Abya Yala

La Paz, Bolivia, 12 de noviembre de 2025. Un 12 de noviembre de 2019, la otrora senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez asumió la Presidencia del Estado en una sesión sin quorum y ante la ausencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y bajo la declaración: “Asumo de inmediato la Presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”. Esa jornada marcó el inicio de una sucesión de hechos inconstitucionales. Tras las renuncias consecutivas de Evo Morales, Álvaro García Linera (entonces vicepresidente) y de los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, respectivamente, Áñez instaló un acto bicameral, en la Asamblea Legislativa. Luego de justificar un presunto “vacío de poder” debido a la dimisión de Morales y su salida del país, a México, Áñez se proclamó sucesora.  La gestión de Áñez se planteó como un puente hacia nuevas elecciones, pero su legitimidad quedó en entredicho desde el inicio. Su gobierno enfrentó protestas con uso de fuerza militar y policial, y más tarde ella fue apresada por acusaciones de resolución contraria a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sin embargo, en noviembre reciente, la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la condena de 10 años que la exmandataria había recibido en 2022, tras determinar que el juicio ordinario vulneró el debido proceso. Con siete de nueve votos, el tribunal concluyó que Áñez actuó bajo un “estado de necesidad constitucional” para preservar la continuidad institucional. La liberación de Áñez, después de casi cinco años en prisión preventiva, revive las heridas del conflicto político de 2019. Sectores del país mantienen la convicción de que hubo una ruptura del orden constitucional. A seis años, Bolivia enfrenta el reto de renovar su sistema político, fortalecer sus instituciones y cerrar los episodios de polarización que nacieron con ese episodio.

La Paz, Bolivia, 12 de noviembre de 2025. El vicepresidente Edmand Lara denunció que el actual comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, incumple un fallo judicial que desde enero le ordenaba dejar el cargo. Lara aseguró que el caso fue conocido por el expresidente Luis Arce, a quien acusó de haber “protegido” al jefe policial. “El general Russo debía dejar de ser comandante general y ser procesado en la vía penal y disciplinaria. La sala constitucional del Beni ordenó su destitución y el Ministerio Público y la Fiscalía Policial no han hecho nada”, declaró el vicepresidente durante una conferencia de prensa. Explicó que el auto constitucional del 23 de enero de 2025 dispuso la remisión de antecedentes del comandante general al sistema disciplinario policial y al Ministerio Público, tras comprobar el incumplimiento de un fallo que favorecía al policía Éric Rodrigo Gálvez Cabrera. El recurso denunciaba que Russo había vulnerado derechos al negar el acceso a cursos y diplomados dentro de la institución. Lara indicó que la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana establece que todo efectivo bajo investigación debe ser puesto a disposición de la Fiscalía Policial y destinado a otra unidad. “No hay privilegios por rango o cargo. La ley alcanza a todos, y el comandante general no puede ser la excepción”, señaló. El vicepresidente pidió al Ministerio Público, a la Fiscalía y a la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi) cumplir la ley y procesar al jefe policial. “No puede haber impunidad. Nos comprometimos a reestructurar la Policía y vamos a hacerlo”. Lara también reveló que solicitó al presidente Rodrigo Paz el cambio total del alto mando policial con el argumento de que la corrupción persiste en las estructuras de la institución. “Mientras no se cambie el alto mando, seguirán los actos de extorsión y los hechos de corrupción”.

Cochabamba, Bolivia, 12 de noviembre de 2025. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba manifestó su rechazo rotundo a la posible instalación de bases o unidades de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) en territorio del trópico cochabambino. El dirigente Akilardo Caricari aseguró que las organizaciones cocaleras “no permitirán la intromisión de agentes extranjeros”, luego de que autoridades nacionales anunciaran un posible trabajo coordinado con dicha institución internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Caricari también informó que, ante la coyuntura política y de seguridad, se incrementarán las medidas de resguardo para el expresidente Evo Morales, líder histórico del sector cocalero, con el objetivo de prevenir cualquier situación de riesgo. La dirigencia del trópico reiteró su compromiso con la soberanía nacional y la erradicación del narcotráfico bajo control boliviano, sin injerencia de organismos externos.