Bolivia

DS 5503 bajo análisis: inconsistencias técnicas, impacto social y beneficios económicos en debate

19 de diciembre de 2025 El Decreto Supremo 5503, que introduce cambios en la política de combustibles e incentivos a la inversión, es cuestionado por inconsistencias técnicas y por su impacto económico y social, según un análisis de especialistas. Un análisis detallado del Decreto Supremo 5503, publicado el 17 de diciembre en la Gaceta Oficial de Bolivia, revela múltiples inconsistencias técnicas, ausencia de documentos fundamentales y una distribución asimétrica de beneficios y costos económicos que favorece al sector financiero y grandes empresas mientras recarga la crisis sobre trabajadores y jubilados. Además, el decreto deja sin atender el problema central de la economía boliviana —la escasez de dólares— y descarta alternativas de política económica que podrían haber aliviado la crisis sin golpeartan duramente a los sectores populares. La delegación llegó a Bolivia el 15 de diciembre para “realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión”. Dos días después se publicó el DS 5503 con disposiciones sobre inversión extranjera que incluyen términos en inglés como “Fast Track”. “Es el litio, el gas, el petróleo, la energía hidroeléctrica, el agronegocio, las aguas dulces de Bolivia, lo que vía Fast Track e incentivos para inversiones está en la mira de la entrega”, dice Gálvez. El decreto presenta múltiples errores de redacción que evidencian improvisación en su elaboración. El artículo 58 hace referencia a “la presente Ley”, cuando el instrumento es un decreto supremo. El artículo 119-II remite a un artículo 124 que no existe en ninguna parte del documento. Los artículos 106 y 111 repiten textualmente la misma disposición sobre el salario mínimo, en un error de duplicación que sugiere falta de coordinación.

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Presentan proyecto de Ley Antibloqueos con sanciones penales y respaldo a fuerzas del orden

El diputado Carlos Alarcón (Unidad) presentó este lunes ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Antibloqueos que busca tipificar el bloqueo de vías públicas como un delito grave, endurecer las sanciones penales y otorgar garantías legales a policías y militares durante los operativos de desbloqueo. La propuesta establece penas de tres a seis años de cárcel para quienes participen en bloqueos, mientras que los organizadores, promotores, instigadores o financiadores enfrentarían condenas de cinco a ocho años. En los casos donde los bloqueos deriven en violencia contra personas o bienes, la pena se elevaría hasta 20 años, acumulable con otros delitos hasta el máximo constitucional de 30 años de prisión. El proyecto también plantea que los efectivos policiales y militares no tengan responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria ni civil cuando actúen de forma legal, necesaria y proporcional en el levantamiento de bloqueos. Asimismo, autoriza la intervención conjunta de fuerzas del orden en zonas de alta violencia, prevé la dotación previa de equipamiento adecuado y habilita el uso de medios legítimos cuando exista riesgo para la vida o integridad de los efectivos. Otro punto central es la responsabilidad solidaria de los bloqueadores por los daños y perjuicios causados, permitiendo que las víctimas exijan el resarcimiento total a cualquiera de los involucrados, tanto en la vía penal como civil. Este proyecto establece que el bloqueo no constituye un medio legal ni legítimo para ejercer derechos constitucionales, y propone la abrogación de la Ley 1341 de 2020, referida a la regulación de los estados de excepción. Correo del Sur

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Elecciones subnacionales 2026: Todo lo que necesita saber del empadronamiento masivo

Con el objetivo de actualizar el Padrón Electoral Biométrico, el empadronamiento masivo se desarrolla a nivel nacional del 4 al 16 de diciembre. Deben empadronarse las personas que cumplan 18 años hasta el domingo 22 de marzo de 2026, quienes hayan cambiado de domicilio y los ciudadanos que nunca se hayan registrado. El sistema biométrico permite una identificación precisa y única de cada ciudadano, mediante la captura de huellas dactilares y fotografía digital, evitando registros duplicados o suplantaciones de identidad, de esta manera se garantiza la transparencia, confiabilidad y seguridad de todo proceso electoral. A nivel nacional se habilitaron puntos fijos de registro, La Paz encabeza la lista con 85, le sigue Santa Cruz con 72 puntos, Potosí 43, Cochabamba 38, Beni 21, Tarija 20, Pando 20, Chuquisaca 8 y Oruro 7. La atención será continua desde las 08:00 hasta el último ciudadano que acuda a realizar su registro. Requisitos Los únicos requisitos para inscribirse en el Padrón Electoral Biométrico son haber cumplido 18 años y portar la cédula de identidad vigente. ¿Cómo se realiza el registro? El registro en el Padrón Electoral Biométrico se basa en la captura de datos biométricos: huellas dactilares y fotografía facial, además de la información biográfica y el domicilio del ciudadano. Este procedimiento garantiza que cada persona cuente con un solo registro en el padrón. ¿Cuánto tiempo toma? El registro biométrico es gratuito y dura entre 5 y 10 minutos. Estar inscrito en el Padrón Electoral es un deber ciudadano para ejercer el derecho al voto. Procedimiento Para conocer las direcciones de los puntos de empadronamiento habilitados, ingrese al siguiente enlace: https://web.oep.org.bo/registro-civico/direcciones/ El empadronamiento masivo corresponde a la actividad 11 del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026. Fuente: Correo del Sur

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Detención de Luis Arce: violación al debido proceso y prejuicio político

El secuestro y aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora en plena vía pública por parte de un grupo de encapuchados fue observada por diversos sectores por la grave violación al debido proceso, una práctica que el presidente Rodrigo Paz prometió eliminar. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que el secuestro de Arce por parte de un grupo de encapuchados que lo metieron en un vehículo y luego en otro, para informarle luego decese recorrido de su detención se ejecutó incumpliendo el procedimiento penal, sin notificación previa, sin citación y sin informarle sobre la investigación en curso. Prada remarcó que Arce estaba dictando clases en una universidad, tiene domicilio conocido y no existía riesgo de fuga, por lo que el operativo muestra —según dijo— un “abuso de poder” y una “flagrante violación al procedimiento”. “Si esto se hace a un expresidente elegido democráticamente, ¿qué se puede esperar para un ciudadano común?”, advirtió. También afirmó que el accionar del Gobierno busca infundir miedo y distraer a la opinión pública de los graves problemas que enfrenta actualmente. Poco después de conocida la aprehensión, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dio declaraciones controvertidas. Aseguró el ministro que “cayó el jefe de la pandilla”, refiriéndose al expresidente Luis Arce y acusándolo de encabezar una estructura de corrupción relacionada con el caso del Fondo de Desarrollo Indígena escándalo que se originó en 2014 cuando la Contraloría General del Estado informó al Ministerio de Transparencia de irregularidades en el manejo de recursos otorgados a dirigentes indígenas para proyectos comunales con un daño económico de bs75 millones que una interventora precisó en bs120 millones. Muchas comunidades que no tenían personería jurídica pidieron a sus dirigentes abrir cuentas individuales para recibir recursos para sus proyectos que se ejecutaron en la mayoría de los casos, pero otros quedaron a medias o ni siquiera se iniciaron por corrupción. Por este caso juzgado fueron enviados a la cárcel dos exministras de Evo, administradores y dirigentes dirigentes indígenas como Damián Condori que estuvo en la cárcel por recibir recursos en una cuenta privada a nombre de su comunidad (porque era el único que la tenía) pero a que no gastó ni un centavo por imposibilidad técnica del proyecto. Oviedo dijo que el presidente Rodrigo Paz fue el primer informado del operativo policial: “Le informé al presidente, fue el primero en ser informado, una vez concluida la operación”, dijo. El ministro rechazó que exista persecución política y aseguró que la acción busca “transparencia”. Sin embargo, sus declaraciones iniciales mostraron un juicio previo y un evidente prejuicio político al calificar a Arce como líder de una “pandilla” antes de que exista sentencia o siquiera audiencia cautelar. Según el ministro de Gobierno, los delitos que investiga la Fiscalía contra el exmandatario tienen que ver con su rol como ministro de Economía durante el caso Fondo Indígena. La imputación incluye cinco delitos: La detención irregular denunciada por Prada y el lenguaje confrontacional utilizado por Oviedo muestran que lo ocurrido dar inicio a un proceso marcado por motivaciones políticas, revanchismo y una preocupante erosión del debido proceso. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de lucha contra la corrupción, la forma en que se ejecutó la aprehensión —y el discurso oficial que la acompaña— refuerzan las sospechas de un uso instrumental de la justicia. El caso Arce no solo abre un proceso muy rápido de desencanto sino que también plantea una pregunta de fondo: ¿qué garantías quedan para los ciudadanos si ni siquiera un expresidente democráticamente elegido recibe el trato que exige la ley? Y ¿dónde quedan las promesas del presidente de reconciliación, paz y esperanza en el futuro del país?

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Subnacionales: ¿En qué quedó la alianza entre el MIR, el PDC, Rodrigo Paz y Edmand Lara?

El binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara llegó al Gobierno tras representar al Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones generales. Esta fuerza política estuvo conformada por afines al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), partido de Jaime Paz Zamora; Nuevas Ideas con Libertad, agrupación del Vicepresidente; y Primero la Gente, organización del Presidente. Gonzalo Romay, militante del MIR, señaló que, de cara a las elecciones subnacionales, dos representantes miristas Morgan López y Ronaldo Reynaga se trasladaron a la ciudad de La Paz para discutir la situación de la alianza, y ver si esta se ratifica “o si cada uno irá por su lado”. Semanas atrás, Lara había anunciado que su agrupación se presentaría en los comicios con sus propios candidatos y denunció que la administración de Paz “los había desconocido”. Según Romay, la decisión final se conocerá en los próximos días, para luego proceder con la inscripción de los candidatos correspondientes. Personería jurídica Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) restituyó la personería jurídica del MIR a escala nacional; sin embargo, la sigla no podrá participar como fuerza política en las elecciones de gobernadores, alcaldes y autoridades regionales del 22 de marzo de 2026, debido a una restricción legal vigente que establece que solo pueden participar las organizaciones políticas que cuenten con registro legal hasta 90 días antes de la convocatoria y deberá buscar alianzas. Fuente: Correo del Sur

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Fiscalía emite cinco mandamientos de aprehensión por caso Fondo Indígena

Después de la aprehensión de Luis Arce por el caso Fondo Indígena, el fiscal Miguel Cardozo informó este jueves que se han emitido cinco mandamientos de aprehensión contra otros sindicados en el proceso. En entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL, el fiscal Cardozo explicó que las órdenes de aprehensión están en manos de la Policía Boliviana para su cumplimiento. “Son ellos (los policías) los que van a determinar si estas personas son habidas o no y correspondería a un orden de allanamiento”, indicó. Evitó mencionar los nombres de los buscados, para no entorpecer las investigaciones. El fiscal Cardozo explicó que en total hay siete implicados por este caso, quienes ya tienen en contra alertas migratorias. Asimismo, anunció que Luis Arce será imputado en este proceso que se desarrolla por delitos como conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según indicó, Arce tiene responsabilidad en el caso Fondo Indígena, porque como Ministro de Economía permitió que desembolse dinero a cuentas particulares y no hizo seguimiento del cumplimiento de los proyectos que se habían financiado.    Fuente: Correo del Sur

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Aprehenden a exfuncionario de YPFB por presunta corrupción en millonaria contratación

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió en las últimas horas a un exfuncionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigado por presuntos actos de corrupción vinculados a un proceso de contratación en Cochabamba. El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Kevin Fuentes Sempertegui, informó que la intervención se realizó en el municipio de Challapata, Oruro, donde se ejecutó el mandamiento emitido por el Ministerio Público. “En Oruro, en el municipio de Challapata, se procede a la ejecución del mandamiento de aprehensión fundamentada en contra del señor Luis Alberto G. V., quien era funcionario de YPFB y tenía el cargo de jefe de unidad de aseguramiento de la producción”, señaló. De acuerdo con la Fiscalía, el exservidor público, de 52 años, habría favorecido a una empresa adjudicataria del “Servicio de Catering” destinado al complejo Río Grande y a la Planta de Amoníaco y Urea en 2021. La contratación, que manejaba un presupuesto aproximado de Bs 17 millones, habría sido utilizada para beneficiar de manera irregular a terceros a cambio de depósitos económicos. Fuentes explicó que el acusado “habría participado como unidad solicitante y en diferentes etapas de un proceso de contratación específico”, y que durante ese periodo recibió montos de dinero de la empresa beneficiada y de otras personas, además de mostrar un incremento patrimonial que no pudo justificar. El exfuncionario es investigado por los delitos de negociaciones incompatibles, cohecho pasivo y uso indebido de influencias. Actualmente permanece en las celdas de la Felcc ubicadas en la Laguna Alalay, en Cochabamba, mientras el Ministerio Público ya presentó la imputación formal en su contra. Las oficinas de YPFB en Cochabamba fueron intervenidas el 1 de diciembre tras denuncias sobre cobros irregulares en procesos de licitación. En ese marco, la Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del acusado por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones. Fuente: Correo del Sur

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“La orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz”, matiza el ministro Oviedo

Según el ministro de Gobierno, el expresidente Luis Arce está siendo procesado por el caso Fondo Indígena, en el que se investiga un daño económico al estado que asciende a Bs 360 millones El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este miércoles que la aprehensión del expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora responde a una orden directa del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para profundizar la lucha contra la corrupción y esclarecer el millonario daño económico detectado en el caso Fondo Indígena. Según la autoridad de Gobierno, el perjuicio solo en este proceso asciende a Bs 360 millones, aunque investigaciones paralelas podrían elevar la cifra a más de $us 700 millones. Oviedo señaló que Arce fue detenido por la unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el marco de una investigación que se remonta a su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, etapa en la que formó parte del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc). Por este motivo, aclaró, el exmandatario no goza de juicio de responsabilidades y será procesado por la justicia ordinaria. “La orden de luchar contra la corrupción viene del presidente Rodrigo Paz. No vamos a parar hasta dar con todos los autores del descalabro económico que vive el país”, remarcó el ministro en conferencia de prensa junto al viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. Oviedo detalló que Arce es investigado por los presuntos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Según el ministro, durante su gestión se habrían autorizado transferencias irregulares a cuentas particulares, además de la aprobación de proyectos “fantasmas o ejecutados a medias”, financiados con recursos del Fondioc. “Se autorizó el traspaso de grandes cantidades de dinero a cuentas particulares y se aprobaron proyectos fantasmas. Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos”, dijo. Arce será procesado como exministro Consultado sobre el tipo de proceso que corresponde, Oviedo aclaró que los hechos investigados ocurrieron cuando Arce era ministro de Estado, por lo que no se activa un juicio de responsabilidades, sino un proceso penal común. “Los hechos datan de cuando Arce Catacora era ministro. La jurisdicción ordinaria es la encargada de proceder al juzgamiento. Los miembros del directorio que aprobaron estos proyectos y los beneficiarios de esos recursos también deberán responder ante la justicia”, aseguró. El ministro reiteró que las pruebas reunidas hasta el momento son concluyentes y que la aprehensión es solo el primer paso dentro de un proceso más amplio que podría alcanzar a más exautoridades y dirigentes. “El daño económico es gigantesco: 360 millones de bolivianos solo en este caso. Pero este es apenas uno de los múltiples hechos irregulares descubiertos. Vamos a llegar hasta el final”, subrayó Oviedo. Aunque evitó anticipar nuevas aprehensiones, confirmó que existen investigaciones abiertas relacionadas a otras operaciones del Fondo Indígena durante las gestiones del MAS. Fuente: El Deber

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Diputados tratarán este jueves tres contratos de préstamos millonarios y el PGE 2026

La Cámara de Diputados convoca a una sesión ordinaria para este jueves, 11 de diciembre, a fin de tratar tres contratos de préstamo y el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. En la sesión convocada para las 10.00 se prevé tratar el proyecto de ley 068, que aprueba el convenio de préstamo para el programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19. Se trata de 15.000.000.000 de yenes japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional Japón-JICA. El segundo proyecto de ley es la 069, sobre el contrato de préstamo para el programa de integración urbana: parque lineal para La Paz y El Alto. El monto es de 30.000.000 de dólares americanos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tercero es el contrato de préstamo para la liquidez en apoyo a la gestión económica por un monto de 550.000.000 de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Fuente: Los Tiempos

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ANH cancela más de seis mil tarjetas B-Sisa; halló carnés inexistentes y cargas injustificables

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha procedido a la inhabilitación de 6.398 tarjetas B-Sisa, que fueron observadas por temas como documentación irregular y volúmenes injustificables de carga de combustible. La directora de la ANH, Margot Ayala, indicó que se han encontrado casos de carnets «inexistentes», con los cuales se habían tramitado las tarjetas. «Hemos encontrado que hay carnets de identidad que no le pertenecen a nadie, porque ni siquiera tienen una numeración general. Entonces son irregularidades que se pueden identificar a simple vista», indicó. En cuanto a los volúmenes, indicó que existen casos de incremento exponencial de hasta 500% de carguío, lo cual no se puede justificar. La funcionaria aclaró, sin embargo, que si alguien se hubiera visto perjudicado con esta medida, puede seguir los conductos regulares y demostrar el incremento de su consumo. Explicó que estas 6.398 tarjetas representan 4,5 millones de litros mensuales de combustible y que su cancelación implica un ahorro de 50 millones de bolivianos mensuales. Ayala enfatizó que este es el resultado de una primera revisión, con base a criterios lógicos. «Durante los últimos 10 años nadie se ha dedicado a hacer este control a través de denuncias y de análisis de los datos que teníamos. Hemos tomado conocimiento de que estás tarjetas sean distribuidas de forma indiscriminada», manifestó a tiempo de recordar que dese 2015 se distribuyeron más de 29 mil de estos B-Sisa de consumo agropecuario. También la directora de la ANH llamó a la conciencia de quienes tiene estas tarjetas de B-Sisa. Indicó, por ejemplo, que su consumo real podría ser de 200 litros, pero aprovechan que su autorización es para 1.200 litros y adquirirían ese volumen para revender. Advirtió que eso es un delito. Fuente: Los Tiempos

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