Sociedad

Educación fija para el 2 de febrero el inicio de las clases

La ministra de Educación anunció que se instalarán mesas de trabajo para evaluar cambios a la Ley Avelino Siñani y que se apunta a aplicar un nuevo modelo curricular. Las labores escolares en 2026 se iniciarán el 2 de febrero, anunció este domingo la ministra de Educación, Beatriz García, quien dijo que su despacho trabaja en la normativa con los detalles del calendario escolar para la siguiente gestión. “Las clases se inician el 2 de febrero, ahora justamente estamos trabajando en la norma que va a definir el calendario, los días que se deben cumplir y todo lo vamos a publicar el 2 de enero”, informó en RTP. Asimismo, informó que desde que asumió el cargo sostuvo varias reuniones con diferentes instituciones y organizaciones sociales para conocer su visión sobre la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. En ese marco, anunció que a partir de febrero se instalarán mesas de trabajo con todos los actores del sistema educativo nacional para revisar esa Ley y los ajustes que se requieren. “Es algo que estamos viendo desde el día 1 que hemos entrado al Ministerio. Trabajamos con el Magisterio urbano, rural, con pueblo originarios, estamos escuchando a todos y obviamente buscando lo mejor para nuestros niños y jóvenes, mejorar la calidad de la educación”, explicó. García también informó que en 2026 se apunta a implementar un nuevo modelo curricular mejorado y actualizado para beneficio de los niños y jóvenes estudiantes y priorizar la medición de la calidad educativa. “Vamos a iniciar con el diseño de un nuevo modelo curricular, queremos adaptarlo y mejorarlo en función de lo que hoy en día pide el mercado laboral, no solo en Bolivia sino a nivel global”, complementó. La Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez es criticada por actores políticos que reclaman por su excesiva carga ideológica y política y una currículo recargada y desactualizada para materias troncales.

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Evite multas y filas: esto debe saber para adquirir su SOAT en la última semana del año

Terminales y puntos estratégicos refuerzan la atención ante la alta demanda de conductores. A pocos días de cerrar el año, la afluencia de conductores en los puntos de venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ha registrado un incremento considerable. En Santa Cruz, los ciudadanos están aprovechando las festividades y los preparativos de viaje para regularizar este requisito indispensable, concentrándose especialmente en las terminales terrestres y puntos estratégicos. La premura responde a la necesidad de garantizar seguridad y cobertura médica inmediata ante cualquier eventualidad en las carreteras durante las vacaciones. Es fundamental recordar que el SOAT es una protección de carácter obligatorio que respalda tanto a conductores como a terceros en caso de siniestros viales. El proceso de adquisición se ha simplificado para agilizar la atención, permitiendo que la renovación o compra nueva sea un trámite rápido siempre que se cuente con la documentación necesaria. Los requisitos solicitados son los siguientes: En cuanto a la inversión, los costos se mantienen congelados respecto a gestiones anteriores para no afectar la economía familiar. Para los motorizados particulares, el precio es de Bs 90, mientras que para el transporte público el costo varía según el tipo de vehículo y su capacidad.Los puntos de venta autorizados mantendrán sus puertas abiertas en horario continuo, como es el caso del que está ubicado en el tercer anillo y Radial 26 con atención desde las 8:00 a 18:00. Se recomienda a la población acudir con anticipación para evitar las filas de último minuto que suelen intensificarse en estos últimos días del año. FUENTE: RED UNO

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Operativo en Barrio Lindo: rescatan pichones de loritos que estaban siendo comercializados por menores

La Gobernación de Santa Cruz decomisó más de 50 pichones de loritos que eran vendidos de forma ilegal en la feria Barrio Lindo, en un operativo coordinado con la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) que también evidenció la presencia de menores involucrados en estas actividades. Durante el recorrido se identificaron puestos donde se comercializaban pichones de loros, una práctica prohibida por la normativa ambiental vigente. La responsable de Atención y Rescate de Fauna Silvestre de la Gobernación, Silvia Estévez, señaló que preocupa la participación de niños, niñas y adolescentes en la venta ilegal. “Estamos intensificando las acciones de concienciación porque la venta y compra de fauna silvestre es un delito que afecta nuestra biodiversidad y vulnera los derechos de nuestros menores”, afirmó. Los más de 50 pichones fueron trasladados al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, donde reciben valoración veterinaria, alimentación adecuada y cuidados específicos según su especie, con el objetivo de garantizar su recuperación. Estévez recordó que el tráfico de fauna silvestre está penado por ley y pidió a la población reportar cualquier caso de captura o comercialización ilegal. Para ello se habilitó la línea gratuita 800-142052, destinada a recibir denuncias y alertas. Fuente: Red Uno

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Defensoría advierte incremento sostenido de precios en 6 alimentos

Según la entidad, Cochabamba es la ciudad con precios más altos, seguida de Santa Cruz, Tarija y Potosí. La Defensoría del Pueblo advirtió este viernes que, entre octubre y noviembre, seis productos básicos de la canasta familiar registraron un incremento sostenido de precios, lo que pone en riesgo el derecho de la población al acceso a una alimentación suficiente y de calidad. Según el reporte defensorial, el aceite comestible, el azúcar blanca, arroz, harina, carne de res y carne de pollo son los productos que mantienen precios elevados. Para hacer la verificación, la Defensoría del Pueblo visitó los mercados de abasto en las nueve ciudades capital y El Alto, según un reporte institucional. En Santa Cruz de la Sierra se elevaron los precios de 11 productos; en Oruro, Potosí y Cochabamba, de nueve; en Sucre, de ocho; en La Paz y Trinidad, de siete; en Tarija y Cobija, de seis. Asimismo, entre enero y noviembre de este año, la canasta básica de 13 alimentos para el consumo semanal de una familia de cuatro miembros muestra un incremento acumulado entre el 22% y el 38%, dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, entre las ciudades con precios más altos están Cochabamba con un 38,8%, Santa Cruz con 30,4%, Tarija con 28,9% y Potosí con 26,8%. Precios El reporte indica que, frente a esta situación, la Defensoría gestionó reuniones con el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para abordar la subvención del pan y otros factores que afectan la seguridad alimentaria de la población. Además, la institución exhortó al Ministerio de Desarrollo Productivo, al viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y a las intendencias municipales a realizar controles. La entidad urge garantizar el abastecimiento de alimentos a precio justo, realizar controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación y publicar puntos de reclamo. “La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando el comportamiento de los precios de los alimentos a nivel nacional con el propósito de impulsar acciones estatales oportunas en protección del derecho de acceso a la alimentación”, indica el reporte.

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Terminal de El Alto activa plan de control ante alta demanda de viajes

Los operativos se desplazarán también a las trancas para evitar viajes irregulares. Las empresas operadoras que no verifiquen los permisos de salidas de menores de edad serán sancionadas. Con la instalación de nuevos puntos de revisión y operativos conjuntos para garantizar viajes seguros. Además evitar excesos en las carreteras y prevenir que menores viajen sin el permiso obligatorio, la Terminal Metropolitana de El Alto activó un plan de control reforzado ante la alta demanda de viajes por la temporada de vacaciones. El secretario municipal de Desarrollo Humano y Social Integral, Herlan Cabrera, informó que se intensificarán los controles con la instalación de tres puntos de atención adicionales. Además, se amplió la atención con trabajo de horas extraordinarias, ante el incremento de viajeros en estas fechas. Recordó que las operadoras son responsables de verificar los permisos al momento de emitir y vender los pasajes. Por ello se solicitará a la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) aplicar sanciones a las empresas que incumplan. Cabrera remarcó que el municipio y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) solo otorgan los permisos, pero no deberían encargarse del control directo en boleterías. Agregó que, como cada gestión, los operativos se desplazarán también a las trancas para evitar viajes irregulares. Recordó que en 2024 se retiró a varios menores sin autorización, situación que fue reportada a la ATT. Por su parte, Víctor Flores, jefe de Operaciones de la Terminal, destacó que El Alto es el único municipio que emite permisos de viaje desde las 04.00 hasta la medianoche. Señaló que la demanda creció esta semana. Por ese motivo se habilitó un segundo punto de atención. Incluso se reciben a personas que acuden a la terminal terrestre para tramitar su permiso y viajar desde la terminal alteña. Fuente: La Razon

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En la Policía harán contrainteligencia para desarticular “toda esa organización criminal que ha estado funcionando”

El comandante de la Policía, general Mirko Sokol, informó que propondrá modificaciones a la Ley Orgánica de la Policías y normas sobre uso de la fuerza policial y de uniformes  En la Policía Boliviana se hará trabajo de contrainteligencia, para la investigación a policías y desarticular “toda esa organización criminal que ha estado funcionando” en complicidad con grupos delictivos, informó el comandante de la Policía, general Mirko Sokol. “El Departamento de Contrainteligencia, ellos van a realizar el trabajo también de manera más reservada, lo que pretendemos es desarticular toda esa organización criminal que ha estado funcionando (…) en concomitancia con algunos grupos de diferentes tipos de delitos”, explicó. Sokol informó que la delicada situación se da en instancias como de lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el robo de vehículo, “donde más ha penetrado el delito dentro del trabajo policial”. Esta iniciativa es parte de la política de lucha contra la corrupción en la Policía, que ha sido blanco de denuncias. “Cero tolerancia a la corrupción”, fue la instrucción del comandante de la Policía a los nuevos mandos departamentales y de direcciones, el jueves. Paralelamente se creó una oficina de control interno en la Dirección de Investigación Policial Interna. “Van a tener que ir a todos los lugares neurálgicos a verificar que se esté cumpliendo con la orden que se ha emitido a toda la Policía Boliviana”, adelantó. Entre las próximas acciones también están la presentación de propuestas de modificación de la Ley Orgánica de la Policía, del Plan de Carrera y de la Ley 101 del Régimen Disciplinario. Otras iniciativas toman en cuenta una propuesta de ley de Uso de la Fuerza policial y sobre la venta de uniformes.

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Rubén Ríos se declara inocente y asegura que los casos en su contra son por «persecución política»

El dirigente fue trasladado este viernes a la cárcel de San Pedro en la sede de gobierno para que cumpla con la detención preventiva de seis meses dispuesta por el juzgado 5to de Instrucción Penal Cautelar. El secretario general de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, se declaró inocente y que los procesos en su contra forman parte de una “persecución política”. El dirigente fue trasladado este viernes a la cárcel de San Pedro en la sede de gobierno para que cumpla con la detención preventiva de seis meses dispuesta por el juzgado 5to de Instrucción Penal Cautelar. “Me declaro inocente. Todo ha sido una persecución política”, aseguró Ríos, momentos antes de abordar una patrulla policial que lo trasladó desde celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hasta el penal ubicado en la zona de San Pedro. Ríos enfrenta procesos por irregularidades en la harina subvencionada que recibió por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Dentro del mismo proceso se encuentran implicados sus familiares, exfuncionarios de Emapa y hasta el exgerente Franklin Flores, quien tiene orden de aprehensión, pero cuyo paradero es desconocido. Fuente: Opinion

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Santa Cruz: La justicia decidirá fecha de inspección a la planta de tratamiento de residuos en Okinawa I

A seis meses de la paralización judicial de la planta de tratamiento de residuos de Okinawa I, el conflicto legal ingresa a una etapa clave. Este miércoles, las 14:00, el Juzgado Agroambiental de Santa Cruz realizará una audiencia en el proceso de Acción Agroambiental, en la que se prevé que se emitan resoluciones pendientes y se establezca finalmente la fecha de la inspección judicial en el lugar. En una entrevista con EL DEBER, el ingeniero Román Vitrón, especialista ambiental, explicó que la paralización ordenada en febrero se basó en información presentada por los demandantes, quienes atribuyeron presuntos daños ambientales. Según Vitrón, “el juez va a entender y va a considerar sí había afectación con toda la información de los demandantes y va a pedir la paralización inmediata”, aunque afirmó que la planta “no entró en operación total” y que lo ocurrido en septiembre de 2023 fue solo un ingreso inicial para comenzar el funcionamiento. El especialista señaló que las suspensiones previas del proceso —incluida la inspección fijada para el 30 de abril de este año— han impedido avanzar tanto en la verificación en terreno como en los trámites administrativos vinculados a la licencia ambiental. Sostuvo que el municipio requiere la inspección para esclarecer datos presentados en el expediente, ya que, en sus palabras, “hay mucha información falsa como pruebas que presentaron”, entre ellas fotografías del botadero actual y un informe pericial que atribuye una inundación a septiembre de 2023, pese a que —según indicó— el municipio atravesaba una sequía en ese período. Vitrón advirtió que la falta de definición judicial mantiene en riesgo la gestión de residuos en el área urbana de Okinawa, el manejo de desechos hospitalarios y la situación del botadero municipal, cuyo cierre técnico está respaldado por licencia ambiental desde 2019. También recordó que la normativa nacional fija como máximo mayo de 2026 para el cierre de botaderos y que el incumplimiento podría derivar en sanciones. Asimismo, agregó que el retraso afecta a la propia infraestructura construida con una inversión superior a los 3 millones de bolivianos, debido al deterioro progresivo por falta de operación. El ingeniero explicó que entre los objetivos para la audiencia de mañana está evitar que la situación continúe dilatándose y que se programe la visita judicial con presencia de peritos. Sobre ese punto señaló: “Mañana creo que tendría que establecerse la fecha de inspección”, que permitirá a la juez “ver en el lugar y nosotros desmentir lo que los demandantes atribuían”. El municipio sostiene que la obra cuenta con estudios y aprobaciones, incluido un informe de viabilidad del SEARPI, además de medidas estructurales de protección implementadas recientemente. Vitrón enfatizó que el retraso también podría generar impactos financieros, ya que una eventual reversión de recursos afectaría el POA municipal. “Imagínese si esto llegara a debitarse… eso va a repercutir en que el POA del municipio se reduzca y va a haber menos recursos para distribución de obras”, indicó. A la espera de lo que determine el juzgado, la administración local insiste en que la definición de una fecha de inspección es esencial para aclarar la información del expediente, evaluar la infraestructura y encaminar la operación de la planta, punto que —según el área técnica— resulta indispensable para evitar mayores riesgos ambientales y administrativos. EL DEBER

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El Magisterio de La Paz y El Alto alertan sobre un aumento histórico de reprobados

La Paz, Bolivia, 28 de noviembre de 2025. El Magisterio Urbano de La Paz advirtió un incremento sin precedentes en la cantidad de estudiantes reprobados a pocos días del cierre del calendario escolar. Felipe Loza, dirigente del sector, señaló que este año los maestros entregarán las calificaciones sin temor a procesos administrativos. Loza recordó que en gestiones anteriores reprobar a un estudiante implicaba trámites prolongados y un alto riesgo de sanciones, situación que, en su criterio, cambió en 2025. El dirigente atribuyó el aumento de reprobaciones a la ausencia de políticas educativas eficaces en los últimos años, lo cual redujo el nivel académico. Por su parte, Álex Morales, representante del Magisterio alteño, informó que la deserción escolar supera el 5%, equivalente a aproximadamente 18 mil alumnos. Morales relacionó esta cifra con la crisis económica, la desintegración familiar y la falta de acompañamiento académico en los hogares. El dirigente denunció que numerosos padres matriculan a sus hijos al inicio del año, pero no retornan al colegio hasta la entrega de libretas, momento en el que el estudiante ya presenta un fracaso escolar irreversible.

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Intendencia intensifica controles por alza del precio del pan en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia, 28 de noviembre de 2025. La Intendencia Municipal de Cercado intensificó este jueves los controles en diferentes mercados de la ciudad para verificar el cumplimiento del precio y peso del pan de batalla, que según disposición del Gobierno nacional debe venderse a 0,50 bolivianos la unidad y con un gramaje de 60 gramos. Los operativos se activaron luego de que dirigentes de los panificadores federados anunciaran, de manera unilateral, un incremento del precio del pan a 0,80 bolivianos, decisión que no fue consensuada con la población ni con las autoridades competentes. Esta medida generó molestia en varios sectores, que exigieron respeto a la normativa vigente y la garantía del abastecimiento a precio justo. Desde primeras horas de la mañana, en los mercados populares se observaron largas filas de vecinos que buscaban adquirir el pan de batalla al precio establecido. Algunas amas de casa denunciaron que en ciertos puestos se intentó comercializar el producto con sobreprecio o menor peso. La Intendencia advirtió que continuará con los controles durante toda la jornada y no descartó sanciones para aquellos comerciantes o panaderías que incumplan la normativa. Las autoridades reiteraron que cualquier modificación en el precio del pan debe ser analizada en mesas de diálogo y aprobada de forma conjunta entre Gobierno, productores y consumidores. Entretanto, la población permanece en expectativa ante una posible escasez temporal del producto si persiste el desacuerdo con el sector panificador.

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