La Paz, 7 de julio de 2025.– El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, solicitó mediante un manuscrito al Fiscal General una audiencia personal y que se ordene su declaración ampliatoria en el marco del caso de la toma militar. Zúñiga denuncia «vulneraciones graves» a su debido proceso.
El excomandante alega una «negativa reiterada» a recibir su declaración ampliatoria, a pesar de la existencia de «notificaciones escritas válidas» y su «voluntad de declarar». Afirma que tanto la Fiscalía como el régimen penitenciario han impedido esta diligencia, incluso después de que el Fiscal General «autorizó públicamente» dicha declaración en medios de comunicación, sin que se ejecutara.
Zúñiga argumenta que la fase investigativa ha concluido «sin que pudiera ejercer su derecho a defensa», lo que, según sus abogados, afecta las «garantías mínimas de un juicio justo» y constituye una «violación al debido proceso» según el Artículo 115 de la Constitución y tratados de Derechos Humanos. También critica la «dilación injustificada» y la actuación «incompatible» con los deberes del Ministerio Público, aludiendo al principio de objetividad y celeridad.
En su solicitud, Zúñiga pide una «declaración ampliatoria inmediata» para subsanar la omisión y garantizar su derecho a defensa. Adicionalmente, solicita una «audiencia personal con el Fiscal General» para exponer aspectos de fondo de su caso, ya sea en su celda o en otra área penitenciaria.
Legalmente, el derecho a declarar de todo imputado debe ejercerse antes del cierre de la investigación, y su impedimento configuraría una nulidad procesal. Además, los fiscales tienen la obligación de actuar con celeridad y objetividad.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHSB) informó el 3 de julio de 2025 que realizó una visita a Zúñiga en la cárcel de Cochabamba, donde él les solicitó hacer llegar una carta al Fiscal General.
