La Cancillería boliviana inició procesos legales en contra de Gustavo García Brito, tras detectar anomalías en su designación como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).
“Detectamos una anomalía en su designación, realizada durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que en primera instancia ha sido determinada como inconstitucional y que todavía está sometido a juicio”, informó el canciller Rogelio Mayta.
El magistrado boliviano votó en contra de los intereses nacionales el 17 de julio cuando el Tribunal de Justicia de la CAN emitió su fallo por la demanda peruana que reclamó trato igualitario en el precio de combustibles.
García Brito ya llevaba un mes de haber renunciado y tiene una demanda planteada por la Cancillería debido a su irregular designación ante el Tribunal Andino.
Mayta explicó que los magistrados del Tribunal Andino de Justicia se designan en una reunión de plenipotenciarios, generalmente en Ecuador; esas reuniones las lleva adelante el canciller o la canciller de Ecuador junto a los embajadores plenipotenciarios de la CAN, en este caso de Perú, Bolivia y Colombia.
“En esa designación no participó un embajador plenipotenciario de Bolivia, esa es una irregularidad; aparte, en su momento detectamos que esta persona no había acreditado el cumplimiento de los requisitos para asumir ese cargo”, detalló.
Cancillería, dijo, inicialmente asumió una postura de diálogo con los miembros de la Comunidad Andina, porque era una situación “sui generis y compleja”, porque esta persona había realizado y había fungido actuaciones como si fuera un miembro que no tenía observación de ninguna naturaleza.
“Siendo la Comunidad Andina una instancia de dirección política se vio por conveniente exhortar a esta persona a que pudiera dar un paso al costado; es más, cancilleres de otros países contribuyeron a hacer gestión, lastimosamente este señor (Gustavo García Brito) tuvo una conducta poco decorosa en los contactos diplomáticos que se dieron, porque su presencia está de alguna manera comprometiendo varias actuaciones ahí en el Tribunal Andino de Justicia”, lamentó Mayta.
Ante esa situación, la Cancillería se vio en la obligación de iniciar procesos legales, precisamente, por las actuaciones anómalas que se habían dado, dando conocimiento de la determinación y de esa acción a los demás miembros de la Comunidad Andina, apuntó Mayta.
ABI