La Paz, Bolivia, 10 de abril de 2025. Cinco meses después de las detenciones ocurridas entre el 1 y 4 de noviembre de 2024 en Mairana y Parotani, persisten las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, tratos inhumanos y una criminalización generalizada del derecho a la protesta. Así lo afirmaron los abogados defensores Evaliz Morales y Diego Chávez, miembros del equipo jurídico que asiste a los denominados «presos políticos de noviembre».
En entrevista con La Primera Edición, de Abya Yala Tv, Morales indicó que 90 personas fueron detenidas durante las jornadas de protesta. De ellas, 55 aún permanecen con detención preventiva, 11 se encuentran bajo detención domiciliaria y 24 fueron sometidas a procedimientos abreviados, tras ser coaccionadas por autoridades del Estado.
“Muchos de ellos aceptaron el procedimiento abreviado bajo presión. Algunos fueron amenazados y otros, directamente, engañados. La Fiscalía y el Ministerio de Gobierno visitaron los penales con la intención de convencerlos a admitir delitos que no cometieron”, denunció.
Por su parte, el jurista Diego Chávez informó que los detenidos fueron recluidos en diversos centros penitenciarios del país: San Pedro, Patacamaya, Obrajes e incluso Chonchocoro. Entre los privados de libertad se encuentran personas jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades graves, incluyendo un caso de cáncer terminal.
“Este proceso no respeta las garantías mínimas. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, al acceso a la defensa, y se ha ejercido violencia física y psicológica contra los detenidos”, indicó Chávez.
Además, mencionó la existencia de videos que muestran golpizas por parte de efectivos policiales y expuso el caso de un detenido, que fue presentado ante medios de comunicación con el rostro visiblemente golpeado.
Los abogados denunciaron también que se impidió el ingreso a los penales a comisiones internacionales y a representantes de la defensa. Morales relató que, incluso con su credencial de abogada, fue retenida por más de tres horas en San Pedro sin poder entrevistarse con sus defendidos.
Entre los casos que más preocupan al equipo jurídico se encuentra el de Bismarck, un detenido con una condición mental diagnosticada por médicos del penal de San Pedro. Pese a ello, aseguran que continúa recibiendo presión para aceptar un procedimiento abreviado.
Respecto a los cargos presentados por el Ministerio Público, Chávez afirmó que muchos fueron imputados por terrorismo, uso de armas letales y alzamiento armado, sin que existan pruebas contundentes. “Algunos portaban celulares o ladrillos, lo cual no justifica esa calificación penal. Se trata de una persecución política”.
Los abogados señalaron que el Estado estaría incumpliendo recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya en su informe sobre los hechos de 2019 advirtió sobre el uso abusivo del tipo penal de terrorismo y la necesidad de reformar su aplicación conforme a estándares interamericanos.
El equipo de defensa también responsabilizó al Ministerio de Gobierno y otras instituciones del Estado por la instrumentalización de la justicia. Denunciaron que se ejerce presión sobre jueces y fiscales para ampliar las medidas de detención y obstaculizar el acceso a la defensa.