YPFB guarda silencio ante el estudio de Bolivia Verifica y especialistas exigen transparencia
Un informe de la organización suiza Public Eye documentó en 2016 que Trafigura y Vitol, dos empresas que proveen combustibles a Bolivia, aprovecharon los estándares débiles en países africanos para vender carburantes de mala calidad, que jamás habrían sido aceptados en Europa. La revelación de un estudio contratado por Bolivia Verifica y ejecutado por laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha provocado más cuestionamientos sobre la credibilidad del sector energético nacional. El informe especializado, que detectó niveles de goma superiores a los parámetros permitidos por la normativa boliviana, ha reactivado con fuerza el debate sobre la calidad de los combustibles importados y la opacidad que rodea a su adquisición. Según los resultados obtenidos en tres surtidores de la ciudad de La Paz, publicados el 8 de mayo por Bolivia Verifica, las muestras registraron concentraciones de goma que en algunos casos superan hasta ocho veces el límite legal, un hallazgo que no es solo un dato técnico aislado, sino que representa una amenaza directa para los usuarios. Analistas del sector advierten que la presencia excesiva de estos polímeros en la gasolina provoca la formación de depósitos en válvulas, obstruye los sistemas de inyección y deteriora prematuramente los motores, comprometiendo el rendimiento de los vehículos y la economía de los propietarios. Sin respuesta oficial Pese a la contundencia de los hallazgos académicos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha mantenido una postura de silencio institucional que, a juicio de los analistas, agrava la incertidumbre en el mercado interno. La estatal petrolera evitó responder a un cuestionario formal sobre los resultados del laboratorio, enviado el 8 de mayo por Bolivia Verifica, y, en sus recientes apariciones públicas, sus autoridades han evadido cualquier referencia directa al informe de la UMSA. Durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, la presidencia de la empresa dio por cerrado el caso de la denominada gasolina “desestabilizada”, atribuyendo los problemas a factores operativos internos, pero sin ofrecer una respuesta técnica sólida a las observaciones sobre el contenido de goma detectado en la gasolina importada. Esta falta de información ha sido interpretada por el experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velasquez, como una señal de la profunda debilidad institucional que afecta al sector. Velasquez subrayó la gravedad de que la academia, a través de una universidad, deba suplir las funciones de fiscalización del Estado. “El solo hecho de que la UMSA sea quien tenga que realizar el análisis de la calidad de la gasolina que circula en el país, es reflejo de la desinstitucionalización del sector hidrocarburos”, afirmó el analista, señalando además que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha sido la gran ausente en la regulación de lo que calificó como “gasolina basura”. Incógnitas sobre el origen Por su parte, el exministro de Hidrocarburos y analista energético, Álvaro Ríos, enfatizó que la presencia de carburantes fuera de norma en diversos surtidores de La Paz descarta la posibilidad de que se trate de incidentes aislados en estaciones de servicio específicas. Según Ríos, la recurrencia de estos hallazgos apunta a una falla sistémica que genera un temor justificado en la población. “Lo que está pasando ya es inexplicable, es complejo, porque nuevamente vuelve el temor a la población boliviana”, aseveró, añadiendo que la situación es crítica. “Este es un hecho masivo, reciente, fuerte y que está dañando la propiedad privada de los bolivianos”, apuntó. Para el experto, la duda central es si la contaminación ocurre en territorio nacional o si se está comprando intencionalmente gasolina fuera de especificación. Añadió que los análisis realizados por la UMSA constituyen una señal de alerta que debe ser respondida institucionalmente. El exfuncionario de YPFB y especialista en hidrocarburos, Fernando Rodríguez, afirmó que la crisis por la gasolina observada en el país evidencia fallas de control, deficiencias en la certificación de calidad y falta de transparencia en los contratos de importación de combustibles. Rodríguez sostuvo que el Gobierno debería transparentar los contratos de provisión, especificaciones técnicas y costos de importación para establecer responsabilidades sobre la calidad del combustible comercializado. “Lo real y concreto es que hay falta de transparencia. Uno puede opinar con mayor propiedad cuando Yacimientos muestre los contratos, especificaciones, proveedores y costos”, señaló. Ríos también cuestionó la falta de información pública sobre la importación y control de carburantes en los últimos meses. “No ha habido transparencia en el manejo de combustibles”, afirmó Ríos al referirse tanto a la etapa final del gobierno de Luis Arce como a la actual administración. “La pregunta es con qué certidumbre van a salir los bolivianos a comprar gasolina ahora”, añadió. Contradicciones Velasquez también cuestionó el manejo informativo y operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al considerar que la estatal emitió versiones contradictorias sobre el origen y comercialización del combustible observado.










