Uno de los puntos pendientes en el gobierno de Luis Arce, en la mitad de su mandato de cinco años, es la reforma judicial. El gobernante admitió que este tema es muy complejo de resolver y convocó a un “compromiso nacional” para materializarlo, más allá de las próximas elecciones judiciales de este año. “Reconocemos que la transformación de la Justicia es un tema pendiente, muy complejo de resolver y que arrastramos desde el nacimiento de Bolivia, y aquí debemos trabajar de manera conjunta, escuchando principalmente al pueblo… La transformación de la Justicia exige un compromiso nacional que no termina con las elecciones de magistradas y magistrados… ni en propuestas de reformas que no apuntan a solucionar los problemas estructurales que padece el pueblo cuando busca justicia”, dijo en el mensaje a la nación del martes. Indicó que son necesarios cambios profundos desde la formación de administradores de justicia, con una carrera judicial que garantice independencia. Asimismo, destacó la modernización y el gobierno electrónico para acompañar este cambio, con la transparencia y el control social para garantizarlo. “La modernización y el gobierno electrónico, que estamos impulsando, lograrán resultados si el nuevo modelo de gestión de conflictos en nuestro país tiene como base la transparencia y el control social de la administración de justicia, automatizando procesos y procedimientos orientados a dar mayor celeridad, así como un adecuado control y fiscalización que asegure el cumplimiento estricto de las normas y los plazos por parte de los jueces”. Fuente: La Razón

Con un llamado a mejorar la calidad educativa, el Gobierno nacional presentó este martes la página web con información de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Transformación de la Educación, celebrada en septiembre de 2022. En la página web (https://tesbolivia.minedu.gob.bo/) se podrá acceder a los informes de la Cumbre, discurso de autoridades, compromisos asumidos por el Estado para transformar la educación y a los informes de avances en esta materia. También se encontrará documentos e informes sobre las Consultas y Diálogos Nacionales que el Gobierno nacional realizó para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de las Naciones Unidas de Nueva York, que se celebró el 16, 17 y 19 de septiembre de 2022. Ahí se encuentra, por ejemplo, la Declaración de Compromisos del Estado Plurinacional de Bolivia para transformar la educación, que se ajusta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El canciller Rogelio Mayta consideró “un importante aporte” la construcción de la página web para realizar un debate nacional sobre la educación que será “complejo, difícil, pero necesario”. Basado en su experiencia como docente universitario, Mayta consideró necesario analizar si los estudiantes de ahora tienen los conocimientos suficientes para enfrentar los retos de las sociedades contemporáneas. Señaló que “esta nueva sociedad requiere de un nuevo tipo de profesionales”, lo que no se “entiende todavía” en el país. Mencionó que las universidades “generan anualmente cantidades impresionantes de abogados, cuando la abogacía es una carrera en peligro de extinción”. Luego de recordar que Bolivia camina a la era de la industrialización, Mayta señaló que se necesita profesionales técnicos y científicos, “gerentes de altísimo rendimiento”. “La educación se vuelve crucial, más que antes”, enfatizó. Al respecto, el ministro de Educación, Edgar Pary, afirmó que “de a poco se está avanzado” y que una muestra es la actualización de algunos contenidos de la malla curricular. No obstante, dirigentes del magisterio urbano se oponen a la actualización curricular. El conflicto aún no fue resuelto, pues está pendiente la respuesta de los dirigentes de los maestros urbanos a una propuesta gubernamental para reinstalar el diálogo sobre ítems, déficit histórico y malla curricular. “Tenemos que seguir buscando la calidad educativa, tenemos que trabajar en reducir la brecha entre la universidad y el nivel secundario”, planteó. Pary afirmó que el desafío es llegar al Bicentenario, en 2025, con una educación de calidad y “para eso todos tienen que trabajar”. En la página web se puede encontrar, justamente, los compromisos que asumió el Gobierno para alcanzar ese objetivo. Para el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Alberto Pizarro, la “página web constituye una importante herramienta digital de las acciones que realiza Bolivia para transformar la educación afectada por la pandemia y también para fortalecer en su transformación”. La propuesta boliviana que se presentó en la Cumbre de las Naciones Unidas en 2022 fue construida por 2.500 personas, entre profesores, estudiantes, expertos en educación y pueblos indígenas. “De ellas, el 63 por ciento fueron mujeres y el 37 por ciento varones”, destacó el vicecanciller Freddy Mamani, quien lideró el trabajo previo a la Cumbre. Mientras que el Coordinador Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Rafael Ramirez Mesec, destacó el aporte de los jóvenes y de las naciones indígenas. Fuente: ABI

Al menos 200 de 1.700 beneficiarios cobraron el resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política durante los gobiernos de facto (1964 – 1982) que se empezó a pagar este martes, informó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles. En esta primera jornada, de acuerdo con Siles, unas 200 personas cobraron la indemnización que se canaliza a través de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria, dependiente del Ministerio de la Presidencia. “Aproximadamente son 1.700 víctimas que han calificado, entre directas e indirectas, herederos, entre otros, de las cuales la mayor parte ha cobrado el 20 por ciento, en gestiones pasadas, pero ahora el 100 ciento (de beneficiarios) va a cobrar el 80 por ciento restante”, explicó en Bolivia Tv. Siles definió como “histórico” el pago que se cumple luego de que, en 2004, durante el gobierno del expresidente Carlo Mesa, no se pudo concretar porque “no había los medios (recursos)”. Ese año, se promulgó la Ley 2640 destinada a resarcir a las víctimas de las dictaduras; sin embargo, no se contaba con fondos económicos y se estableció un parámetro de calificación que en muchos casos no se cumplió. El gobierno de entonces solo garantizó el 20% de los recursos y dejaba el 80% restante a la voluntad de la cooperación internacional. Sin embargo, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1446 que garantiza Bs 99,9 millones para cumplir con ese pago en el marco, además, de la política de reparación integral ejecutada por el Gobierno nacional. Alina Clavijo, una de las víctimas de la violencia política entre 1964 y 1982, informó que pudo cobrar el beneficio después de años porque ningún presidente los atendía. “Arce fue el único presidente que nos escuchó”, destacó. Fuente: ABI