Abya Yala

Cochabamba, Bolivia. El transporte federado, libre y pesado de Cochabamba se declaró en emergencia debido al desabastecimiento de combustible que afecta al departamento en los últimos días. Los transportistas denunciaron largas filas en los surtidores en busca de diésel, reportando que algunos afiliados del transporte pesado han tenido que esperar hasta dos días para abastecer sus vehículos. Representantes del sector señalaron que esta situación está generando grandes pérdidas económicas, afectando gravemente sus operaciones. Advirtieron que, si no se da una pronta solución al problema de suministro, no descartan asumir medidas de presión en los próximos días. El secretario ejecutivo del transporte federado, José Orellana, manifestó su preocupación por la crisis de combustible y exigió al gobierno nacional una respuesta inmediata para evitar una paralización total del servicio en el departamento. Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el conflicto, mientras la situación sigue generando malestar entre los transportistas y la población afectada por la escasez de diésel.

La Paz, Bolivia. El alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, enfrenta una imputación formal por los delitos de uso indebido de bienes del Estado y almacenamiento ilegal de combustible. La denuncia surgió tras el hallazgo de 7.000 litros de diésel dentro de predios municipales, lo que levantó sospechas sobre su destino y uso. Según la investigación, el combustible estaba almacenado en tanques de agua dentro de la alcaldía, lo que generó denuncias por parte de la población. La Fiscalía sostiene que Apaza habría utilizado estos recursos para su comercialización, vendiendo el diésel a un precio superior al subvencionado por el Estado. El alcalde, por su parte, argumentó que el combustible pertenecía a una empresa constructora que trabaja en proyectos viales en la región. Sin embargo, esta versión aún no ha sido respaldada con pruebas documentales o testimonios que la sustenten. El caso se da en medio de una crisis de abastecimiento de diésel en el país, que ha generado preocupación en sectores productivos y del transporte.

La Paz, Bolivia. El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, anunció un preacuerdo con los productores de Santa Cruz para flexibilizar las restricciones a la exportación de soya. Este acuerdo surge tras negociaciones con sectores interculturales, que exigían la eliminación del veto y el restablecimiento del abastecimiento de harina solvente. Siles explicó que, como parte del entendimiento, se priorizará a los productores primarios en el acceso a la materia prima, garantizando así el abastecimiento interno antes de liberar los excedentes para exportación. Asimismo, el viceministro adelantó que se implementarán ajustes en las normativas para asegurar un equilibrio entre la producción nacional y las necesidades del mercado externo. El sector sojero, uno de los más importantes para la economía del país, ha expresado su preocupación por las restricciones a la exportación, argumentando que estas afectan su competitividad. Con este preacuerdo, se busca alcanzar una solución que beneficie tanto a los productores como a los sectores dependientes de la industria sojera. El Gobierno espera concretar la liberación de las exportaciones en los próximos días, una vez se formalicen los compromisos y se definan los mecanismos de control para evitar desabastecimientos en el mercado interno.