Justicia

El 24 de marzo de 20026, en Argentina se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar, una de las épocas más oscuras del país, con uno de los regímenes más cruentos de América Latina. Desde 1976 hasta 1983, las Fuerzas Armadas ejercieron terrorismo de Estado secuestrando, torturando, desapareciendo y asesinando sistemáticamente a miles de personas, con centros de detención clandestinos en todo el país,  y apropiándose de cientos de niños.  Imborrables quedaron en la memoria colectiva las marchas en círculos de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, a partir de 1977, reclamando la «aparición con vida» de familiares desaparecidos, denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la junta militar, liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, y por perpetradores civiles y pidiendo juicio y «castigo a los culpables». Otros organismos pioneros de derechos humanos se sumaron a la labor de hacer visibles y denunciar los crímenes de lesa humanidad ante las autoridades nacionales y la comunidad internacional.  El informe oficial de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Raúl Alfonsín al retornar la democracia, en 1983, «Nunca más» (1984), fue fundamental para el Juicio a las Juntas, en 1985, un hito histórico, ya que fue el primer procedimiento en un tribunal civil en democracia a los máximos responsables de una dictadura. Argentina se convirtió así en un caso ejemplar en el esclarecimiento de los crímenes de la junta militar y la lucha contra la impunidad, estableciendo una cultura de la memoria que perdura hasta hoy.  } El secuestro y desaparición de personas contestatarias  ¿Cómo afectó la dictadura a la sociedad y cuál es el panorama sociopolítico actual? ¿Podría repetirse la historia? «El propósito de quitarle la libertad a las personas, un nivel represivo que irradió a toda la sociedad, afectó principalmente a estudiantes, trabajadores, sectores contestatarios que trataban de frenar un sistema económico regresivo, que en los 70 también fue un fenómeno mundial», dice a DW el historiador Mariano Nagy. «En Argentina se ha constituido una democracia, con problemas, pero que lleva cuatro décadas; eso es algo muy valioso», agrega el investigador del CONICET. «No obstante, esos objetivos de disciplinamiento social y fragmentación de la clase trabajadora para fortalecer la hegemonía de las clases dominantes perduran a través de varios gobiernos democráticos». Un estudio conjunto del CELS, referente en la investigación de los crímenes de la dictadura, del observatorio Pulsar y de la Universidad de Buenos Aires, publicado el 16 de marzo de 2026,  muestra que la mayoría de los encuestados tiene una visión negativa sobre la dictadura militar (71 por ciento) y considera que los juicios contra los responsables deben continuar (70 por ciento). Sin embargo, un 32 por ciento lo interpreta como una «lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos». La cifra redondeada y emblemática de 30.000 desaparecidosque registran los organismos de DDHH y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, y que está basada en pruebas documentadas de víctimas de desaparición forzada, es cuestionada una y otra vez por sectores ultraconservadores, lo que, en cierto sentido, divide a la sociedad. Al respecto de los resultados de la encuesta mencionada, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, comenta a DW: «La adhesión social a ciertos aspectos del Gobierno de Javier Milei abre nuevos interrogantes sobre qué pasa con el apoyo a formas de gobiernos de extrema derecha con notas autoritarias y prácticas antidemocráticas, que ponen en tensión la vida democrática, como sucede en Argentina y en otros países de la región y del mundo». La desclasificación parcial de archivos de la dictadura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hecha ahora por el Gobierno de Javier Milei «es bastante arbitraria y algunos documentos no aportan nada nuevo en cuanto a la desaparición sistemática de personas vinculada al sistema de inteligencia argentino», explica. «El Gobierno está queriendo instalar una narrativa para este aniversario, que es la discusión sobre la responsabilidad del Gobierno peronista en la violencia política previa al golpe», señala. Y apunta que  el CELS y otros organismos de DDHH trabajan desde hace décadas para que se desclasifiquen todos los archivos y se permita acceder a su totalidad. Condena histórica de la dictadura en la sociedad argentina «Mayoritariamente, en la sociedad argentina hay una condena histórica de la dictadura militar con su plan sistemático de eliminación de personas», dice, por su parte, Mariano Nagy. «Pero hay matices», indica. «Una parte de la sociedad apoya ahora al Gobierno de ultraderecha de Milei, a pesar de sus ataques a la libertad de prensa, de organismos oficiales que persiguen de manera muy agresiva a opositores o figuras públicas, de leyes sancionadas, como la de financiamiento universitario, que no se cumplen, con  hechos de corrupción gravísimos«, explica el docente de la Universidad de Buenos Aires. «La situación actual no es comparable con la dictadura, donde hubo un estado de sitio, centros clandestinos de detención, torturas, violaciones a los derechos humanos”, aclara Pisoni, «Pero sí hay una política por parte del Gobierno de Milei de tratar de eliminar a los opositores a través del aparato judicial y político», subraya. «Sin embargo, creo que una dictadura similar a la que sucedió en la Argentina no es posible hoy. En la actualidad hay un consenso, más allá de que no se cumplan las muchas necesidades que tiene la democracia, sobre que este es el mejor sistema posible y que estamos viviendo un récord democrático en la Argentina», afirma. «Con un clima enrarecido y protofascista», dice Mariano Nagy, «está por verse si se consolida este modelo y la gente sigue tolerando ciertas cosas, y subvalorando el rol del Estado». Para Paula Litvachky, «sigue habiendo una movilización social muy importante contra estas prácticas autoritarias». «Hay mucha actividad que continúa, hay mucha organización que se sostiene. Se ve en los barrios, y lo vamos a ver este 24 de marzo», subraya Marcela Perelman. Para la jornada del 50.º aniversario del golpe de Estado, se planean manifestaciones masivas en todo el país en el Día Nacional de la Memoria por

«Las personas razonables prevén la posibilidad de que los niños tengan pequeños desacuerdos y altercados menores», dictaminó el juez.En Canadá, un niño de 9 años, Elijah Dominic Robinson, demandó a otro menor, de 11 años, llamado Xavier Fellin, tras una pelea por un juguete que supuestamente le causó un serio traumatismo en un dedo. Así se desprende de la decisión judicial que data del 2 de enero. El incidente ocurrió en agosto de 2022 en una guardería de la ciudad de Grande Prairie, en Alberta. «Los dos niños estaban jugando con un dinosaurio de juguete. El dinosaurio tenía aproximadamente el tamaño de una botella de agua de 500 ml. Aparentemente se produjo algún tipo de disputa por el juguete. En un forcejeo, el juguete fue utilizado por el niño demandado para golpear al demandante. En el proceso, el dedo del demandante fue golpeado. […] La lesión causó una grave fractura-luxación en el ‘dedo anular’ de la mano derecha del demandante. El dedo quedó esencialmente seccionado a la altura del hueso, aunque aún unido. La lesión requirió cirugía o, al parecer, se habría perdido el dedo», recoge la sentencia.  El tribunal señaló que no se presentaron historiales médicos ni registros hospitalarios. Presuntamente, se hizo una grabación de la situación en su momento, pero «nadie aseguró el video, por lo que no fue prueba en el juicio». «Las descripciones del incidente por parte del demandante no eran muy detalladas. Estuve intentando recordar un hecho ocurrido hacía más de 3 años, cuando era mucho más pequeño», indicó el juez B.R. Hougestol.  «Desestimé la demanda contra los padres del menor demandado. No hubo pruebas de que hicieran nada mal en relación con el incidente en sí. A su hijo no se le proporcionó un arma u objeto peligroso. No hubo falta de supervisión. No hubo aliento. No hubo evidencia de una mala crianza», precisó el magistrado.  Por lo tanto, el juez evaluó el suceso «como una desafortunada lesión ‘fortuita’ que no podía haberse previsto fácilmente». «No formó parte de una agresión concertada o intencional. Fue un accidente altamente fortuito derivado de niños realizando actividades infantiles bastante típicas. Las personas razonables prevén la posibilidad de que los niños tengan pequeños desacuerdos y altercados menores. Los niños, en estas situaciones, están dentro del ámbito esperado de riesgo de lesión, especialmente un riesgo difícil de anticipar», remarcó Hougestol.  «Si se hubiera declarado responsabilidad, los daños reclamados habrían sido 10.000 dólares en concepto de daños generales más gastos de bolsillo. Afortunadamente, el dedo lesionado está bien curado y provoca al demandante pocas o ninguna molestia persistente», resumió el juez. Fuente: RT