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Decenas de trabajadores del banco Fassil se concentraron en el frontis de la sucursal de El Prado para exigir que la entidad cumpla con los beneficios sociales y se les informe si continuarán o no desarrollando sus actividades tras la intervención por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).  Tras una reunión, conformaron una comisión de 12 personas para una representación ante la Asfi y el Ministerio de Trabajo, para que se les informe sobre los beneficios que les corresponde tras el cierre de la entidad. “Vamos a pasar al Ministerio de Trabajo para que nos den una salida o respuesta de qué va a pasar con nuestros beneficios, con la Caja de Salud, con todos los derechos que por ley nos corresponde”, dijo a La Razón, Richard Gonzales, uno de los representantes de los trabajadores de Fassil. Lamentó que, tras la determinación de la Asfi, los ejecutivos de Banco Fassil no les hayan comunicado sobre el futuro de los trabajadores ni de la entidad. No obstante, aseguró que ellos asumen que continúan como empleados de la entidad. El miércoles, la Asfi determinó la intervención de Fassil, proceso que está a cargo de Carlos Colodro. La entidad bancaria ingresó en un proceso de transferencia de sus depósitos y de ahorros hacia otros bancos, que será definido hasta el 12 de mayo. Desempleados El representante de los trabajadores sostuvo que la medida afectó a aproximadamente 5.000 empleados en todo el país de lo que más de 1.000 corresponde a La Paz y El Alto. “Son 5.000 familias que quedan afectadas, las mismas que tenemos que velar porque el día de mañana tenemos que pagar deudas, pagar colegiaturas, pagar mercado el día a día que estamos pasando”, deploró Gonzales. En tanto, una de las trabajadoras de Fassil, quien pidió reserva de su identidad, indicó a La Razón que en La Paz son entre 800 y 1.000 trabajadores que están en incertidumbre sobre el futuro de sus fuentes laborales. “Hemos venido para reunirnos porque queremos seguir trabajando, porque no hemos tenido ninguna respuesta del banco diciéndonos si somos desempleados o seguimos como empleados”, indicó la trabajadora. La intervención del banco Fassil se sustenta en el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones contraídas con sus clientes financieros depositantes conforme los fundamentos. La medida fue sustentada en el artículo 511 de la Ley 393, de Servicios Financieros. Fuente: La Razón

Al menos de tres videos de estudiantes de distintas unidades educativas céntricas de La Paz se virilizaron en las redes sociales; en las imágenes se evidencia agresiones entre pares. En uno de ellos, los colegiales denuncian bullying a estudiantes con discapacidad. Padres de familia y estudiantes se encuentran molestos, piden la intervención de las autoridades y lamentan la omisión por parte de los responsables de algunos establecimientos. En uno de los videos se ve a los estudiantes en el patio de su colegio; un grupo arrincona a un alumno y comienza a agredirlo, mientras que los demás no intervienen para frenar el acto de agresión hacia su compañero. En otra multimedia se observa la pelea de dos colegiales, que “se agarran a puñetes” sin prever el peligro. Ambos se encuentran en el tercer piso de la unidad educativa. En una de las escenas se ve cómo uno de los muchachos violentos casi cae de la baranda; sin embargo, logra estabilizarse, y la pelea continua ante los ojos de sus compañeros.  En otro, el acto de agresión ocurrió en una de las aulas en la que varios estudiantes golpean a otro compañero, lo agarran a patadas y se turnan para rematarlo a puñetes. En los tres hechos, los demás estudiantes no intervienen; más se quedan de espectadores.   El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Juan José Donaire, informó que se la Policía investigará los casos. Primero se verificará si los videos son veraces, luego se procederá con la denuncia en la Fiscalía para habilitar las investigaciones. Los diferentes casos de bullying están siendo evaluados por la unidad de Cibercrimen de la FELCC. Adelantó que no se descarta sancionar a los responsables, sean menores de edad o adultos. El jefe policial pidió a la los padres y madres de los estudiantes afectados denunciar ante la Policía los hechos de violencia. Según Unicef, en Bolivia, cuatro de cada 10 estudiantes sufren acoso escolar. De ese grupo, un 14% de niñas, niños y adolescentes no dice nada. Éste es el grupo de niños que sufren en silencio y corre el riesgo de sufrir depresión, suicidio y auto lesiones.  En el país, el bullying o acoso entre pares no es catalogado como un crimen; ante ello no existe sanción penal para los agresores. Fuente: La Razón