La Paz, Bolivia, 31 de julio de 2025. El Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identificó cinco casos de acoso y violencia política contra candidatas en el marco de la carrera electoral hacia las Elecciones Generales de 2025. La organización, junto con la Red Observa Bolivia y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, instó al Ministerio Público a iniciar investigaciones de oficio y sancionar a los responsables.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, advirtió que las candidatas Mariana Prado, Susana Bejarano y Eva Copa, entre otras, son blanco de constantes cuestionamientos y ataques basados únicamente en su condición de mujeres. Recordó que, en los 12 años de vigencia de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, se han registrado más de mil casos, pero solo diez lograron sentencia.
Según el primer reporte de monitoreo del Observatorio de Género, realizado entre el 7 y el 28 de julio en redes sociales y medios de comunicación, los ataques incluyen discursos de odio, amenazas, violencia simbólica, misoginia y racismo. Estas expresiones se concentran principalmente en desprestigiar, ridiculizar, desvalorizar y desalentar la participación política de mujeres, con formas que van desde insultos y estereotipos de género hasta amenazas directas y violencia psicológica.
El primer caso corresponde a Eva Copa, alcaldesa de El Alto. Se identificaron ataques digitales que cosifican su cuerpo, exponen su vida íntima y promueven expresiones que incitan a la violencia extrema, incluso con llamados a eliminarla. Además, es objeto de burlas y discursos que cuestionan su capacidad de gobernar en función de su género, edad, origen y clase social.
El segundo caso es el de Karla Robledo, excandidata a senadora suplente por Alianza Unidad. Fue víctima de violencia política centrada en la descalificación de su formación y vínculos familiares. Esta situación la llevó a renunciar a su candidatura, decisión que fue ratificada aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aceptó formalmente su dimisión.
La tercera situación afecta a Toribia Lero, candidata a diputada por Cochabamba, quien enfrenta una narrativa cargada de racismo y sexismo. Los ataques en su contra emplean lenguaje simbólicamente violento y estigmatizante, en clara vulneración de sus derechos políticos y humanos.
El cuarto caso es el de Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular. Se detectaron ataques con connotaciones sexuales, comentarios misóginos y clasistas, así como mensajes que buscan desacreditar su imagen y capacidad política con base en estereotipos machistas.
En el quinto caso, Susana Bejarano, candidata a senadora por Alianza Popular, enfrenta un patrón de agresiones emocionales y morales. Se identificaron insultos, burlas y mensajes con tono intimidatorio, como “desaparece” o “guillete”, que configuran violencia psicológica y buscan menoscabar su integridad profesional y personal.
Los casos de Prado y Bejarano se agravan por amenazas emitidas por organizaciones como la Federación de Campesinos Tupak Katari y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que exigieron su sustitución como candidatas. Incluso, dieron un plazo de 72 horas a la alianza que las postula para una respuesta, con advertencias sobre retirar su apoyo político.
La Coordinadora de la Mujer denunció que estas presiones buscan invalidar e intimidar la participación política de las mujeres, lo cual constituye acoso y violencia política en los términos de la Ley 243. Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes y al Tribunal Supremo Electoral garantizar el ejercicio libre y sin violencia de los derechos políticos de todas las candidatas.