Justicia

Aprehenden a cuatro implicados en el asesinato de magistrado del Tribunal Agroambiental 

Las investigaciones de la Felcc y la Fiscalía apuntan a que el crimen estaría vinculado a una resolución sobre tierras emitida por la autoridad Las investigaciones desarrolladas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público derivaron en la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas con el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza. De acuerdo con los primeros indicios recolectados por los investigadores, el crimen habría sido ejecutado en represalia por una resolución relacionada con tierras que la autoridad judicial emitió en el ejercicio de sus funciones. Las pesquisas continúan en curso con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del hecho, identificar posibles autores intelectuales y establecer el grado de participación de los aprehendidos en este caso que ha generado preocupación en el ámbito judicial. Fuente: Informe Exclusivo

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Naciones Unidas demanda esclarecimiento y sanciones por el crimen del magistrado Claure

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato de Víctor Hugo Claure, magistrado del Tribunal Agroambiental, ocurrido en Santa Cruz. Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional solicitó a las instancias correspondientes una investigación profunda para dar con los responsables del hecho. La entidad multilateral subrayó la importancia de identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque para evitar la impunidad. El suceso violento tuvo lugar cerca de las 23:00 del pasado jueves, cuando el funcionario judicial disponía a descender de un vehículo de servicio público. Un sujeto desconocido bajó de una motocicleta y disparó repetidamente contra la integridad del magistrado. Los proyectiles impactaron en su humanidad y provocaron su deceso antes de recibir atención médica en un centro hospitalario cercano. La Policía Boliviana maneja la hipótesis de un conflicto vinculado a la tenencia de tierras como posible origen del atentado. Tras el incidente, la institución verde olivo activó operativos de protección especial para trece autoridades de alto rango del Órgano Judicial. Por su parte, la ONU manifestó su respaldo a los servidores públicos que ejercen funciones jurisdiccionales y extendió sus condolencias a la familia del fallecido.

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Exdirector de Migración, Marcel Rivas, es absuelto en el caso «alertas migratorias»

Rivas fue aprehendido el 19 de noviembre de 2020, 11 días luego de que el entonces presidente Luis Arce asumió la Presidencia. La Justicia determinó su detención preventiva el 21 de ese mismo mes, encierro que cumplió hasta marzo de 2024.El exdirector de la Dirección General de Migración, Marcel Rivas, fue absuelto del denominado caso «alertas migratorias» por el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción 18 de la ciudad de La Paz, en una decisión que marca un punto relevante en un proceso judicial iniciado en 2020. La resolución judicial dispone el levantamiento inmediato de todas las medidas restrictivas que pesaban sobre Rivas en este caso, poniendo fin al último proceso pendiente en su contra relacionado con su gestión como director de Migración entre finales de 2019 y 2020. «Luego de cinco años y cinco meses de una persecución irracional y política, en el que se inventaron procesos y hasta me culparon de delitos inexistentes, un juzgado de La Paz, dispuso la absolución a mi favor en un último proceso que quedaba en mi contra, que tiene que ver con las alertas migratorias, cuando era director de Migración entre fines de 2019 y 2020″, sostuvo Rivas, tras conocer el fallo. En ese sentido, consideró que esta decisión refleja cambios en la administración de justicia, al considerar que ya no existirían injerencias externas en el Órgano Judicial. En sus declaraciones, afirmó que el sistema se estaría encaminando hacia el respeto del Estado de derecho, limitando la influencia del poder político en las decisiones judiciales. Rivas fue aprehendido el 19 de noviembre de 2020, 11 días luego de que el entonces presidente Luis Arce asumió la Presidencia. La Justicia determinó su detención preventiva el 21 de ese mismo mes, encierro que cumplió hasta marzo de 2024. No obstante, por otro caso que tiene que ver con las «alertas migratorias», se dispuso detención domiciliaria y otras disposiciones judiciales. De acuerdo a la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, en noviembre de 2020, Rivas, funcionario del gobierno de la entonces presidenta Jeanine Áñez, emitió de manera irregular 445 alertas migratorias desde noviembre de 2019 hasta el 4 de noviembre de 2020.

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Denuncian daño millonario en BoA y apuntan a gestión de Arce por ruta a Cuba sin respaldo técnico en medio de una gestión actual deficiente.

El Gobierno denunció un presunto daño económico de Bs 18,5 millones en Boliviana de Aviación (BoA), atribuido a decisiones adoptadas durante la gestión del expresidente Luis Arce Catacora en momentos en que la deficiente actual gestión en  la línea área que ha provocado protestas incluso de un embajador  y obligado al cambio del gerente. El viceministro de Transparencia, Yamil García, junto al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamorano, informó que ya se presentó una denuncia penal contra al menos seis exautoridades, por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso del daño económico. El eje del caso es la apertura y operación de la ruta Santa Cruz–La Habana, que —según el viceministro— se habría ejecutado sin estudios de viabilidad técnica, financiera ni operativa, pese a que estos eran exigidos por normativa interna de la estatal. “El principal componente del daño, que asciende a 14,4 millones de bolivianos, corresponde a la operación deficitaria de esta ruta entre octubre de 2023 y septiembre de 2025”, precisó García. La autoridad sostuvo que la investigación identificó una “mala administración de recursos públicos”, al haberse sostenido vuelos sin respaldo técnico previo, lo que terminó generando pérdidas acumuladas para la aerolínea estatal. La conferencia sobre el daño económico a BOA durante el gobierno de Luis Arce se realiza en una situación de crisis y maka imagen de la línea aérea que ha provocado una protesta pública del embajador de Francia en Bolivia. Precisamente, el 15 de abril  el ministro de Obras Públicas posesionaba a Eduardo Valdivia como gerente de BOA en sustitución de Juan José Galvarro, quien estuvo cinco meses en ese cargo

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Policía espera datos de dispositivos de Marset enviados a EEUU

La Policía Boliviana continúa con las investigaciones en territorio nacional y apunta a desarticular la organización criminal que Marset lideraba en territorio nacional. Por Mauricio Diaz Saravia El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó este lunes que los dispositivos electrónicos incautados en el caso del capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset fueron enviados a Estados Unidos y que se espera la información que permita ampliar las investigaciones. “La información que van a extraer, más las declaraciones que pueda dar el señor Marset, nos darán los elementos para iniciar investigaciones en el país contra todos los involucrados”, sostuvo la autoridad policial. Sebastián Marset Sokol remarcó que las pesquisas alcanzarán a todas las personas que hayan tenido algún vínculo con el caso. “Todos van a tener que pagar por lo que hicieron, por el enorme daño que han hecho a nuestro país”, afirmó. El jefe policial añadió que el objetivo es esclarecer responsabilidades y desarticular las estructuras que operaron en torno al narcotraficante, en el marco de un proceso que busca restablecer el orden institucional. Marset fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y ese mismo día fue entregado a los efectivos de la Administración para el Control de Droga (DEA, por sus siglas en inglés). Fue trasladado a Estados Unidos, donde debe responder ante la justicia por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Investigación Posteriormente, las autoridades bolivianas remitieron celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos electrónicos al país norteamericano, con el fin de extraer información clave que permita identificar a más implicados en la red criminal. La Policía Boliviana continúa con las investigaciones en territorio nacional y apunta a desarticular la organización criminal que Marset lideraba en territorio nacional.

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Defensoría del Pueblo logra tutela judicial y viabiliza alimentación en favor de 287 privados de libertad en Guayaramerín

La Defensoría del Pueblo en Riberalta logró la tutela judicial que ordena al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el pago de prediarios adeudados por nueve meses, a 287 personas privadas de libertad en el municipio de Guayaramerín. “Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mediante la Unidad de Coordinación Regional de Riberalta, se intervino en este conflicto en resguardo del derecho a la alimentación de personas privadas de libertad”, señaló la Coordinadora Regional de Riberalta de la Defensoría del Pueblo, Deysi Riveros De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, la provisión de alimentos se encontraba suspendida debido a que la empresa proveedora se negó a continuar con el suministro hasta que la Gobernación regularice los pagos pendientes. Esta situación derivó en la vulneración del derecho fundamental a la alimentación de la población penitenciaria. Durante la audiencia, “la Defensoría del Pueblo se ratificó en las pruebas presentadas en la acción de cumplimiento y adjuntó un voto resolutivo emitido por 287 personas privadas de libertad, en el que solicitaban el pago de la deuda acumulada”, añadió Riveros. Asimismo, en la audiencia la institución defensorial expuso un diagnóstico médico emitido por el centro de salud del recinto penitenciario, que evidenció casos de desnutrición y otras afecciones derivadas de la falta de alimentación. Tras la determinación judicial, el juzgado procederá a la notificación formal a la autoridad departamental, otorgándole un plazo de 15 días para cumplir con la resolución y garantizar el pago de los prediarios, lo que permitirá restituir el derecho vulnerado. La intervención de la Defensoría del Pueblo permitió visibilizar y revertir una vulneración crítica de derechos humanos en el centro penitenciario de Guayaramerín. La tutela obtenida representa un avance importante para garantizar condiciones mínimas de dignidad de las personas privadas de libertad.  En resguardo de los derechos fundamentales, estrechamente vinculado a la vida y la salud, la Defensoría del Pueblo continuará gestionando acciones para exigir el pago de servicios básicos, como agua y energía eléctrica, adeudados desde hace más de un año, situación que pone en riesgo las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en dicho recinto. La Defensoría del Pueblo recuerda a la población que tiene habilitada la línea gratuita 800-10-80-04 y el WhatsApp: 73993128 (Riberalta), 71133372 (Trinidad) para la recepción de denuncias sobre vulneración de derechos humanos. Fuente: Defensoria del Pueblo

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COB anuncia marcha para el martes exigiendo que el Gobierno atienda su pliego petitorio

El secretario ejecutivo de la entidad obrera, Mario Argollo, sostuvo que hay una falta de atención del Gobierno a los diferentes sectores y se hará conocer el pliego petitorio a las autoridades Tras un ampliado nacional, la Central Obrera Boliviana (COB) determinó convocar a una gran marcha para el martes para entregar el pliego petitorio anual al Gobierno nacional, según la información reflejada por la dirigencia. “En cumplimiento de las determinaciones orgánicas del ampliado nacional, se determinó realizar la entrega de nuestro pliego petitorio 2026 mediante una gran marcha para demostrar la unidad granítica y monolítica de todos los sectores que conforman la COB, en el marco de la defensa irrestricta de los derechos laborales, económicos y sociales”, reza la convocatoria. La COB convocó a concentrarse el martes desde las 9:00 en inmediaciones de la Cervecería Nacional, en la capital paceña. “Las organizaciones convocadas deberán asistir con la totalidad de sus bases, garantizando una presencia disciplinada, respetando la estructura orgánica de la COB”, agrega la convocatoria difundida tras el ampliado. El secretario ejecutivo de la entidad obrera, Mario Argollo, sostuvo que hay una falta de atención del Gobierno a los diferentes sectores y se hará conocer el pliego petitorio a las autoridades tras la marcha. Argollo también sostuvo que se rechazan modificaciones a la Ley General del Trabajo y cuestionó presuntos actos de corrupción al interior del gobierno de Rodrigo Paz, señalando la falta de responsables en problemáticas como la gasolina desestabilizada. Además, la COB rechaza una serie de medidas como la ley antibloqueos y pide respeto al fueron sindical. Fuente: UNITEL

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La lucha por la memoria en Argentina a 50 años del golpe

El 24 de marzo de 20026, en Argentina se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar, una de las épocas más oscuras del país, con uno de los regímenes más cruentos de América Latina. Desde 1976 hasta 1983, las Fuerzas Armadas ejercieron terrorismo de Estado secuestrando, torturando, desapareciendo y asesinando sistemáticamente a miles de personas, con centros de detención clandestinos en todo el país,  y apropiándose de cientos de niños.  Imborrables quedaron en la memoria colectiva las marchas en círculos de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, a partir de 1977, reclamando la «aparición con vida» de familiares desaparecidos, denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la junta militar, liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, y por perpetradores civiles y pidiendo juicio y «castigo a los culpables». Otros organismos pioneros de derechos humanos se sumaron a la labor de hacer visibles y denunciar los crímenes de lesa humanidad ante las autoridades nacionales y la comunidad internacional.  El informe oficial de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Raúl Alfonsín al retornar la democracia, en 1983, «Nunca más» (1984), fue fundamental para el Juicio a las Juntas, en 1985, un hito histórico, ya que fue el primer procedimiento en un tribunal civil en democracia a los máximos responsables de una dictadura. Argentina se convirtió así en un caso ejemplar en el esclarecimiento de los crímenes de la junta militar y la lucha contra la impunidad, estableciendo una cultura de la memoria que perdura hasta hoy.  } El secuestro y desaparición de personas contestatarias  ¿Cómo afectó la dictadura a la sociedad y cuál es el panorama sociopolítico actual? ¿Podría repetirse la historia? «El propósito de quitarle la libertad a las personas, un nivel represivo que irradió a toda la sociedad, afectó principalmente a estudiantes, trabajadores, sectores contestatarios que trataban de frenar un sistema económico regresivo, que en los 70 también fue un fenómeno mundial», dice a DW el historiador Mariano Nagy. «En Argentina se ha constituido una democracia, con problemas, pero que lleva cuatro décadas; eso es algo muy valioso», agrega el investigador del CONICET. «No obstante, esos objetivos de disciplinamiento social y fragmentación de la clase trabajadora para fortalecer la hegemonía de las clases dominantes perduran a través de varios gobiernos democráticos». Un estudio conjunto del CELS, referente en la investigación de los crímenes de la dictadura, del observatorio Pulsar y de la Universidad de Buenos Aires, publicado el 16 de marzo de 2026,  muestra que la mayoría de los encuestados tiene una visión negativa sobre la dictadura militar (71 por ciento) y considera que los juicios contra los responsables deben continuar (70 por ciento). Sin embargo, un 32 por ciento lo interpreta como una «lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos». La cifra redondeada y emblemática de 30.000 desaparecidosque registran los organismos de DDHH y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, y que está basada en pruebas documentadas de víctimas de desaparición forzada, es cuestionada una y otra vez por sectores ultraconservadores, lo que, en cierto sentido, divide a la sociedad. Al respecto de los resultados de la encuesta mencionada, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, comenta a DW: «La adhesión social a ciertos aspectos del Gobierno de Javier Milei abre nuevos interrogantes sobre qué pasa con el apoyo a formas de gobiernos de extrema derecha con notas autoritarias y prácticas antidemocráticas, que ponen en tensión la vida democrática, como sucede en Argentina y en otros países de la región y del mundo». La desclasificación parcial de archivos de la dictadura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hecha ahora por el Gobierno de Javier Milei «es bastante arbitraria y algunos documentos no aportan nada nuevo en cuanto a la desaparición sistemática de personas vinculada al sistema de inteligencia argentino», explica. «El Gobierno está queriendo instalar una narrativa para este aniversario, que es la discusión sobre la responsabilidad del Gobierno peronista en la violencia política previa al golpe», señala. Y apunta que  el CELS y otros organismos de DDHH trabajan desde hace décadas para que se desclasifiquen todos los archivos y se permita acceder a su totalidad. Condena histórica de la dictadura en la sociedad argentina «Mayoritariamente, en la sociedad argentina hay una condena histórica de la dictadura militar con su plan sistemático de eliminación de personas», dice, por su parte, Mariano Nagy. «Pero hay matices», indica. «Una parte de la sociedad apoya ahora al Gobierno de ultraderecha de Milei, a pesar de sus ataques a la libertad de prensa, de organismos oficiales que persiguen de manera muy agresiva a opositores o figuras públicas, de leyes sancionadas, como la de financiamiento universitario, que no se cumplen, con  hechos de corrupción gravísimos«, explica el docente de la Universidad de Buenos Aires. «La situación actual no es comparable con la dictadura, donde hubo un estado de sitio, centros clandestinos de detención, torturas, violaciones a los derechos humanos”, aclara Pisoni, «Pero sí hay una política por parte del Gobierno de Milei de tratar de eliminar a los opositores a través del aparato judicial y político», subraya. «Sin embargo, creo que una dictadura similar a la que sucedió en la Argentina no es posible hoy. En la actualidad hay un consenso, más allá de que no se cumplan las muchas necesidades que tiene la democracia, sobre que este es el mejor sistema posible y que estamos viviendo un récord democrático en la Argentina», afirma. «Con un clima enrarecido y protofascista», dice Mariano Nagy, «está por verse si se consolida este modelo y la gente sigue tolerando ciertas cosas, y subvalorando el rol del Estado». Para Paula Litvachky, «sigue habiendo una movilización social muy importante contra estas prácticas autoritarias». «Hay mucha actividad que continúa, hay mucha organización que se sostiene. Se ve en los barrios, y lo vamos a ver este 24 de marzo», subraya Marcela Perelman. Para la jornada del 50.º aniversario del golpe de Estado, se planean manifestaciones masivas en todo el país en el Día Nacional de la Memoria por

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Suman 49 aprehendidos por robo, lesiones y daños a bienes del Estado tras accidente aéreo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz informó este lunes que 49 personas fueron aprehendidas tras el accidente del avión Hércules ocurrido el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto. “Hay 49 aprehendidos, cuyas audiencias se encuentran en proceso y programadas para el resto del día. En cuanto tengamos datos oficiales al respecto, los comunicaremos de inmediato”, señaló el director departamental de la Felcc, Henry Pinto, en contacto con medios locales. Los detenidos son acusados de robo agravado, lesiones y deterioro o destrucción de bienes del Estado. Según la Felcc, todos fueron aprehendidos poco después del accidente, que provocó incidentes violentos en los alrededores del lugar, donde algunas personas intentaron sustraer el dinero que transportaba el avión o agredieron a los funcionarios encargados del resguardo del área. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no descartaron más aprehensiones relacionadas con estos hechos. Fuente: Correo del sur

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Es citada expareja de Rafael Arce a declarar en el caso de enriquecimiento

El fiscal Miguel Cardozo informó que la expareja de Rafael Arce Mosquera fue citada a declarar en calidad de testigo dentro del proceso penal que se sigue contra el investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Cardozo explicó que la citación fue emitida inicialmente en calidad de testigo y canalizada mediante cooperación directa a la ciudad de Santa Cruz, desde donde se coordinará la fecha de comparecencia ante el Ministerio Público en La Paz. Rafael Arce Mosquiera “Ya se ha emitido la citación de la pareja del señor Rafael Arce Mosquera. Se ha solicitado cooperación a Santa Cruz y serán las autoridades de esa ciudad las que determinen la fecha”, dijo el fiscal a los periodistas en La Paz. De manera paralela, el Ministerio Público avanza en la revisión de todas las cuentas bancarias del investigado, incluidos los depósitos realizados en distintas entidades financieras. Cardozo adelantó que varias personas más serán convocadas a declarar también en calidad de testigos, conforme avance el análisis financiero. Respecto a la situación jurídica de Arce Mosquera, el fiscal confirmó que, tras la emisión del mandamiento de aprehensión por parte del juzgado, la solicitud para la activación del sello rojo de Interpol fue remitida a la Fiscalía General del Estado. La medida busca facilitar su ubicación y captura, en caso de que se encuentre fuera del país. Enriquecimiento ilícito Hace una semana, la justicia declaró rebelde a Arce Mosquera luego de que no se presentara a una audiencia cautelar, lo que motivó la adopción de medidas adicionales dentro del proceso. La investigación se centra en la adquisición de bienes de alto valor económico, entre ellos un departamento tipo penthouse, vehículos y bauleras, con un monto estimado de $us 755.000. Además, se indaga la compra de siete bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz. La familia del imputado también fue incluida en el proceso tras conocerse que se habría realizado un anticipo de herencia de tres bienes a nombre de su hijo menor de edad. El fiscal Cardozo adelantó que el Ministerio Público solicitará la anulación de ese trámite por considerar que podría constituir una maniobra para ocultar patrimonio. Fuente: La Razón

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