La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este jueves que la incorporación de Bolivia a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue consecuencia de un “descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Según dijo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) perdió su función esencial durante esas gestiones. En el acto de posesión de Carlos Jáuregui como nuevo director de la UIF, Espinoza señaló que esta entidad debió proteger la imagen financiera del país, pero sostuvo que fue utilizada como “un brazo de persecución contra quienes pensaban diferente”. Añadió que, en ese proceso, se descuidó su verdadero rol: evitar que Bolivia entre en situaciones como la “lista gris de Gafilat”, donde hoy vuelve a aparecer. El ministro aseguró que su gestión devolverá a la UIF su carácter técnico para “perseguir aquellos flujos de dinero vinculados a ilícitos” y recuperar estándares internacionales que, según afirmó, fueron descuidados en los últimos años. La declaración se produjo el mismo día en que la Comisión Europea actualizó su lista de países y territorios de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, donde incluyó a Bolivia junto con las Islas Vírgenes Británicas. La decisión sigue los criterios del GAFI y obliga a las entidades europeas a aplicar controles reforzados a transacciones que involucren a los países señalados. Bolivia había sido incorporada en junio a la lista gris del GAFI, pese a haber cumplido más del 90% de las recomendaciones. Su inclusión se debió principalmente a la falta de legislación específica contra la legitimación de ganancias ilícitas, un vacío que se abrió tras la anulación de la Ley 1386 en 2021. Desde entonces, sucesivos intentos de actualizar el marco normativo no prosperaron en medio de protestas y acusaciones de politización. Fuente: Correo del Sur

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, dijo que el Gobierno decidió poner fin al modelo de subvención de harina tras identificar irregularidades e indicios de corrupción con “panificadores fantasmas” y cobros de hasta Bs 20.000 para recibir el beneficio. Según el viceministro, este clan de corrupción generó un daño económico al Estado de aproximadamente Bs 1.000 millones en cuatro años. “Ese modelo permitía que la harina llegará a algunos dirigentes que lo mal distribuían no va más. Malos dirigentes, en complicidad con malos funcionarios; son casi Bs 1.000 millones en cuatro años. No seguiremos fomentando ese modelo”, dijo Serrano en Red Uno. Explicó que un grupo de personas vendía harina a Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a precio de mercado, Bs 400 por quintal; sin embargo, también comercializaban el producto a sus allegados a un costo menor: Bs 100. Además, indicó que identificaron casos de dirigentes que cobraban hasta Bs 20.000 para permitir el ingreso de panaderos a sus asociaciones y así acceder al subsidio. Esa práctica generó un número de “panaderos fantasmas” registrados para supuestamente obtener el subsidio. “El modelo de subvención que permitía que unos cuantos se enriquezcan a costa del pueblo boliviano se termina. Ese modelo de subvención igual a corrupción se termina, y el Gobierno trabajará para que el pan llegue a los bolivianos a precio justo”, acotó. Corrupción Asimismo, aseguró que todos esos actos irregulares están siendo investigadores por la Justicia. En ese marco, exhortó al exgerente de Emapa Franklin Flores y al dirigente panadero de La Paz Rubén Ríos, ambos actualmente prófugos, a presentarse ante las autoridades. Respecto al subsidio a la harina y otros insumos, el viceministro dijo que el Gobierno está trabajando en nuevas alternativas en consenso con el sector para garantizar la provisión de pan a precio y peso justo. Dijo que están reunidos con varios sectores y trabajando en nuevas propuestas. Lamentó que haya dirigentes que están agrediendo a otros que quieren trabajar y vender pan a Bs 0,50. “Vamos a trabajar con quienes quieran asistir al diálogo. Estamos dispuestos a llegar a consensos. El modelo de subvención que permitía que unos cuantos se enriquezcan se termina”, remarcó. La semana pasada, Serrano ya había anunciado el “cese oficial” de la subvención a la harina y otros insumos para la elaboración del pan de batalla debido a varios indicios de corrupción. En tanto, el pan de batalla se vende desde este lunes en Bs 0,80 y no todos los panificadores están elaborando el producto. La población reclama y no hay una solución. El Gobierno intervino la Emapa y denunció al exgerente Flores y a Ríos por presuntos hechos de corrupción. Ambos tienen órdenes de aprehensión. Fuente: La Razón