La Paz, Bolivia, 5 de junio de 2025. La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la interrupción del paso de ambulancias y vehículos de emergencia médica en los municipios de Villa Tunari (Cochabamba) y Japo (Oruro), en el marco de las recientes protestas sociales. La institución advirtió que estas medidas afectan gravemente el derecho a la salud de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El pronunciamiento señala que también se recibió información sobre la falta de abastecimiento de medicamentos para continuar el tratamiento de al menos 80 personas que viven con VIH en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba.
La Defensoría recordó que el derecho a la salud está protegido por la Constitución Política del Estado y por tratados internacionales. En ese sentido, remarcó que cualquier obstrucción al tránsito de ambulancias o impedimento de atención médica representa una vulneración grave, que puede derivar en consecuencias irreparables para la vida y la integridad de las personas.
Como ejemplo, citó el caso de una madre y su hijo de un mes y tres días que fueron trasladados desde Villa Tunari hasta el Cercado de Cochabamba. El menor recibió atención ambulatoria en el Hospital Obrero N.º 2, donde aún se espera el resultado de estudios especializados para definir el tratamiento requerido.
La institución reafirmó que el derecho a la protesta y a la movilización social está garantizado, pero debe ejercerse con respeto a los derechos de los demás. Subrayó que la protección de la vida y la salud debe tener carácter prioritario e innegociable.
La Defensoría del Pueblo exhortó a los sectores movilizados a permitir el libre tránsito de ambulancias y vehículos de emergencia en todo el territorio nacional. También instó a las autoridades a implementar rutas humanitarias y medidas necesarias para preservar el derecho a la salud sin judicializar las protestas sociales.