Justicia

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este lunes que cualquier denuncia seria debe presentarse ante el Ministerio Público lo contrario implica que solo se busca llegar a los medios de comunicación. “Eso es lo serio y responsable y no simplemente dejarlo en temas mediáticos, que no es la primera vez (que lo hacen) e imaginamos que continuarán haciéndolo”, dijo Alcón a propósito de una denuncia sobre un supuesto sobreprecio en la importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Explicó que el Gobierno está sujeto en forma permanente a la fiscalización y también actúa en el marco de la transparencia. Además, dijo, todos los procesos que ejecuta YPFB, una de las empresas más importantes del rubro en la región, se maneja también en el marco de la transparencia. Las exautoridades de Gobierno, Carlos Romero y Teresa Morales, denunciaron sobre un presunto sobreprecio de $us 700 millones en la importación de diésel por YPFB. ABI

 La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este lunes que el caso del vehículo robado en Chile que fue entregado al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) está en plena investigación y aseguró que se actuará conforme a normativa. “Se están haciendo las investigaciones, tanto desde la Policía Boliviana, del Ministerio de Gobierno, como también la Aduana Nacional, se tiene que actuar como corresponde a la normativa, aquello es algo que no vamos a permitir”, enfatizó la autoridad en conferencia de prensa. El 5 de mayo, Conamaq hizo la devolución del motorizado que recibieron -el 27 de marzo- en calidad de donación, tras conocer que el mismo tenía denuncia de robo en Chile. Mediante un comunicado oficial la Aduana Nacional y el Ministerio de Gobierno -el pasado viernes- aseveraron que se cumplieron con los procedimientos establecidos por la normativa vigente para solicitar la certificación del vehículo que se entregó al Conamaq. Remarcaron que la certificación otorgada por la Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), en enero de 2022, señalaba que el vehículo no registraba denuncia de robo, por lo cual se procedió a la disposición del mismo. Fue hasta el 10 de abril, tras la actualización de sistemas de Diprove interconectado con Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se reporta al motorizado como robado, con denuncia en la República de Chile. “El Ministerio de Gobierno y la Aduana Nacional expresan su preocupación por este hecho, por lo cual iniciarán una investigación minuciosa en Diprove y en las instancias de la ANB (Aduana) para determinar el origen del error de la información sobre el motorizado en cuestión y se procederá a las sanciones correspondientes con la severidad que amerita el caso”, se lee en el comunicado.

Ante el escándalo que destapó el caso del cura pederasta Alfonso Pedrajas en Bolivia, la Procuraduría General del Estado sugirió replantear la relación del Estado con la Iglesia Católica sobre la educación. Debemos “replantearnos las relaciones que tenemos con la Compañía de Jesús o la Iglesia Católica con relación a la educación. De una vez hay que hacerlo”, dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el procurador Wilfredo Chávez. En su criterio, eso que quiere decir que el Estado “de una vez haga su trabajo, una supervisión absoluta del Estado” de la educación y terminar con “este ciclo cerrado de dominio en la educación por parte de estos grupos y congregaciones” religiosas. “Ellos no pueden estar con un mini Estado o con un super Estado en la educación, viviendo y conviviendo (con pederastas), y permitiendo esto”, cuestionó Chávez. Memorias En un documento, “Memorias”, Pedrajas, fallecido en Bolivia en 2009, admitió que en su carrera pastoral cometió 85 violaciones en centros de educación administrados por la orden de Compañía de Jesús. Uno de los colegios que más víctimas tuvo fue el Juan XXIII de Cochabamba, donde trabajó el sacerdote. En La Paz, los colegios que rigió Pedrajas son San Ignacio y San Calixto, además de la Correccional de Menores. “Debería de una vez el Estado tomar acciones proactivas y poner fin a estos dominios que tiene la Iglesia, sobre todo la Compañía de Jesús, sobre los colegios”, dijo Chávez. Puede leer: Exjesuita revela que el cura Pedrajas cometía abusos sexuales junto a otros dos sacerdotes en Bolivia En su criterio, al menos 50 sacerdotes imparten la materia de Religión en el país. Recordó que Bolivia es un Estado laico y que los valores se inculcan en casa, no necesariamente en los colegios. “Es el momento de zanjar las aguas, como decía un abogado, el divortium aquarum; dividir entre el Estado y la educación en un concepto franco y abierto y, por otro lado, el rol de la Iglesia”, insistió el procurador. Caso Pedrajas El caso del cura pederasta apenas comienza. La Procuraduría del Estado se convirtió en parte querellante, como la Compañía de Jesús, que separó a ocho provinciales e instaló una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). En criterio de Chávez, las investigaciones se ampliarán por 60 días, considerando la “complejidad del caso”. Lamentó la posición de la jerarquía de la Iglesia Católica, que la semana pasada pidió perdón por el caso de Pedrajas y no politizar el asunto. Además, se prestó a colaborar en las investigaciones. “Todo es perdonable, no ha pasado en el país con las víctimas”, criticó Chávez. La mañana de este lunes, la Compañía de Jesús pidió a un exnovicio, Pedro Lima Salazar, presentar pruebas ante el Ministerio Público. Éste dijo que fue expulsado de la orden por denunciar casos de pederastia no solo de Pedrajas, sino de otros. Fuente: La Razón

Tras ser denunciado por violencia sexual, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, negó que hay cometido ese delito y acusó a la denunciante de extorsionarlo pidiendo dinero e ítems de trabajo. La semana pasada, una joven afirmó que era pareja de Quispe y denunció al Gobernador de agredirla física y sexualmente el pasado 31 de diciembre.  El Gobernador negó que la mujer haya sido su concubina, debido a que él tiene una pareja y familia. Negó que haya cometido el delito denunciado y afirmó que tiene la conciencia tranquila. Sin embargo, reconoció que este es un caso delicado, toda vez que se trata de la Ley 348. Quispe dijo que la denunciante es una exfuncionaria que fue alejada de un cargo y quiso volver a trabajar.  Acusó de extorsión a la exfuncionaria, porque la misma le habría pedido 300 mil bolivianos y cuatro ítems de trabajo a cambio de no hacer pública la denuncia. Como evidencia, el Gobernador divulgó un audio en que se escucha supuestamente la voz de la mujer.     En el audio, la voz femenina se queja de que le hacen perder el tiempo y que se debería entregar lo que había pedido de manera completa con frases como las siguientes: “no me interesa nada”,  “a las nueve quiere ver completo”, “quiero a las nueve sí o sí, y si no es a las nueve que se olvide”. En el audio, la voz femenina advierte que tenía conferencia de prensa y que “mañana va a explotar si no hay nada hasta las nueve”. “Yo sé que la justicia va a hacer las investigaciones necesarias, porque mi persona no se puede prestar eso. Yo de dónde voy a sacar los 300 mil”, dijo el Gobernador. Quispe consideró que se lo quiere perjudicar con esta denuncia, pero enfrentará este caso en la vía legal. Consideró que este caso afecta directamente a su familia. “Yo no soy delincuente, soy una persona que me he formado correctamente y estoy dando la cara usted, aunque afecte esto mucho a mi familia”, agregó. El director de la FELCV, Jhonny Vega, indicó que el caso se investiga en El Alto y que se hizo la valoración psicológica a la víctima. El proceso está en manos de la Fiscalía. Fuente: Erbol

La defensa de la concejala Claudia Flores, de Súmate, presentó este viernes una denuncia por acoso y violencia política contra el alcalde Manfred Reyes Villa, el concejal Diego Murillo y otros funcionarios por la vandalización que sufrió esta jornada su violencia por declaraciones en su contra como “traidora” y “tránsfuga” para que el “pueblo” se movilice. El abogado Ronald Orozco informó que la denuncia se presentó en el Tribunal Departamental Electoral (TDE) y además pidió garantías para las concejalas Claudia Flores y Daniela Cabrera, que desde el miércoles cuando fueron electas como secretaria y presidenta del Concejo Municipal con los votos del MAS. La denuncia se presentó contra el alcalde Manfred Reyes Villa, Mauricio Muñoz, Gustavo Camargo y Diego Murillo.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, presidido por José Luis Quiroga, determinó dictar cinco años de cárcel contra el exinspector de la Policía Boliviana, general Gary Omonte, por enriquecimiento ilícito. El caso data de 2017, cuando padres de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol), denunciaron la estafa de 50.000 dólares, que entregaron a cambio de la admisión de sus hijos. Los principales investigados por la estafa a los padres de los postulantes son Kuscaya Velasco, una mujer que se hacía pasar por policía, quien junto a su pareja y su hijo, ambos oficiales, afirmaban que tenían influencia con jefes policiales para lograr que los jóvenes sean admitidos, ese proceso aún continúa pendiente. Inicialmente, Omonte fue imputado dentro de ese caso, pero luego fue apartado y se abrió otro por legitimación de ganancias ilícitas. Fue en este segundo proceso que la noche del jueves los jueces Quiroga y Roxana Quintanilla emitieron su voto por la sentencia contra el exinspector de la Policía, en tanto que el juez Iván Perales emitió un voto disidente. El juicio también se dio contra un oficial que fue sentenciado a siete años de cárcel y Kuscaya Velasco, que, de acuerdo con el fallo judicial fue absuelta porque supuestamente demostró la legalidad de sus movimientos económicos. El fallo fue confirmado por el abogado del general Omonte, Alberto Morales, quien mencionó que el tribunal sólo dio lectura de la parte dispositiva y que la sentencia completa será leída el martes 9 de mayo, a las 14:00. Según fuentes oficiales de la Fiscalía, en el juicio se presentaron pruebas sobre los movimientos desproporcionales en las cuentas bancarias de los dos policías sentenciados ayer. Apelación de la defensa Sin embargo, la condena contra el general Omonte fue cuestionada, porque presuntamente no se tuvo acceso a los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y se cambió el delito por el cual fueron procesados. “Es un fallo ilegal injusto y prevaricador, es ilegal, porque en el tribunal modificaron hechos que no fueron expresados por la Fiscalía y hablaron de otros distintos y se cambió la tipificación del delito. El general Omonte fue acusado por legitimación de ganancias ilícitas y acabaron condenándolo, irregularmente, por enriquecimiento ilícito. Es un absurdo”, sostuvo Morales. En contacto con Página Siete, el jurista dijo que presume que Velasco fue absuelta porque no era servidora pública. Pero señaló que durante el juicio la Fiscalía no presentó una auditoría jurídica ni los informes de la UIF contra los policías, manifestó que, al contrario, esos reportes financieros favorecían a la defensa de Omonte, a la que le negaron las copias de los documentos. Página Siete

Por casi cuatro horas, el Superior Provincial en Bolivia de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, prestó su declaración este viernes en la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo en la investigación de los abusos sexuales cometidos por el padre Alfonso Pedrajas. “No debe quedar impune y muestra de ello es que estoy aquí, como pueden ver, haciendo todo lo que la justicia me pida”, dijo el religioso al salir de la Fiscalía. Mercado indicó que, en su declaración, brindó información desde cómo es la constitución de una orden religiosa hasta los pormenores que van a ayudar en un esclarecimiento. Evitó dar detalles, pero indicó que la información proporcionada fue completa. El caso se investiga en Cochabamba, puesto que los abusos del padre Pedrajas se dieron en su mayoría en el Colegio Juan XXIII en ese departamento. Se tomó la declaración de Mercado en La Paz en el marco de una cooperación entre fiscalías- Si bien manifestó que no debe existir impunidad, el padre Mercado también solicitó que la justicie preserve en “buen estado” a la Compañía de Jesús como institución. “El primer interés, no solo como provincial de los Jesuitas en Bolivia sino como ciudadano boliviano, es el esclarecimiento. Y, como en toda familia, también exijo a la justicia que pueda dejar un buen estado a lo que es la institución Compañía de Jesús, porque este es un caso que ciertamente consterna a todo el país, pero están aconteciendo muchas cosas buenas dentro de lo que es la obra Compañía de Jesús en Bolivia”, exhortó.Mercado ratificó que sea suspendido a ocho jesuitas para que se realice la investigación, aunque aclaró que ellos no tienen acusación directa. El caso se investiga después de que el periódico El País de España reveló el contenido del diario del padre Pedrajas, donde confesaba los abusos que había cometido en Bolivia y el encubrimiento que lo habría favorecido. El religioso estuvo en Bolivia desde 1960 y falleció en 2009. Fuente: Erbol

Molestas e indignadas, integrantes del colectivo Mujeres de Fuego llegaron hoy viernes hasta las puertas del Arzobispado de Cochabamba, ubicado en la avenida Heroínas, donde sentaron un plantón y pegaron letreros en los que demandan justicia para las más de 80 víctimas del cura pederasta Alfonso “Pica” Pedrajas. “¡Cuánta hipocresía! La Iglesia pide juicios por paredes pintadas, pero calla y sigue callando las violaciones que sus sacerdotes cometen. Eso se llama complicidad”, reza en uno de los letreros que fue colgado en puertas del Arzobispado, con estampas de manos con tinte rojo. Además de letreros, en los cuales también han demandado el cese de la impunidad de la Iglesia Católica, el colectivo Mujeres de Fuego pegó globos blancos. “Estamos protestando para que las víctimas sean escuchadas, para que este proceso sea investigado hasta el final, para que se dé con todos los responsables que sabían de estos hechos de violación y han tenido tiempo suficiente, décadas, para poder denunciar y no lo han hecho”, señaló Nivia Coca, representante del colectivo. Coca instó al Gobierno a “hacer su trabajo”, investigar los delitos, dar con todos los miembros cómplices de la Iglesia y reparar los daños ocasionados a las víctimas. DENUNCIAS Coca informó que existen víctimas del cura abusador que se contactaron con Mujeres de Fuego para denunciar; sin embargo, mantendrán en reserva el número de las mismas. Aseguró que incluso se trata de personas mayores. Fuente: Opinión

Erlan Ángel Condori Calle, el cadete que se encontraba hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva en la Clínica del Sur, despertó del coma este miércoles 4 de mayo, pudo reconocer a sus progenitores y logró mover sus brazos. La noticia fue confirmada a EL DEBER por el padre del uniformado, Hernán Condori, quien expresó su alegría por este hecho, ya que la salud de su hijo estaba comprometida ante el golpe contundente que recibió en la cabeza tras el ejercicio militar fallido denominado ‘salto de la muerte’ durante el aniversario del Colegio Militar. “Sí, pudo reconocer, mi hijo vocalizó algunas palabras, ha realizado algunos movimientos de sus brazos”, contó en entrevista con El Deber. Condori manifestó que su hijo ya no se encuentra sedado, pero permanece intubado y todavía no pudo mover las extremidades inferiores. Afirmó que la recuperación del cadete avanza lento, y que en ese sentido continuará junto a su esposa en la clínica, a la espera de conocer un informe médico ampliado. En cuanto a la salud del segundo cadete que resultó herido, Christian Alexander López, su salud presenta una evolución positiva, también fue intervenido con una cirugía en sus piernas y columna, según el parte médico. Sin embargo, también continuará en la sala de UTI. Ambos cadetes resultaron gravemente heridos la mañana del martes 18 de abril, durante el aniversario 132 del Colegio Militar de La Paz, en el ejercicio fallido de el ‘salto de la muerte’. Por este caso, dos militares fueron enviados con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por el lapso de cuatro meses. Se trata del instructor en grado de teniente del Ejército, Juan José Patzi, y del capitán Manfred Herrera, encargado del Arma de Ingeniería.  El Deber