La alianza de Keiko Fujimori descarta revisar las actas pese a las denuncias de irregularidades electorales de Juntos por el Perú. El partido de Roberto Sánchez señala la supresión de la digitalización de votos en el extranjero y otras anomalías. El partido fujimorista Fuerza Popular rechazó este viernes en Perú la propuesta de realizar un recuento de votos total de la segunda vuelta presidencial, tras denuncias de graves anomalías presentadas por la alianza Juntos por el Perú (JP). Con el 98,27% de las actas escrutadas por los organismos electorales, la derechista Keiko Fujimori registra el 50,004% de los sufragios válidos. Por su parte, el candidato progresista Roberto Sánchez alcanza el 49,996%, lo que representa una diferencia de apenas 1.616 votos a favor del fujimorismo. Ante esta mínima diferencia, el dirigente de Juntos por el Perú propuso revisar el total de las actas electorales de la segunda vuelta. Sin embargo, la agrupación fujimorista descartó de forma inmediata la medida, argumentando que respetarán estrictamente los canales legales establecidos para el conteo final. El candidato a la vicepresidencia por el fujimorismo, Luis Galarreta, argumentó que la democracia se rige por un marco jurídico predeterminado y no por la voluntad de los candidatos. El vocero derechista y exlegislador aseveró que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya ejecutan la revisión correspondiente, limitándose de forma exclusiva a las actas con observaciones. Galarreta remarcó que «aquellas mesas que han sido observadas, ésas son las que el jurado electoral, no el señor Sánchez ni Luis Galarreta, decide pasar a reconteo o no». Durante la jornada el Ente electoral de Perú rechazó la solicitud hecha por Juntos por el Perú. «El pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, en uso de sus atribuciones, resuelve declarar improcedente la solicitud de nulidad de los resultados del escrutinio realizado en 1.751 mesas de sufragio de la provincia de Lima por indicios razonables de fraude y alteración de altas electorales, interpuesto por la organización política Juntos por el Perú», se indica en la resolución del ente. Por el contrario, Roberto Sánchez defendió la necesidad de efectuar una auditoría generalizada en las zonas geográficas con indicios de manipulación. El líder progresista criticó las intenciones de la derecha por anular de manera selectiva los sufragios emitidos en el sur de Perú. Juntos por el Perú denuncia irregularidades La plataforma de izquierda identificó presuntas anomalías estructurales tanto en la capital, Lima, como en los centros de votación ubicados en el exterior. Con base en estos hallazgos, la organización partidaria formalizó recursos jurídicos para invalidar mesas receptoras de sufragios en diversos distritos clave de la urbe limeña. El equipo legal de Juntos por el Perú interpuso solicitudes formales ante los jurados regionales para declarar la nulidad de 1.657 mesas de votación en Lima. El partido fundamenta esta petición en la detección de duplicidades de firmas y alteraciones evidentes en el llenado físico de las actas de escrutinio. Las denuncias por irregularidades electorales se extienden también a las legaciones diplomáticas peruanas. El bloque de izquierda exigió anular 652 mesas dispuestas en Estados Unidos y 233 en Argentina, acusando una vulneración sistemática del derecho de defensa de sus personeros. Asimismo, los dirigentes denunciaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una polémica directiva técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con la acusación, el organismo estatal eliminó la obligación de escanear y digitalizar las actas en el exterior antes de su envío físico. Los denunciantes cuestionaron que la digitalización obligatoria rigió con normalidad para los 35 candidatos presidenciales durante la primera vuelta de las elecciones en Perú. No obstante, la ONPE anuló esta disposición técnica en mayo, forzando a que las actas internacionales viajen únicamente de forma física. Para transparentar el proceso, Juntos por el Perú demandó la entrega inmediata de los padrones oficiales de votantes de las sedes de Buenos Aires y Estados Unidos. Con este insumo, los técnicos de la coalición esperan contrastar la identidad de los sufragantes con los totales informados. Actualmente, los órganos electorales peruanos registran un acumulado de 1.579 actas observadas en esta disputada segunda vuelta. Del total reportado, los magistrados electorales derivaron 154 documentos al recuento físico de votos, aunque únicamente cuatro de estas solicitudes lograron avanzar a la fase de audiencia pública. Tensión en Lima La tensión política se traslada también a las calles de Lima, donde simpatizantes progresistas mantienen vigilias permanentes. Los voceros de izquierda denunciaron actos de amedrentamiento policial contra los ciudadanos apostados en carpas frente a la sede principal del JNE para exigir la transparencia del sufragio. Por su parte, Roberto Sánchez instó a la ciudadanía a continuar la defensa pacífica de la democracia en las calles mediante movilizaciones autoconvocadas. La coalición Juntos por el Perú reiteró que el recuento de votos representa el único mecanismo viable para dotar de estabilidad y confianza al próximo gobierno constitucional de Perú. Desde la Municipalidad de Lima Metropolitana anunciaron la realización de un operativo de seguridad frente a posibles protestas ciudadanas durante el fin de semana. «Estamos disponiendo un dispositivo de operativo especial de control territorial, de carácter preventivo, permanente y escalonado. Simultáneamente haremos vigilancia terrestre, control vehicular, videovigilancia. Tenemos 1.000 cámaras que van a estar puestas al servicio de la vigilancia en general», dijo en conferencia de prensa el alcalde del distrito, Renzo Reggiardo.
