Justicia

Sucre, 17 de septiembre de 2025.– La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el recurso de revisión de sentencia presentado por Jeanine Áñez, para anular la sentencia de 10 años que enfrenta por su irregular asunción a la presidencia en 2019 en el caso denominado Golpe II. Así lo establece el Auto Supremo 173/2025 del 16 de septiembre, y firmado por los nueve magistrados del TSJ. “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.7 de la CPE, 38.6 de la LOJ, y 423 del CPP, FALLA DECLARANDO INADMISIBLE el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada interpuesto por Jeanine Añez Chávez, ordenándose el desglose de la documentación aparejada y el archivo del expediente”, refiere el Auto Supremo divulgado por el TSJ. Si bien aclara que en aplicación del artículo 427 del Código Procesal Penal, Áñez “puede volver a presentar un nuevo Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada”, enfatiza que éste tendrá que estar “fundado en motivos distintos”. La razón que motivó a la sala plena del TSJ no aceptar el recurso, fue que los abogados de la sentenciada no subsanaron tres de las cuatro observaciones realizadas al recurso interpuesto el 25 de agosto. Se solicitó a los juristas que presenten “una sentencia penal ejecutoriada cuyos hechos contradigan los de la sentencia cuestionada”; que se explique cómo los hechos jurídicos nuevos, hechos sobrevinientes que evidencian injerencia política y lo reclamado en apelación, demuestran que: a) El hecho no fue cometido; b) No fue autora o partícipe, o c) El hecho no es punible. Además, precisar fundamentos directamente vinculados a la sentencia recurrida. No obstante, la defensa de la exsenadora no presentó mayores respaldos. “La recurrente se limita a sostener que los hechos sobrevinientes invocados no constituyen sucesos fácticos, sino hechos jurídicos acontecidos con posterioridad a la emisión de la Sentencia condenatoria; sin embargo, restringe su fundamentación a la simple mención del AS 1201/2025 de 15 de julio, la SC 405/2023-S4 de 31 de mayo y el Auto de Vista 108/2022 de 18 de abril, omitiendo y evadiendo explicar (…) de qué manera dichas resoluciones pueden considerarse sentencias penales ejecutoriadas con fuerza material y con supuestos fácticos análogos, que permitan contrastar e identificar la alegada incompatibilidad con los hechos que sirvieron de base para dictar la Sentencia condenatoria cuya revisión se pretende”, se lee en el documento del TSJ. En consecuencia, se establece que “no resulta jurídicamente admisible que, bajo el pretexto de la revisión, se reabran debates ya resueltos en el marco de las instancias ordinarias ni que se intente cuestionar nuevamente la apreciación de las pruebas producidas durante el juicio oral”. De esta manera, se alega que “al no haberse satisfecho ninguno de los presupuestos contemplados en el art. 421 del Código de Procedimiento Penal, y al haberse pretendido una utilización extensiva e impropia del recurso, la petición formulada por la recurrente se muestra jurídicamente inviable y debe ser desestimada”. La exsenadora fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por los hechos vinculados a su asunción al poder el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales. En su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se proclamó presidenta de la Cámara Alta y, posteriormente, del Estado, en actos que, según la sentencia, se realizaron sin quórum ni participación de la bancada mayoritaria del MAS. Fuente: ABI

Washington, DC/Santiago – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019. Dicha preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata. El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna. La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas. A su vez, estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos. En 2019 el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares. El GIEI concluyó en su informe final que es «fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz». También señaló que «debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad». En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación. Recomendó «garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares». La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo.