El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia tiene «una sola oportunidad» para revertir la caída de su producción de hidrocarburos mediante la aprobación de una nueva ley, en un escenario donde el margen de error es mínimo. La advertencia se conoce mientras el trámite legislativo de la norma sigue sin confirmarse en la Asamblea Legislativa.
El presidente Rodrigo Paz anunció hace aproximadamente tres semanas que la ley de hidrocarburos estaba cerrada y lista para su envío a la Asamblea, junto con las normas de minería e inversiones. Sin embargo, el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, señaló de manera extraoficial que no tenía conocimiento de que la propuesta hubiera ingresado al Legislativo. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, insistió en que la aprobación de la norma es el paso central para recuperar la producción y atraer capital privado.
La certificación de reservas presentada por YPFB al 31 de diciembre de 2025 establece que Bolivia cuenta con 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas (1P), 2,76 TCF de reservas probadas y probables (2P) y 3,24 TCF al incluir las posibles (3P). Blanco calificó la situación como «catastrófica» y recordó que las reservas llegaron a 10,1 TCF. «Sin inversión no hay exploración, sin exploración no hay reservas, sin reservas no hay producción y soberanía energética», afirmó.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, pidió aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive la exploración y permita recuperar la capacidad productiva del país. Antelo advirtió que, sin nuevos proyectos, en 2030 toda la producción podría destinarse al mercado interno, y afirmó que «el mar de gas se agotó». La producción nacional cayó de niveles cercanos a 60 millones de metros cúbicos diarios a alrededor de 27 millones en 2025, mientras el índice de reposición de reservas se situó en 0,86.
El Gobierno también defendió el decreto que permite la importación de gas como una medida preventiva ante posibles dificultades de abastecimiento. «No es que vaya a pasar, pero tenemos que tener un plan B», señaló Blanco, quien sostuvo que Bolivia «no se quedó sin gas, se quedó sin inversión».

