La Paz, Bolivia, 29 de julio de 2025. La Defensoría del Pueblo solicitó ante el Juzgado Agroambiental de La Paz la aplicación de medidas cautelares para suspender el tratamiento de proyectos de ley vinculados a la explotación del litio en Bolivia. La petición apunta a garantizar que no se avance con los contratos sin contar con estudios de impacto ambiental, evaluaciones sobre la disponibilidad de agua y procesos de consulta previa a los pueblos indígenas.
La acción fue presentada el 18 de julio por el defensor Pedro Callisaya, como una medida precautoria orientada a proteger los derechos ambientales y los principios constitucionales de respeto a la Madre Tierra. El requerimiento está dirigido a la Asamblea Legislativa y al presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos.
La solicitud plantea cuatro medidas concretas. La primera busca frenar el tratamiento legislativo de los contratos mientras no existan estudios técnicos que respalden la viabilidad de los proyectos. La segunda exige asegurar que las comunidades indígenas cercanas a los salares participen en un proceso de consulta previa, libre e informada, antes de la instalación de plantas de explotación operadas por dos empresas extranjeras.
Además, la Defensoría plantea que se realicen evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar cualquier acuerdo y que los informes técnicos sean validados por entidades especializadas e independientes.
En los argumentos, la institución subraya la relevancia del agua como recurso vital y advierte sobre los riesgos de deterioro ambiental en zonas donde se pretende impulsar el desarrollo del litio. También recuerda que cualquier explotación de recursos naturales debe respetar las normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos colectivos.
La Asamblea Legislativa ya fue notificada y deberá considerar la petición en su agenda tras el reciente receso parlamentario.