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“En Perú estamos esperando que se termine de reconfigurar el proceso de transición. El 28 de julio vamos a estar ahí atendiendo la posesión de doña Keiko Fujimori”, anunció Aramayo en el programa Periodismo Sin PhotoShop, aunque no confirmó ni descartó si la delegación será liderada por el presidente Rodrigo Paz. En su cuarto intento electoral, Fujimori, de 51 años, ganó la presidencia del Perú con un poco más de 49.700 votos, un 0,27%, frente al izquierdista Roberto Sánchez. El voto de los peruanos en el exterior fue lo que finalmente le dio el triunfo a Fujimori, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori. Luego de conocerse los resultados finales del balotaje, el 29 de junio, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Fujimori “por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano”. “Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos”, señaló. En respuesta, Fujimori manifestó su intención de fortalecer la cooperación con Bolivia y trabajar junto al mandatario boliviano. “Estoy segura de que podremos trabajar juntos para fortalecer la cooperación entre nuestros países y seguir consolidando la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestra región”, publicó en su cuenta en X. El Gobierno de Bolivia está a unas semanas de iniciar la designación de embajadores y cónsules y Perú está entre las prioridades, junto con Brasil, Chile y Estados Unidos. “Nuestro gran vecino, el de los 3.400 kilómetros de frontera, Brasil, es una prioridad sin lugar a duda. Las relaciones que estamos entablando tan positivas, tan constructivas con Chile, demandan ya tener una representación consular en Chile. Ya tenemos definido el perfil, ya se está ultimando detalles”, aseguró.

La nueva dirigencia de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz anunció este lunes que una de sus primeras medidas será ordenar una auditoría externa a la gestión saliente para revisar el manejo de los recursos sindicales, que, según calcularon, suman aproximadamente 600 mil bolivianos por mes, es decir, más de 7,2 millones de bolivianos por año. «Corresponde realizar una auditoría porque, además de todo, la directiva saliente, a la cabeza del profesor Gerardo Bustamante, no terminó de rendir cuentas. Tuvimos un congreso departamental en el que se rechazó su informe económico y se determinó que debía realizarse una auditoría externa. Ni bien asumamos oficialmente la dirección de la Federación, vamos a disponer esa auditoría», afirmó la nueva ejecutiva electa del magisterio paceño, Anaí Bozo. Tras imponerse en las elecciones sindicales y poner fin a décadas de predominio del frente trotskista URMA, Bozo, representante de Magisterio Combativo, señaló que existen dudas sobre la administración económica de la anterior dirigencia y afirmaron que corresponde transparentar el uso de los aportes de los maestros. «Hay muchos aspectos que revisar porque, al no haber existido cambios en 46 años, quedan muchas dudas sobre el manejo económico que pudo haber existido dentro de la Federación», afirmó. De acuerdo con el detalle, la Federación recibe alrededor de 600 mil bolivianos por mes provenientes de los aportes sindicales de los docentes. Aunque la dirigencia saliente presentaba informes económicos en los congresos departamentales, aseguraron que las rendiciones eran principalmente orales y que acceder a la documentación de respaldo resultaba difícil para los afiliados. «Como bases tenemos derecho a conocer cuán real fue el manejo económico. Cuando un colega solicitaba los informes, el trámite era complicado y hasta se exigía la intervención de abogados para acceder a la documentación», reveló. Asimismo, cuestionó que gran parte de los aportes sindicales se hayan destinado a la devolución de recursos mediante el denominado «presente navideño», que en su criterio, esos fondos deberían haberse priorizado el fortalecimiento institucional y la defensa legal de los maestros. «Durante mucho tiempo hemos solicitado que la Federación cuente con un bufete de abogados y una representación legal que nos defienda frente a los atropellos que sufrimos, no solo por parte de autoridades educativas, sino también de padres de familia, que en muchos casos han vulnerado la dignidad de los maestros. Cuando un docente es denunciado, intervienen el SLIM, la Alcaldía y se aplican normas como las leyes 1302 y 1320, que, desde nuestro criterio, vulneran la Constitución Política del Estado porque no garantizan plenamente el derecho a la defensa», explicó. El anuncio se conoce luego de que el frente Magisterio Combativo, encabezado por Anaí Bozo, ganó las elecciones de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz con el 35% de los votos, frente al 34% obtenido por URMA, poniendo fin a varias décadas de control del frente trotskista, entre ellos el profesor José Luis Álvarez, sobre el sindicato del magisterio paceño.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes que dispone de pruebas que darían cuenta de irregularidades masivas en los escrutinios de la elección presidencial del pasado 21 de junio, en los que se otorgó la victoria al ultraderechista Abelardo de La Espriella.  «Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista –propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del preconteo y de la logística del conteo definitivo–, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo [de la Espriella]», afirmó el mandatario en su perfil de X.  En sus palabras, «los algoritmos que viciaron el resultado electoral, se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos». Para ilustrar su alegato, refirió que en las mesas de votación desplegadas en el extranjero, en las que De la Espriella «consiguió 177.000 votos por encima de [Iván] Cepeda», se detectó la presencia de jurados residentes en Colombia y no «en EE.UU. y España», «lo cual es ilegal», así como «electores llevados para el mundial de futbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan». De acuerdo con Petro, este ‘modus operandi’ se habría repetido al interior del territorio colombiano, específicamente en «varias regiones» de los departamentos de Antioquia y Norte de Santander, así como en zonas de las ciudades de Medellín y Bogotá donde predominan las adherencias al conservadurismo político. «Por eso, mi hijo se encontró que a su nombre ya habían votado«, sostuvo, sin precisar cuál de sus hijos habría sido víctima de usurpación de identidad. Injerencia El dignatario insistió en denunciar que el recientemente concluido proceso electoral en su país fue objeto de injerencias extranjeras. En primera instancia apuntó a «una empresa de inteligencia privada israelí de nombre BlackCube», que habría sido la encargada de suministrar «algoritmos viciados y otros apoyos» a Thomas Greg & Sons.  A esto sumó acusaciones contra Balart, una compañía «de ‘lobby’ a la que le pagaron millones de dólares para limpiar la imagen de Abelardo [de la Espriella]» –que calificó como «bastante sucia», así como de «convencer» al presidente estadounidense, Donald Trump, de respaldar públicamente al ultraderechista, pese a sus nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico.  «Por mi charla telefónica con Trump pude constatar que él no sabía que yo no apoyaba a De la Espriella por sus viejas relaciones con el narcotráfico y el genocidio en Colombia. Ojalá, en medio de sus preocupaciones, tenga tiempo de llamar a sus cuerpos de inteligencia para que le digan quién es Abelardo de la Espriella, por qué es ciudadano norteamericano (sic) y quiénes son sus socios, incluido alias ‘Boliche’», manifestó. ‘Boliche’ es el apodo de Jorge Luis Hernández Villazón, un exnarcotraficante y exparamilitar colombiano que fungió como informante de la DEA y el FBI por cerca de 25 años, implicado en tramas de extorsión y lavado de activos en EE.UU., reseña El Espectador. La semana previa, el excandidato Iván Cepeda sindicó a Hernández Villazón de tener un «estrecho vínculo» con De la Espriella, quien antes de implicarse en la política ejerció como abogado defensor de figuras ligadas al paramilitarismo.  «Fraude electoral» Sobre esos alegatos, Petro afirmó: «El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera, prohibida en nuestra Constitución», al tiempo que aseveró que lo sucedido ha sido «el más duro golpe a la soberanía nacional, desde la reconquista española en los años de la ‘Patria Boba’». «Los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría que debieron detectar la entrada de algoritmos y la manipulación de formularios E14 desde el exterior, pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes», consideró. Así las cosas, concluyó que la Registraduría, ente encargado de dirigir los procesos electorales en el país suramericano, «torpemente o corruptamente», entregó «la seguridad del voto del pueblo de Colombia a la empresas cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional». «Ya tenían candidato en Colombia. Por eso, no hubo alarma», agregó. El pasado sábado, Cepeda Castro, que ya había admitido su derrota ante De La Espriella en el balotaje, declaró en un acto de masas que no reconocía a su otrora contendor como presidente de la República. Además, reiteró su llamado a mantenerse en «desobediencia civil pacífica» si el presidente electo mantiene sus «graves amenazas«, entre las que figuran la presunta intención de entregar la soberanía a EE.UU. y a Trump, desmantelar las reformas sociales, violar la Constitución y perseguir con violencia a la oposición.

La disponibilidad de dólares, una logística que garantice el abastecimiento y una reglamentación clara serán determinantes para que la apertura del mercado de combustibles a la importación por parte de privados tenga resultados concretos. Expertos y representantes del sector coinciden en que el Decreto Supremo N° 5644 que amplía la participación de privados es un paso importante, pero advierten que los resultados de la medida dependerán de tres factores. El 29 de junio, el Gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo N° 5644 que autoriza importar diésel y gasolina a personas naturales y jurídicas privadas tanto para consumo propio como para su comercialización en el mercado interno, y al mismo tiempo mantiene la venta de combustibles subvencionados por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).  “Ya sea que el privado o el Estado, ya sea que YPFB o una empresa privada importe, requiere dólares, y eso pasa por el tipo de cambio”, explicó el experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez en entrevista con el grupo EL DEBER. El experto subrayó que Bolivia importa alrededor del 95% del diésel y cerca del 60% de la gasolina que consume, por lo que el primer desafío sigue siendo el acceso a divisas ya que cualquier empresa interesada en abastecer el mercado deberá contar con dólares para comprar el combustible en el exterior.  Aunque el ingreso de privados al mercado de importación de combustibles para la comercialización puede reducir la presión sobre las reservas internacionales. “Ahora una parte de estos dólares destinados a la importación de combustibles van a salir del sector privado, y el Banco Central de Bolivia (BCB) va a poder ahorrar los dólares que el sector privado aumente. Creo que es una buena medida porque permite introducir competencia en el sector, dejar de depender únicamente de YPFB”, resaltó el exministro de hidrocarburos Álvaro Ríos. No obstante, también se debe considerar la logística como un segundo factor ya que si bien el ingreso de privados ampliará las fuentes de abastecimiento, representantes de las estaciones de servicio sostienen que las demoras en el despacho es uno de los principales problemas a resolver. La gerente de la Asociación de Empresarios Propietarios de Estaciones de Servicio (Asosur) de Santa Cruz, Susy Dorado, aseguró que actualmente las demoras en las plantas de distribución continúan afectando el abastecimiento.  “Lo que se ve se anota, dicen. No podemos ocultar las largas filas que tenemos ahora y esto es debido a las demoras que tiene la logística de YPFB, de parte de nosotros nuestras cisternas están prácticamente durmiendo en la puertas de las plantas para poder ingresar y recoger el producto pero las demoras que tienen, la logística que usan este momento es lo que causa la fila en los surtidores”, señaló. Según la representante del sector, Santa Cruz requiere aproximadamente 3,5 millones de litros diarios tanto de diésel como de gasolina, pero la programación actual no alcanza esos volúmenes. Para los especialistas, la apertura del mercado permitirá diversificar la oferta, aunque el abastecimiento dependerá también de que la cadena logística, desde la importación hasta la distribución en surtidores. Asimismo, se debe considerar como un tercer elemento la reglamentación que debe emitir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), aunque el nuevo decreto autoriza que las estaciones comercialicen simultáneamente combustibles de YPFB e importados por privados, esa posibilidad aún depende de la normativa. Dorado indicó que los surtidores esperan esa reglamentación para conocer los requisitos técnicos y administrativos que deberán cumplir antes de iniciar la comercialización. Estimó que, si la resolución se emite dentro de los plazos previstos y los trámites avanzan con rapidez, los primeros combustibles privados podrían comenzar a venderse durante los primeros días de agosto. El ministro de hidrocarburos Marcelo Blanco dijo que uno de los aspectos que reglamentará la ANH será un precio referencial. “Habrá un precio de referencia establecido por la ANH. Hay una entidad que regula y va a sacar el precio de referencia, si alguien sobrepasa el precio de referencia, primero se verá qué va a decir la normativa, porque se va a establecer un reglamento, además va a ser castigado por el consumidor, si usted ofrece a Bs 100 algo que vende al lado a Bs 50 pesos no lo va a comprar”, expresó. El ministro aseguró que se continuará ofertando en el mercado el combustible subvencionado, con los precios actuales. “Las importaciones que tiene Yacimientos no van a sufrir ninguna alteración en cuanto a precio se refiere”, remarcó.

Una intensa nevada registrada durante el fin de semana golpeó a 12 comunidades del municipio de San Pablo de Lípez, ubicada en el suroeste del departamento de Potosí. El fenómeno dejó incomunicadas varias carreteras, dañó pastizales nativos y provocó la muerte de al menos cuatro cabezas de ganado, según un reporte de Bolivia TV. La Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de San Pablo de Lípez y la Gobernación de Potosí realizan una evaluación para determinar la magnitud de los daños y establecer las acciones de respuesta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta por intensas nevadas con probabilidad de extenderse hasta este lunes en las comunidades de Quetena Chico y Quetena Grande, ambas pertenecientes al mismo municipio. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones en las carreteras y resguardar al ganado ante la persistencia de las bajas temperaturas. Además, analizan medidas de contingencia para mitigar las pérdidas en el sector productivo.

Un total de 3.140 litros de gasolina fueron secuestrados por efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando cuando eran trasladados en una lancha en el lago Titicaca. De acuerdo con un boletín institucional, la operación se realizó en coordinación con la Policía, que procedió a la aprehensión del conductor de la lancha, quien no presentó ningún documento que justifique el traslado del combustible. El aprehendido fue llevado a instalaciones de la fuerza anticrimen para la investigación correspondiente. La lancha interceptada es de color blanco, en la cual se transportaban 157 bidones de 20 litros cada uno, haciendo un total aproximado de 3.140 litros de gasolina. El contrabando de combustible es un factor que afecta a la normal provisión del carburante en el mercado interno. Desde el CEO–LCC se informó que este tipo de operativos se mantendrán activon con el objetivo de frenar el acopio ilegal y la comercialización de carburantes a precios elevados.