El Gobierno decidió abrogar el Decreto Supremo 5547 en respuesta a la presión ejercida por productores arroceros y soyeros de Yapacaní y San Julián, quienes habían advertido con retomar medidas de protesta, incluidos bloqueos de caminos y la posible toma de pozos petroleros.
La decisión fue aprobada el viernes (20.03.26) por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES), en el marco de acuerdos alcanzados en mesas de diálogo entre autoridades del Ejecutivo y representantes del sector productivo, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
La norma abrogada establecía gravamen cero para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026, disposición que fue rechazada por productores del Norte Integrado de Santa Cruz y del Beni, quienes consideraron que afectaba a la producción nacional.
Según el reporte oficial, tras la aprobación en CONAPES, la abrogación siguió un procedimiento administrativo y técnico antes de su entrada en vigencia, que se concreta con su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
El Ministerio aclaró que este proceso “garantiza seguridad jurídica tanto para el Estado como para los productores” y que no se trató de una demora, sino del cumplimiento de los plazos establecidos en la administración pública.
La medida responde también al compromiso asumido por el Ejecutivo el pasado 10 de marzo, cuando el ministro de Desarrollo Productivo y Aguas, Mario Justiniano, se trasladó a la zona de conflicto para desactivar bloqueos y acordó anular la norma en un plazo de 72 horas, que finalmente se concretó tras completar los trámites internos.
En este contexto, el Gobierno reiteró su rechazo a las advertencias de nuevas medidas de presión, al considerar que la principal demanda del sector ya se encuentra en curso de solución por la vía administrativa y legal.
Asimismo, advirtió que la continuidad de acciones de confrontación podría generar efectos negativos en la economía nacional, en un escenario en el que se busca estabilidad y certidumbre para las actividades productivas.
Inicialmente, el Ejecutivo había defendido el D.S. 5547 como una medida orientada a fortalecer la producción de subproductos de soya, equilibrar la oferta y la demanda, y garantizar mayor disponibilidad de materia prima para la industria nacional.
Se trata del segundo retroceso del Gobierno en materia económica en lo que va del año, tras la abrogación del Decreto Supremo 5503 el pasado 11 de enero, en medio de movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana.
Por su parte, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) calificó como innecesaria la aplicación de la norma, al sostener que la producción nacional supera la demanda en más del 80%, y reiteró su demanda de liberar las exportaciones sin restricciones ni cupos.
