La Paz, Bolivia, 28 de agosto de 2025. La Defensoría del Pueblo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proceso por los hechos de Senkata, ocurridos en noviembre de 2019, corre el riesgo de quedar en la impunidad. La institución expresó su “extrema preocupación” por las recientes determinaciones judiciales que anularon obrados hasta la foja 2 del expediente, más de cinco años después de iniciada la investigación.
Según la Defensoría, esta decisión vulnera el derecho de las víctimas a una justicia pronta y efectiva. Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó al Estado boliviano realizar una investigación seria y diligente, con respeto tanto a las víctimas como a los procesados.
La entidad también pidió a instituciones como el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa presentar informes detallados sobre las medidas adoptadas para proteger a víctimas, testigos y denunciantes, además de explicar el avance en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia.