Justicia

El ciudadano Pedro F. S. de 38 años de edad fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por acabar con la vida de su pareja Delia M. M. de 41, por el delito de feminicidio, informó la fiscala departamental de Potosí, Roxana Choque. La sentencia fue dictada en una audiencia que se desarrolló en el juzgado del municipio de Cotagaita. “Durante la audiencia presentamos todas las pruebas colectadas en la etapa preliminar, como el informe de autopsia elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que determinó como causa de muerte anoxia cerebral, asfixia mecánica por compresión cervical externa a lazo y policontusa”, informó. El ciudadano reconoció haber cometido el delito y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por ello, la autoridad jurisdiccional determinó la sentencia, sostuvo Choque.

En las últimas horas se conoció que el exalcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, fugó del país. Tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, por no asistir a las audiencias de los casos mochilas II y designaciones ilegales. Leyes sigue los pasos del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, otro alcalde de una las ciudades principales del país que fuga de Bolivia para evitar a la justicia. Hace un mes el Ministerio Público informó que ya se activó el sello azul, a través de Interpol, contra Revilla para dar con su ubicación dentro del caso PumaKatari, donde se investiga la adquisición de 61 buses municipales con presunto sobreprecio, informó el fiscal del caso Thomás Choque.  Con respecto a Leyes, la información fue confirmada por su abogado defensor, Patricio Vargas, quien recibió una llamada de la exautoridad indicándole que ya no está en Bolivia. La fiscal departamental, Nuria Gonzales, afirmó en pasados días que se emitió mandamiento de aprehensión en contra de Leyes, y que se habilitó el sello rojo, lo que permitiría controlar el flujo migratorio. Pese a esta acción, la exautoridad salió de Bolivia. La Alcaldía dio a conocer que le informaron que desde enero pasado Leyes ya no se presentó a colocar su firma digital ante la Fiscalía de ese municipio. La jefa jurídica del municipio cochabambino, Tatiana Neri, informó que el exalcalde contaba con cuatro arraigos a nivel nacional, y agregó que la comuna interpuso 16 procesos en su contra, los cuales están en distintas etapas. Leyes tenía tres audiencias fijadas para los siguientes días. El 15 de abril debía declarar por el arma de fuego encontrada en su casa. El 17 por el caso mochilas II, que había sido reprogramada, y el 19 tenía la audiencia por el caso de nombramientos ilegales. Fuente: Erbol y Abya Yala

La Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Raúl C.C. de 30 años de edad, es autor del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente cometido en contra de una menor de 12 años, por ello, el Tribunal de Sentencia N° 3 de la capital dictó 20 años de presidio que deberá cumplir en el penal de El Abra. “En la audiencia presentamos todas las pruebas colectadas como el certificado médico forense que da cuenta de la violación que sufrió la niña, el informe psicológico y social, declaraciones testificales, entre otros elementos que fueron valorados por los miembros del Tribunal que determinó la sentencia para el agresor”, dijo Gonzáles. El Fiscal de Materia, Raúl Arze, señaló que la menor de 12 años conoció a Raúl el 2021, en la zona sud del municipio de Cercado, donde el hombre trabajaba como chofer de trufi y la transportaba hasta su unidad educativa, poco a poco el hombre se ganó su amistad hasta que en una ocasión, el sujeto la recogió de su colegio y la llevó a su cuarto donde intentó agredirla sexualmente, pero la víctima logró escapar. Según los antecedentes investigativos, a fines del mes de junio del 2022, la víctima se comunicó con el sujeto para reclamarle por mentiras que él habría dicho a sus amigos del colegio, en esas circunstancias el hombre la citó para hablar en persona y la recogió en su trufi, después la llevó a su cuarto donde la violó. después del hecho, la menor se dirigió a su casa y le contó a sus padres lo sucedido, después comunicaron el hecho a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para que se promueva la denuncia ante el Ministerio Público. Fuente: FGE

Los movimientos sociales de Cochabamba recibieron con  “decepción la leve condena” que la justicia dictó para tres miembros del grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala (RJC), aseguró el dirigente Franco García. “Seis años para quienes asediaron y causaron destrozos a bienes del Estado, atemorizaron y generaron violencia hacia la población civil, a indígenas y mujeres de pollera es, lastimosamente, muy poco, leve, decepcionante”, indicó el dirigente a la estatal Bolivia Tv. García adelantó que pedirán la revisión de la sentencia para que se amplíe la condena para ese “peligroso grupo” que operó entre 2019 y 2020 al amparo del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el régimen de facto de Jeanine Áñez. La Fiscalía General del Estado señaló que la sentencia dictada el miércoles en la Capital boliviana contra los principales cabecillas de la RJC contribuye al cumplimiento de la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El GIEI, en su informe sobre los hechos violentos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, calificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista como grupos parapoliciales violentos y recomendó al Estado boliviano su desarticulación para evitar más acciones y vulneraciones de derechos humanos en el país. El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, dijo que en el juicio oral la Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción “demostró con pruebas contundentes” que Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé son autores de los delitos de tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando, de manera violenta, asediaron el edificio de la Fiscalía General del Estado. “Por ello, el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital dictó sentencia de seis años de cárcel a cumplir en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre”, indicó a la prensa. El grupo parapolicial, mandado por Arturo Murillo —quien pidió públicamente la dimisión del Fiscal General, Juan Lanchipa— llegó armado a la ciudad de Sucre el año 2020 con la finalidad de forzar de manera violenta, precisamente, la renuncia de esa autoridad. En ese objetivo, sus miembros asediaron y causaron destrozos al inmueble, considerado patrimonio de Sucre, atemorizaron y generaron zozobra en la población civil y amenazaron a los servidores públicos de la institución. Con esos antecedentes, durante el juicio oral, dijo Nava, el Ministerio Público presentó 101 pruebas documentales y 11 testificales con las que sustentó la acusación fiscal y demostró la autoría de los involucrados ante la autoridad jurisdiccional. Los también acusados Milena Soto y Mario S.S. y Ayda R. L.T. fueron absueltos. Soto fue absuelta porque demostró que no estaba en Sucre cuando ocurrieron los hechos de violencia, mientras que en los dos casos restantes no se tienen las suficientes pruebas.

El Ministerio Público admitió la denuncia de empresarios privados por presunta extorsión a hoteleros de parte de comunarios de Colchani, Uyuni. La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, confirmó que se inició una investigación sobre el pedido de “regalías” a los propietarios de tres hoteles del Salar de Uyuni. “Se ha dado curso a la denuncia presentada. Nosotros no manejamos nombres por respeto a la presunción de inocencia. Seguramente a medida que avance la investigación se irá identificando a los responsables”, dijo. La investigación apunta a comunarios y autoridades originarias de Colchani, que la semana pasada bloquearon el acceso a tres hoteles del Uyuni. Choque informó que la denuncia fue presentada por uno de los afectados y se investigará una presunta extorsión, obstaculización e impedimento de trabajo. Asimismo, el presidente de la comisión de Tierra y Territorio del Concejo Municipal de Uyuni, Limbert Choque, dijo que se conformará una comisión para investigar el caso. Uyuni El jueves pasado, comunarios de Colchani bloquearon el acceso a tres hoteles del Salar de Uyuni exigiendo el pago de “regalías” porque ocupan territorio de la comunidad. Exigían que los dueños paguen al menos $us 15.000 anuales. Amenazaron con quemar las infraestructuras. La Cámara Hotelera de Bolivia (CHB) denunció una “flagrante extorsión” a los hoteleros. El presidente de la institución, Luis Ampuero, exigió al Gobierno que aplique sanciones urgentes. Mientras que la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de líneas aéreas y representantes de las agencias de viajes y turismo rechazaron unánimemente el asedio a los hoteles de Uyuni. Exigen al Gobierno asumir acciones y sanciones a quienes actúan al margen de la ley. Al respecto, el Gobierno pidió a los comunarios de Colchani y hoteleros en el salar de Uyuni, cumplir con los acuerdos suscritos entre ambas partes sobre el pago de recursos convenidos. La viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, dijo que el acuerdo entre las partes data de 2019. Acotó que, ante su incumplimiento por una de las partes, ésta puede acudir a las instancias competentes. Fuente: La Razón

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde su detención en el penal de Chonchocoro, debe declarar este viernes ante la Fiscalía por el presunto pacto que su padre, José Luis Camacho, cerró con policías y militares durante la crisis de noviembre de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Una comisión de la fiscalía especializada anticorrupción se trasladará hasta el penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, para recibir a las 14:00 la declaración ampliatoria del sindicado, informó el abogado Martín Camacho. Camacho es uno de los principales acusados en la denuncia denominada Golpe de Estado I. Es investigado por cohecho activo, terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación pública a delinquir, asociación delictuosa y seducción de tropas, según se lee en la orden fiscal de citación para su declaración. El caso ‘Golpe I’ se abrió a denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por los hechos ocurridos en noviembre del 2019. En el proceso penal figuran la expresidenta Jeanine Áñez y actores cívicos, políticos, policiales y militares. La base de la investigación contra Camacho es un video en el que se ve al ex líder cívico confesar que su padre hizo un pacto con los militares y policías para que dejen de respaldar al gobierno de Evo Morales. “Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles a reprimir a la gente), (Con) la Policía, de la misma manera: fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas (para que renuncie Morales), porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz (…). Ese fue el momento más duro que pasamos”, revelaba Camacho. Fuente: Opinión

Candido Camacho Antezana, chofer de micro que atropelló a un can el día lunes, dejándolo muerto en la zona La Cuchilla, en Santa Cruz, fue sentenciado a tres años por el delito de biocidio. El hombre, por ser un adulto mayor, cumplirá su condena fuera de la cárcel.  La Fiscalía de Santa Cruz determinó que debido a que el hombre no posee antecedentes legales y por la avanzada edad del autor (67 años) del hecho. Las medidas sustitutivas que deberá asumir este chofer serán: firmar mensualmente en el juzgado donde se emitió el fallo, no podrá volver a conducir motorizados y tendrá que ayudar en Zoonosis.  Familiares y compañeros de trabajo le mostraron apoyo en esta situación; sin embargo, ya no podrá volver a trabajar como chofer. Esta es la segunda sentencia emitida por biocida. Fuente: Urgente.bo

Reportan que los hermanos Mario y Fabio Bascopé, y Yassir Molina, lideres de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fueron condenados a seis años y seis meses de prisión en San Roque. Mientras tanto, Milena Soto y otros dos integrantes de esa agrupación fueron absueltos. Emilio Pinto, juez de Sentencia Tercero en lo Penal de Sucre, dio a conocer el fallo para los miembros de la Resistencia, acusados por destrozos en la infraestructura de la Fiscalía de Sucre, en 2020. Entonces, pedían, también, la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loayza, por su lado, resultaron absueltos. La información fue brindada por medios como Radio Kawsachun Coca, Correo del Sur y El Deber. «He sido absuelta completamente. Agradecida con Dios porque nunca me soltó la mano. No existe organización criminal. Mi hijo está traumado por todo lo que me han hecho. Se ha demostrado la verdad. La Resistencia Cochala solo defendía al pueblo cochabambino. Me enorgullezco de lo que pasé en 2019. La Resistencia se tiene que respetar», celebró Soto, tras la audiencia del juicio oral, llevado a cabo en la capital boliviana. La audiencia se instaló en el Tribunal Departamental de Justicia de Sucre.  EL JUICIO El juicio oral contra la RJC se instaló el 17 de enero. El Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, partes acusadoras, presentaron los elementos probatorios contra los miembros de la agrupación. El Ministerio Público anunció la presentación de 128 pruebas documentales y 28 testificales ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero, con la finalidad de demostrar la autoría de los principales autores de los destrozos ocurridos en la Fiscalía sucrense. Entonces, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión para los implicados en los destrozos a la infraestructura judicial.   La Resistencia fue acusada por la presunta comisión de delitos de organización criminal, fabricación de armas caseras (bazucas) y destrucción y deterioro del patrimonio histórico de Sucre. Fuente: Opinión

El Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca condenó este miércoles a seis años y seis meses de cárcel a tres miembros de la organización acusado de racismo y golpismo, Resistencia Juvenil Cochala (RJC) sindicados, esta vez, por vandalizar las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre. La audiencia inició pasada las 15:00 en Sucre. Cada uno de los acusados hizo su declaración final ante el Tribunal. Luego los jueces pasaron a la deliberación, para luego emitir la sentencia respectiva. En este caso, la Fiscalía acusó a Yassir Molina, Milena Soto y los hermanos Mario y Fabio Bascopé, además de Aida Loayza y Mario Salazar por los delitos de organización criminal, fabricación de armas caseras, además de destrucción y deterioro del patrimonio histórico de Sucre. El fiscal Javier Gorena había solicitado de 20 años de prisión para los miembros de la RJC por los daños causados a la infraestructura de la Fiscalía General en Sucre, mismos que superan los 4.000 bolivianos, según peritajes. Sin embargo, el tribunal decidió condenar a seis años y seis meses de prisión a Molina y los hermanos Bascopé. En cambio, Soto, Salazar y Loayza fueron absueltos, según Correo del Sur. Sobre los miembros de esta organización criminal pesan todavía otros delitos por racismo, golpismo, violencia e incluso tráfico de drogas. Fuente: Abya Yala, Página Siete y Correo del Sur