes y cargas injustificables

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha procedido a la inhabilitación de 6.398 tarjetas B-Sisa, que fueron observadas por temas como documentación irregular y volúmenes injustificables de carga de combustible. La directora de la ANH, Margot Ayala, indicó que se han encontrado casos de carnets «inexistentes», con los cuales se habían tramitado las tarjetas. «Hemos encontrado que hay carnets de identidad que no le pertenecen a nadie, porque ni siquiera tienen una numeración general. Entonces son irregularidades que se pueden identificar a simple vista», indicó. En cuanto a los volúmenes, indicó que existen casos de incremento exponencial de hasta 500% de carguío, lo cual no se puede justificar. La funcionaria aclaró, sin embargo, que si alguien se hubiera visto perjudicado con esta medida, puede seguir los conductos regulares y demostrar el incremento de su consumo. Explicó que estas 6.398 tarjetas representan 4,5 millones de litros mensuales de combustible y que su cancelación implica un ahorro de 50 millones de bolivianos mensuales. Ayala enfatizó que este es el resultado de una primera revisión, con base a criterios lógicos. «Durante los últimos 10 años nadie se ha dedicado a hacer este control a través de denuncias y de análisis de los datos que teníamos. Hemos tomado conocimiento de que estás tarjetas sean distribuidas de forma indiscriminada», manifestó a tiempo de recordar que dese 2015 se distribuyeron más de 29 mil de estos B-Sisa de consumo agropecuario. También la directora de la ANH llamó a la conciencia de quienes tiene estas tarjetas de B-Sisa. Indicó, por ejemplo, que su consumo real podría ser de 200 litros, pero aprovechan que su autorización es para 1.200 litros y adquirirían ese volumen para revender. Advirtió que eso es un delito. Fuente: Los Tiempos

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Gobierno de Rodrigo Paz anula pago por vacaciones no usadas y declara su uso “irrenunciable”

El presidente Rodrigo Paz y su gabinete aprobaron el 8 de diciembre un decreto supremo que cambia la política sobre vacaciones en el sector público. La norma declara que el uso de la vacación es “irrenunciable y obligatorio”, suspendiendo así la disposición del gobierno de Luis Arce que permitía el pago en efectivo por días no utilizados. El decreto modifica artículos del Estatuto del Funcionario Público y fundamenta la decisión en “los recursos públicos limitados” y en obligaciones heredadas que, según el Ejecutivo, dificultan asumir pagos adicionales. La medida específica que la compensación pecuniaria solo será válida en casos excepcionales, como fallecimiento del funcionario, extinción de la entidad, renuncia, destitución o mandatos judiciales. En esas situaciones, las instituciones deberán cancelar las vacaciones pendientes en un plazo máximo de 12 meses, sin requerir una solicitud del servidor público. El gobierno de Arce había instaurado en octubre, mediante el Decreto Supremo 5470, un plazo de 45 días para pagar vacaciones acumuladas. Esa disposición queda ahora sin efecto bajo la nueva política aprobada por la administración de Paz. Fuente: Correo del Sur

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