Abya Yala

La Paz, Bolivia, 13 de noviembre de 2025. Un operativo encabezado por los asambleístas departamentales Samanta Coronado, Israel Alanoca y Aida Quispe destapó este miércoles un caso de corrupción en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, donde se exigía a más de 500 funcionarios pagos periódicos a cambio de mantener sus cargos. Según las denuncias recibidas por los legisladores los cobros se hacían bajo instrucciones del gobernador Santos Quispe. “Una denuncia anónima nos indicó que en esta oficina del edificio V Centenario, se estaban realizando cobros a todo el personal del SEDES. Entonces nos hemos constituido Israel Alanoca, Aida Quispe y mi persona, y descubrimos infraganti a estos funcionarios. Uno de ellos forcejeo con Israel y salió corriendo de la oficina, pero pudimos agarrarlo más abajo y se quedó con custodia policial”, relató Coronado. En el interior de la oficina, los legisladores departamentales encontraron las planillas de cobro, una computadora con la base de datos del personal y tres cajones llenos de dinero en billetes de diferentes cortes: Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200. “Son más de 500 funcionarios y hemos podido ver el escritorio lleno de dinero que cobraban a los funcionarios. Está la computadora es donde están todas las listas, en esta computadora está almacenado todo. Es vergonzoso este tema de corrupción en el SEDES”, manifestó el asambleísta Israel Alanoca. Según los legisladores, los cobros se realizaban mensualmente y el monto se definía de acuerdo al cargo. Además según las denuncias este tipo de prácticas también se replicarían en otras reparticiones de la Gobernación, como el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), el Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) y otros. De acuerdo con los asambleístas, una de las funcionarias aprehendidas admitió que los cobros eran “por instrucción del gobernador Santos Quispe”. La investigación preliminar apunta a posibles delitos de cohecho pasivo, beneficio en razón del cargo o extorsión. En el lugar también se encontraba un exfuncionario del SEDES que afirmó haber sido despedido por negarse a realizar los pagos exigidos. “Me dieron mi memorándum de agradecimiento por no haber cancelado estos cobros ilegales”, relató. Según su testimonio, inicialmente los aportes se recaudaban dentro del propio SEDES, pero posteriormente se habría instruido trasladar la operación al edificio V Centenario. Su versión coincide con las denuncias anónimas que dieron origen al operativo y que fueron acompañadas con capturas de pantalla de un grupo institucional de WhatsApp denominado “Hacemos Gestión”. En esos mensajes se convocaba al personal a realizar los pagos en la nueva oficina: “Les esperamos con el compromiso de siempre los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12, de 09:00 a 14:00, en nuestra nueva dirección: edificio V Centenario, segundo piso, oficina 20A. (…) Se recomienda a quienes tengan pendientes de meses anteriores ponerse al día a la brevedad, a fin de evitar observaciones posteriores”, se lee en uno de los textos. Los legisladores denunciantes pidieron también que se investigue quién alquiló la oficina donde se realizaban los cobros y que se identifique a todos los responsables de este hecho de corrupción.

La Paz, Bolivia, 13 de noviembre de 2025. El trabajo legislativo de la nueva gestión comienza con la conformación de las comisiones y comités en ambas cámaras, una tarea para encarar los temas urgentes que aguardan en agenda. Este jueves, la Cámara de Diputados y la de Senadores sesionan con el objetivo de definir las directivas de 22 comisiones y 57 comités, paso indispensable antes de tratar las leyes electorales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El calendario impone dos plazos decisivos. El TSE debe lanzar la convocatoria a las elecciones subnacionales hasta el 19 de noviembre, para lo cual necesita que la ley electoral esté aprobada. Además, los vocales del Tribunal concluyen su mandato el 19 de diciembre, y el Legislativo debe designar a sus reemplazantes, un proceso que en anteriores gestiones demandó alrededor de 45 días. En la Cámara de Senadores se debe conformar las directivas de 10 comisiones y 20 comités permanentes, mientras que en Diputados se deben elegir a los representantes de 12 comisiones y 37 comités.

Santa Cruz, Bolivia, 12 de noviembre de 2025. El Consejo de la Magistratura informó hoy sobre los avances de las inspecciones realizadas en los juzgados del departamento de Santa Cruz, tras recibir denuncias sobre retardación de justicia y mora procesal. Carlos Spencer, consejero del organismo, indicó que la Unidad de Control y Fiscalización identificó 76 casos graves, en los que se constató inactividad procesal injustificada y prolongación indebida de causas judiciales. Como resultado de estas investigaciones, 20 jueces serán sometidos a proceso disciplinario por presunta responsabilidad en los hechos. “Estas inspecciones responden a un mandato claro: garantizar a la ciudadanía una justicia pronta y cumplida. La retardación y la mora procesal no solo son una falta administrativa; son una vulneración directa a los derechos de las personas”, afirmó Spencer. Agregó que los casos graves serán tratados con máxima celeridad y rigor, aplicando todo el peso del régimen disciplinario. El informe del Consejo de la Magistratura se centra en evaluar el desempeño de los juzgados, verificar el avance de los procesos, el cumplimiento de los plazos legales y la justificación de cualquier demora. El objetivo es erradicar las prácticas que generan congestión procesal y afectan la credibilidad de la justicia. Spencer anunció que el proceso de inspección continuará hasta completar el 100% de los juzgados, momento en el que se presentará un informe general. Con estas acciones, el Consejo reafirma su compromiso de supervisión y su rol en la defensa de la ética judicial y el buen servicio a la población.

Cochabamba, Bolivia, 12 de noviembre de 2025. Efectivos policiales continúan resguardando las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, luego de que en gestiones pasadas se registraran enfrentamientos entre organizaciones afines al expresidente Luis Arce y militantes del ala “evista». Durante el mandato de Arce, los enfrentamientos se produjeron sin mayores incidentes, cuando sectores vinculados al expresidente Evo Morales intentaron tomar el control de la sede sindical. Sin embargo, tras el cambio de gobierno y la asunción del presidente Rodrigo Paz, junto al vicepresidente Edmand Lara, el resguardo policial se mantiene de forma permanente. Mientras tanto, los dirigentes afines a Arce aseguran que las instalaciones continúan siendo un espacio legítimo de representación sindical, y advirtieron que no permitirán intentos de toma por parte de otros grupos. Por su parte, sectores evistas exigen que se convoque a un nuevo congreso departamental para renovar la dirigencia y “recuperar la institucionalidad” de la organización campesina. La Policía, por el momento, mantiene la vigilancia en el lugar y no se reportaron nuevos incidentes.