«No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir», manifestaba Juana Quispe, concejala de Ancoraimes (departamento de La Paz) en septiembre de 2011, meses después su cuerpo sería encontrado sin vida y el hecho se convertiría en Bolivia en uno de los casos más emblemáticos y lamentables de violencia política en el país, el mismo que hasta hoy no tiene ni acusados ni sentenciados. Este y otros casos, caracterizados por la violencia machista en Bolivia y que se estructura en contra de mujeres elegidas democráticamente para ejercer cargos públicos, motivó que el 28 de mayo de 2012, la promulgación de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, en el gobierno del expresidente Evo Morales, convirtiendo al país en el primero en Latinoamérica que regula y sanciona el acoso político hacía las mujeres. Hoy, a 11 años de la aprobación de dicha norma, tanto la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, como la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, coincidieron, en entrevista en el programa, El Central de Abya Yala Tv, en resaltar la aprobación de la norma como el inicio para acabar con el flagelo de la violencia política, que afecta tanto a la vida política como democrática de Bolivia. “Ha sido un paso importante, no solo para el Estado, sino para la región de América, no olvidemos que la ley se constituye en la base para el modelo interamericano y sigue siendo la inspiración para otros países”, dijo la Cruz, al momento de ser consultada sobre la importancia de la norma. Sin embargo, pese a que Bolivia fue la vanguardia en la aprobación de una ley de estas características, es el país dónde más denuncias por acoso político se han registrados desde la aprobación de la norma, hace 11 años, ya que desde esa fecha hasta hoy se han contabilizado más de mil denuncias, obteniendo tan sólo dos sentencias. Así mismo, sólo en el 2023, ya existen en el país, 110 casos presentados en esta materia. Uno de esos casos y del que país es testigo es el un grave acoso y violencia política que está ocurriendo en el municipio de Cochabamba, dónde se ha acusado al alcalde Manfred Reyes Villa de la agrupación Súmate, de violentar a las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, de sus mismo partido, quienes fueron elegidas el 3 de mayo como la nueva presidenta y la nueva secretaria del Concejo Municipal de Cochabamba, en sustitución de Marilyn Rivera y Diego Murillo, decisión que no fue del agrado de la autoridad edil. Esa situación provocó acciones de violencia contra ambas autoridades mujeres, quienes sufren una serie de acciones de acoso, incluso en las puertas de sus domicilios. Otro de ellos, es el conocido en los últimos días y denunciado por la concejala Eliana Paco del MAS, contra su colega concejal, Pierre Chaín. En ese sentido, Sánchez hizo notar que una de las principales razones para afectar los derechos de las mujeres, por ejemplo, se dan en las asambleas departamentales como en los concejos municipales, cuando las mujeres se animan a fiscalizar la gestión ejecutiva de esas instancias, y son rechazadas por los alcaldes, muchos de ellos hombres, y recordó que permitir los actos fiscalizadores refuerzan, “la profundización el sistema democrático, participativo e incluyente”. Así mismo, Sánchez fue incisiva de resaltar que en el país la “falta la aplicación plena de la ley en cuestión evita que la norma pueda tener el alcance que se ha pensado inicialmente y reflexionó al momento de recordar que sólo el 25 por ciento de los municipios del país, ha ajustado, por ejemplo, sus reglamentos de ética, como manda la ley. Hay que recordar que son las comisiones de ética una de las instancias donde se puede denunciar acoso y violencia política. Así mismo hizo notar que entre los órganos deliberativos que tampoco adecuaron sus normas de ética está ni más ni menos, que la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ante la pregunta de cuáles es la mayor incidencia en las denuncias hechas por las concejalas y asambleístas, Cruz informó por ejemplo que a “mitad de gestión las mujeres son acosadas, violentadas y obligadas a presentar su renuncia a fin de que sus compañeros varones asuman la titularidad de los cargos”, con los beneficios que ello conlleva. Cruz recordó que en muchos casos, especialmente en municipios que pueden estar en el área rural los actores políticos se confabulan para evitar que las concejalas mujeres puede ejercer sus cargos de manera plena, y ejecutan acciones que van por ejemplo con cortarles el salario, con el ocultamiento de los lugares dónde se hacen las sesiones de concejo, actitud que provoca que las autoridades mujeres faltan a sus deberes a lo que se suma acciones violentas para provocar el mismo efecto de inasistencia. En ese sentido, Sánchez advirtió que muchas veces se trata de disminuir la capacidad de las mujeres haciéndolas sentir inseguras por alguna supuesta limitación que tendría que ver con los grados académicos cursados tanto en la educación inicial como superior, “como si eso sería impedimento para que las mujeres puedan hacer notar las necesidades o falencias que hay en la sociedad y luchar por ellas se acaben”, agregó. Ambas autoridades coincidieron en señalar que gracias a la norma, la diversidad de vías administrativas, electorales de la justicia ordinaria y constitucional han generado una apertura para un mecanismo de defensa, aunque aclararon que no ha sido suficiente para erradicar el acosos y la violencia política, aunque ha dejado en claro que ello ya no es tolerable. Así mismo estuvieron de acuerdo en señalar a la justicia penal y ordinaria como uno de los factores dónde falla la aplicación de la norma por lo que coincidieron que es ahí donde la falta de acompañamiento evita el cumplimiento de los derechos políticos y donde falla la eficacia de la lucha contra el acoso. En el plano de la experiencia política, la viceministra
