Cumbre de la Justicia desnuda el colapso institucional y exige la renuncia inmediata de los magistrados autoprorrogados
La Cumbre de la Justicia realizada este 14 de noviembre en Sucre, capital de Bolivia, no solo abrió un espacio de diálogo interinstitucional: expuso crudamente la crisis de legitimidad, el colapso operativo y la fragilidad política que arrastra el sistema judicial desde hace más de una década. Por primera vez, todos los niveles del Estado coincidieron en una conclusión contundente: la transformación del sistema empezará solo cuando renuncien los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). «El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial» que se desarrolló en el Centro Internacional de Convenciones de la capital reunió al presidente Rodrigo Paz, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo, a autoridades departamentales, ministros, jueces, vocales, sectores indígenas y académicos, aunque estuvo ausente el vicepresidente, Edmand Lara, por que la invitación llegó a último momento, dijo la autoridad. Pero, lejos de exhibir cohesión, el encuentro dejó claro que la justicia boliviana funciona hoy bajo tensión política, falta de independencia y estructuras que frenan cualquier intento de reforma. El presidente de Bolivia Rodrigo Paz afirmó que: “No se puede reformar la justicia mientras esté secuestrada por intereses” Paz fue directo: la crisis judicial no es técnica, es política. En su intervención advirtió que el país arrastra una justicia “sin credibilidad, sin tiempos y sin límites claros”. “La justicia no puede seguir secuestrada por intereses ni capturada por autoridades que ya no tienen ni mandato ni legitimidad. No se puede reformar nada cuando la base misma está en cuestionamiento”, afirmó. Paz recordó que la autoprorrogación de las altas autoridades del TCP y del Órgano Judicial no solo es un problema jurídico, sino un factor de inestabilidad política con impacto en toda la población que depende del sistema judicial. A su vez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo sostuvo que «hay estructuras que ya no sirven; es momento de decisiones valientes” Saucedo, manifestó que el país enfrenta un punto de quiebre: o se emprenden transformaciones reales o el sistema seguirá agravando la crisis de derechos y libertades. “No podemos seguir administrando una justicia que está atada por estructuras que ya no sirven”, dijo. “Reformar implica tomar decisiones valientes, incluso si eso significa cuestionar a quienes deberían garantizar el respeto a la Constitución”. Aunque no se refirió explícitamente al TCP en su discurso, sus palabras fueron interpretadas como un apoyo directo a la exigencia de renovación inmediata de magistrados, una percepción que luego, en sus declaraciones a la prensa, confirmó al subrayar que la comisión de normas había concluido en la necesidad de la renuncia inmediata de los magistrados autoprorrogados. El consenso incómodo fue que sin renuncia del TCP no habrá reforma Las mesas técnicas y las organizaciones participantes coincidieron en un diagnóstico que pocas veces había logrado coincidencia: La permanencia de los magistrados autoprorrogados del TCP se ha convertido en el principal obstáculo para cualquier transformación institucional. El reclamo fue unánime: Renuncia inmediata del bloque autoprorrogado. Cese constitucional con carácter de urgencia. Magistrados y operadores de justicia señalaron que la autoprorrogación ha erosionado la confianza pública, permitido decisiones controvertidas y bloqueado la posibilidad de un rediseño institucional. Otro punto importante es que las reformas tan necesarias son aún insuficientes frente al deterioro estructural La Cumbre organizó la discusión en cuatro ejes: presupuesto, carrera judicial, reforma normativa y digitalización. Sin embargo, varias voces calificaron estas propuestas como “paliativos para un paciente en estado crítico”. El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan del Granado, coincidió con los ejes, pero advirtió que el colapso es tan profundo que requiere no solo normas sino una reforma constitucional y una reingeniería institucional. Las conclusiones aprobaron: Aumentar el presupuesto judicial al 5% del TGN. Crear la Unidad Nacional de Justicia Digital. Fortalecer la Justicia Indígena Originaria Campesina. Aprobar una Ley de Carrera Judicial Vertical. Abrir la discusión sobre una reforma constitucional para redefinir la elección de magistrados. Una justicia atrapada entre intereses y parálisis La presencia conjunta del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo, autoridades indígenas y magistrados dio a la Cumbre un carácter más o menos plural dentro del Estado (aunque con grandes ausencias de parte de la sociedad civil) pero también expuso la fragilidad del consenso político. Todos reconocen la crisis, pero pocos están dispuestos a asumir costos. La conclusión principal quedó sin matices: Sin legitimidad, no hay reforma posible. Y la legitimidad empieza por renovar a quienes permanecen en el poder judicial sin mandato constitucional y se autoprorrogan.
