Bolivia se ubica en el puesto 131 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2023, que elabora cada año la reconocida organización World Justice Proyect (WJP) o Proyecto de Justicia Mundial. La calificación es peor en justicia penal: el país se ubica penúltimo en la lista global. El WJP es una prestigiosa organización de la sociedad civil, cuyas mediciones son tomadas en cuenta por organismos internacionales y empresas. En los últimos años, el Estado boliviano no ha salido bien librado en esta calificación del Índice de Estado de Derecho: en 2022, ocupó el puesto 130 de 140; en 2021, el 129 de 139 y en 2020, el 121 de 128. El año 2019, Bolivia se situó en el puesto 119 de 126; en la medición de 2017-2018, en el puesto 106 de 113; en 2016, en el 104 de 113 y en el 2015, en el 94 de 102. WJP no tiene registros en línea de años anteriores. “Esta situación es trágica y hemos empeorado a diferencia de años anteriores. En relación a la justicia civil, nos ubicamos en el antepenúltimo lugar; en relación a la justicia criminal, nos ubicamos en el penúltimo lugar y si dejamos de lado gobiernos dictatoriales como Venezuela, estaríamos en el último lugar de la mayoría de los países en el mundo”, manifiesta el abogado experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Franco Albarracín. Precisa que Bolivia es tomada en cuenta desde 2015; WJP publica su índice a nivel global desde 2008. El país mejor clasificado en el Índice Global de Estado de Derecho 2023 es Dinamarca, seguido de Noruega y Finlandia. Por el contrario, el peor calificado es Venezuela y le anteceden Camboya y Afganistán. En el puesto 137 se encuentra Nicaragua y en el 131, Bolivia, por lo que los tres países peor calificados de América son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Así, en el ámbito regional, el país ocupa el puesto 29 de 32. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia Arturo Yáñez explica que este ranking recoge la percepción de aproximadamente 5.000 personas seleccionadas por su incidencia pública que responden un cuestionario confeccionado con una metodología que explora tanto el estado del arte de la administración de justicia como el funcionamiento de la institucionalidad de cada Estado. Yáñez fue uno de los encuestados. JUSTICIA PENAL El Índice de Estado de Derecho incluye una clasificación por factores. En la medición de justicia criminal o penal, Bolivia ha ocupado el penúltimo lugar desde 2016. Solo en 2015, se ubicó en el puesto 99 de 102. En 2022, Bolivia ocupó el puesto 139 de 140; en 2021, el 138 de 139; en 2020, el 127 de 128; en 2019, el 125 de 126; en 2018-2017, el 112 de 113 y en 2016, repitió esa ubicación. Albarracín remarca que WJP no es el único organismo que ha llamado la atención sobre el estado de la justicia; lo han hecho el Relator para las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional. “Recomiendan innumerables veces a las autoridades bolivianas de que se debe reformar la justicia, pero no solo una reforma relacionada con el cambio de autoridades, sino una reforma de carácter estructural”, agrega. El sistema judicial boliviano ha sido objeto de múltiples críticas en los últimos años debido a denuncias de hechos de corrupción, politización y esta gestión por la suspensión de las elecciones judiciales. OTROS FACTORES En límites al poder gubernamental, Bolivia ocupa este año el puesto 126 de 142; en ausencia de corrupción, el puesto 137; en gobierno abierto, puesto 100, su mejor indicador; derechos fundamentales, puesto 111; orden y seguridad, puesto 122. Hay otros tres factores: cumplimiento regulatorio, en el que Bolivia se ubica en el puesto 125; justicia civil, puesto 140, y justicia criminal, puesto 141. APLAZO Arturo Yáñez Expresidente Conalab Este nuevo aplazo y lo que es peor, en el podio del top de los peores, refleja el fracaso del Estado boliviano en los últimos años para construir instituciones que cumplan sus roles constitucionales y legales y, algo aún más tenebroso, que el ciudadano está absolutamente librado a su suerte frente al desproporcionado poder estatal”. MAL MOMENTO Juan Pablo Cervantes Presidente Icach Lo único que hacen es ratificar lo que manifestamos y sentimos en el Colegio de Abogados, es decir, la administración de justicia en Bolivia está pasando un muy mal momento, quizá uno de los peores en el último tiempo. Reflejan lo que la mayoría de las personas también sienten: que la justicia no es independiente ni imparcial”. PERSECUCIÓN Franco Albarracín Abogado Cedib No existe voluntad política de parte de nuestras autoridades. Insisten en mantener al Órgano Judicial y al Ministerio Público dependiente del órgano político, obviamente para continuar con afán de persecución. Las elecciones y el cambio de autoridades judiciales puede ser un paso para contribuir a la reforma judicial, pero no es la solución”. Los Tiempos
