La Paz, Bolivia, 26 de marzo de 2025. La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez Del Castillo, anunció que en los próximos días se promulgará la “Ley de Congelamiento de Tarifas”, la cual pretende “mejorar” la calidad del servicio del transporte público, eliminando los trameajes y garantizando el cumplimiento de las tarifas diferenciadas antes de aplicar cualquier incremento.
Ante las declaraciones de la asesora jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Amparo Morales, quien acusó a los concejales que aprobaron la norma de usurpar funciones, Pérez Del Castillo rechazó la afirmación y la calificó de politizada.
Según la autoridad, esta postura refleja un desconocimiento de la ley y los procesos penales anunciados representan un intento de amedrentamiento que no será aceptado ni por el Concejo ni por la población paceña.
El Concejo Municipal aprobó la normativa el 5 de marzo con el objetivo de revertir el incremento en las tarifas del transporte público, autorizado por el alcalde Iván Arias el 25 de febrero. Según Pérez Del Castillo, la decisión del Ejecutivo edil no tomó en cuenta la mejora de las condiciones del servicio ni el cumplimiento de la normativa vigente, que obliga a la alcaldía a supervisar el transporte y proponer mejoras.
La concejala aclaró que la nueva ley no impone tarifas adicionales, sino que mantiene vigentes las establecidas en la Resolución Ejecutiva 051/2016. Esta norma, aprobada durante la gestión del exalcalde Luis Revilla, fija el costo del pasaje en Bs 2 para tramos cortos y Bs 2,60 para tramos largos, hasta que se cumpla el acuerdo firmado en ese entonces entre la alcaldía y el sector de transporte.
A un mes de la promulgación de la Resolución Municipal de Iván Arias, que aumentó las tarifas a Bs 2,40 para tramos cortos y Bs 3 para los largos, Pérez Del Castillo afirmó que no se observó ninguna mejora en el servicio. Por el contrario, aseguró que aumentaron los trameajes y no se respetan las tarifas diferenciadas, lo que atribuyó a la falta de control municipal.
Organizaciones vecinales, escolares y otros sectores expresaron su malestar por estas irregularidades. Además, criticaron la ausencia de socialización del estudio técnico que justificó el incremento tarifario, el cual establecía un rango entre Bs 2,17 y Bs 2,40.