La Paz, Bolivia, 12 de noviembre de 2025. Un 12 de noviembre de 2019, la otrora senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez asumió la Presidencia del Estado en una sesión sin quorum y ante la ausencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y bajo la declaración: “Asumo de inmediato la Presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”.
Esa jornada marcó el inicio de una sucesión de hechos inconstitucionales.
Tras las renuncias consecutivas de Evo Morales, Álvaro García Linera (entonces vicepresidente) y de los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, respectivamente, Áñez instaló un acto bicameral, en la Asamblea Legislativa. Luego de justificar un presunto “vacío de poder” debido a la dimisión de Morales y su salida del país, a México, Áñez se proclamó sucesora.
La gestión de Áñez se planteó como un puente hacia nuevas elecciones, pero su legitimidad quedó en entredicho desde el inicio. Su gobierno enfrentó protestas con uso de fuerza militar y policial, y más tarde ella fue apresada por acusaciones de resolución contraria a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Sin embargo, en noviembre reciente, la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la condena de 10 años que la exmandataria había recibido en 2022, tras determinar que el juicio ordinario vulneró el debido proceso. Con siete de nueve votos, el tribunal concluyó que Áñez actuó bajo un “estado de necesidad constitucional” para preservar la continuidad institucional.
La liberación de Áñez, después de casi cinco años en prisión preventiva, revive las heridas del conflicto político de 2019. Sectores del país mantienen la convicción de que hubo una ruptura del orden constitucional.
A seis años, Bolivia enfrenta el reto de renovar su sistema político, fortalecer sus instituciones y cerrar los episodios de polarización que nacieron con ese episodio.