Justicia

La Fiscalía presentó ante la Justicia la ampliación de la imputación formal en el caso Golpe de Estado I en contra del gobernador Luis Fernando Camacho por seis nuevos delitos como financiamiento al terrorismo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. La petición fue presentada el jueves en el Juzgado 1ro de Instrucción anticorrupción de la ciudad de La Paz, donde se pide fijar hora y fecha para la audiencia cautelar. En la imputación se pide cuatro meses de detención preventiva, según el documento de imputación. Indicios En el documento se asegura que “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal, así como el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos tipificado y sancionado en el artículo 26 de la Ley 004, en relación al artículo 20 de la misma norma penal sustantiva”. El artículo 127 del Código Penal sobre seducción de tropas establece: “El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.

Parte de la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez cree que, si ella continúa retirándose de las audiencias y despidiendo abogados, podría ser declarada “rebelde” y, consiguientemente, apoyada por la defensa pública. “El juez determinó una suspensión (de la audiencia del jueves) hasta el 5 de mayo, para darle una nueva oportunidad para que se presente y con abogados; pero si ella se niega y si se retira será declarada rebelde, se designará abogados de oficio y el proceso continuará”, vaticinó en La Razón Radio Alaín Canedo. El jueves se desarrolló una audiencia de medidas cautelares en el caso de Senkata, en la que el Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva para Áñez, pero ésta argumentó que, en su calidad de exmandataria, le corresponde ser sometida vía juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria. Impotente ante su situación de acusada por la vía penal, despidió a sus abogados. “Quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza”, informó a través de un video en redes sociales. No es la primera vez que la expresidenta retira en plena audiencia a sus abogados Norka Cuellar, Alain de Canedo y Luis Guillen; en enero hizo lo mismo. Canedo justificó la decisión de Áñez en razón de que los fiscales y el juez de El Alto que la procesan no son competentes en el caso. “Nos ha confesado que ya estaba harta, hastiada de que no se respete el ordenamiento jurídico de la Constitución Política del Estado y la Ley 044, que establece que un mandatario, por cualquier tipo de delito, tiene que ser procesado mediante juicio de responsabilidades”, aseguró. Áñez enfrenta hasta el momento cinco casos: golpe de Estado I, golpe de Estado II, EBA, Senkata y Sacaba. En junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión en el caso Golpe de Estado II, debido a su autoproclamación en 2019. Fue acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en la sucesión del expresidente Evo Morales. Abandonó dos audiencias, uno en el caso EBA y la noche del jueves en el caso de Senkata. Su defensa cree que ocurrirá lo mismo en los otros tres casos. Canedo aún la asiste en los casos golpe de Estado I, golpe de Estado II y Sacaba. Pero fue despedido de los procesos EBA y Senkata. Luego una investigación de ocho meses en Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que en Senkata hubo una masacre, lo mismo que en Sacaba. Al menos 20 personas fueron asesinadas a bala en ambas masacres. Ambos hechos fueron sustentados en el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que otorgaba inmunidad penal a los militares. El caso considera que ese decreto firmado por Áñez y su gabinete fue el origen de las masacres. La Razón

La expresidenta, Jeanine Añez, volvió a despedir a sus tres abogados en plena audiencia por el caso Senkata. Por lo que la cita fue reprogramada para el 5 de mayo. “Quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza” dijo. No es la primera vez que la ex mandataria retira en plena audiencia a Norka Cuellar, Alain de Canedo, Luis Guillen, para retrasar el proceso, en enero utilizó la misma estrategia. Añez también volvió a refutar al juez que sigue el caso Senkata, Marco Amaru, lo acusó de cometer prevaricato, además desconoció a la justicia ordinaria y solicitó un juicio de responsabilidades. “No me voy a prestar a esta patraña”, expresó. Además pidió al fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa, cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley 044, que regula el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. El proceso contra Jeanine Añez Acorde al informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 23 de julio del 2021, una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Jeanine Áñez fue la promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre de 2019. Esta norma apodada “decreto de la muerte” pretendía eximir de responsabilidad penal a los militares y policías que participaron de las ejecuciones sumarias. Con este decreto se desconocía los estándares internacionales de derechos humanos y se estimulaba la represión violenta. Además, se debe señalar que los alcances de este tipo de decreto contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos. El informé detalló que existieron ejecuciones sumarias dentro del Estado Plurinacional de Bolivia y determinó que las víctimas estaban en desventaja al no contar con armamento ni siquiera equiparable al de sus agresores. La masacre de Sacaba sucedió el 15 de noviembre de 2019, un día después que se promulgó “el decreto de la muerte” 4078, la de Senkata el 19 de noviembre. Fuente: La Razón

El director departamental de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Rolando Rojas, informó que existe una investigación contra los exministros Oscar Ortiz y Yerko Núñez por el delito de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la ley. La autoridad policial explicó que la investigación se realiza a instancias de la Contraloría General del Estado bajo el argumento de que, a través de una resolución biministerial, ambas exautoridades definían la estructura del cargo y la escala salarial del Ministerio de la Presidencia. “El caso se abrió debido a una resolución biministerial de 2020, cuando Ortiz era ministro de Economía y Núñez ejercía como ministro de la Presidencia”, informó Rojas a Erbol. El exministro de la Presidencia se declaró, el 17 de marzo, en la clandestinidad por la “desmedida persecución política” que desató el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de ganar las elecciones generales. Núñez está entre las diez exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez denunciadas por el caso “golpe de Estado” y hasta la fecha se desconoce su paradero. Mientras que el exministro de Economía se encuentra desempeñando un cargo en una universidad privada. Exviceministro detenido Por este mismo hecho, la tarde del lunes fue aprehendido el exviceministro de Presupuesto Óscar Navarro, actual asesor de la Alcaldía de La Paz. Navarro fue citado a declarar y a la conclusión de la misma fue aprehendido por los efectivos de la Felcc. Karlo Brito, abogado del exviceministro, indicó que su cliente fue imputado por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. Asimismo, el jurista señaló que están a la espera que el juez de turno fije fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares para que defina si se defiende en libertad o dentro de un recinto carcelario, pero adelantó que Navarro cumplió con sus deberes y resoluciones sustentadas en informes técnicos. Fuente: Correo del Sur

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho de guardar silencio en su declaración informativa ampliatoria por los delitos de instigación pública a delinquir, financiamiento al terrorismo y asociación delictuosa, que le fue ampliado dentro del caso Golpe de Estado I. Martín Camacho, abogado de la autoridad departamental, informó que la decisión de su defendido en acogerse al silencio se debe a que “no existe la comisión de un hecho delictivo” que haya cometido y además la «falta de confianza» en la investigación. La Fiscalía decidió en pasados días ampliar los delitos de instigación pública a delinquir, financiamiento al terrorismo y asociación delictuosa contra Camacho quien actualmente guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro. “Estamos a la espera en todo caso de que tome una decisión el Ministerio Público respecto a esta etapa preliminar y creemos, obviamente, lo que se pretende es ampliar la detención que está a punto de cumplir el gobernador”, añadió el jurista. Actualmente se encontraba investigado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo en el caso Golpe de Estado I.  Fuente: Erbol

El profesor de educación física José Luis Bonifaz de 33 años de edad fue sentenciado este viernes a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado a dos estudiantes, en el municipio de Minero, en Santa Cruz. Los padres de familia, que esperaban a conocer la resolución judicial, agredieron al educador al salir de la audiencia. “El acusado admitió su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado en el que se le dictó una sentencia de 15 años de prisión”, informó la fiscal María Eugenia Chungara. La fiscal aclaró que en este caso ninguna de las menores fueron víctimas de violación. Al concluir el juicio, el sindicado fue trasladado a la cárcel de Montero en medio de gritos y golpes por parte de otros educadores y de padres de familia que estaban en el lugar. Fuente: Página Siete