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El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional,  Carlos Calderón, presentó su renuncia irrevocable al cargo, mediante una carta donde si bien defiende la prórroga, considera que la misma ha sido mal entendida y tergiversada.  Según el ahora exmagistrado, la reacción de diversos actores ante la prórroga ha conllevado a una incertidumbre en la población litigante,  pero además en el plano personal le ha traído incomodidad y malestar.  «Empero esta decisión judicial constitucional -muy a pesar de los motivos antes expuestos-fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana, situación que genera incertidumbre principalmente en el foro litigante, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la misma que hace inviable la continuidad del suscrito en el cargo, razón que decanta en la RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA«, dice su carta difundida por radio La Plata.  Defendió la prórroga de los magistrados,  bajo el argumento de que buscaba evitar la vacancia de los altos tribunales y la suspensión de plazos procesales. «En ese sentido, estoy seguro de que la DCP 044/2023 (que dispone la prórroga), es la medida idónea para superar el desfase constitucional planteado por la no realización del proceso de preselección de candidatos a magistrados para el órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, pues determina que sea ejercido por aquellas personas que están habilitadas por la Constitución para su ejercicio, no asigna, quita o limita ninguna competencia ni atribución constitucional de ningún órgano del Estado, y más bien persigue el funcionamiento Orgánico y republicano sentado en el art. 12 de la CPE«, agrega el texto.  Los magistrados han sido el  blanco de las críticas de parte de opositores, el ala evista y personalidades, quienes rechazaron que las propias autoridades judiciales hayan emitido una decisión para beneficiarse a sí  mismas con la autoprórroga. Sus detractores acusan a los magistrados de haber actuado en contubernio con el Gobierno y el ala arcista, para beneficiarse mutuamente dilatando la realización de elecciones judiciales a cambio de sentencias favorables al oficialismo. Erbol

Luego de surgir llamados a la desobediencia civil contra los magistrados prorrogados en el cargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, parte del Ministerio de Justicia, Jorge Silva, advirtió este miércoles que eso sería un delito pasible de abrir una causa. “Ese ya es un delito. Llamar a la desobediencia civil es un delito y, bueno, hay instancias competentes para abrir causas sobre estos temas”, dijo el Viceministro. En las últimas horas, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció acciones para convocar a una desobediencia civil ante los magistrados, al considerar que están usurpando funciones al ejercer el cargo más allá de su mandato. La prórroga de magistrados ha generado el rechazo de opositores y el ala evista del MAS, quienes anunciaron hasta procesos contra las autoridades judiciales al considerar que se favorecieron a sí mismas al extender su mandato más allá de los seis años que les correspondía. El viceministro Silva consideró inconcebible que legisladores amenacen con juicios a los magistrados. Justificó que cada órgano tiene que velar por sus procedimientos y evitar que existan vacíos de poder. “No debería haber ningún temor a una advertencia, amenaza de un proceso cuando uno ha actuado en el marco de la Constitución y las leyes”, agregó. Los magistrados se prorrogaron en el cargo bajo el argumento de que no se eligió a sus reemplazantes, pero sus detractores les acusan de actuar en contubernio con el Gobierno y el ala arcista para dilatar la realización de elecciones judiciales y beneficiarse mutuamente. Respecto a las versiones sobre la renuncia de algunos magistrados, Silva dijo que respeta las decisiones, pero advirtió que una dimisión obligada es nula de derecho. Erbol