El diputado Anyelo Céspedes, del Movimiento Al Socialismo, exigió este miércoles que se investigue al primer gabinete de ministros de Jeanine Áñez por la firma del decreto 4078 que eximía de eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos en noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, fue abrogado.
“Hay que empezar a convocar a los ministros que firmaron el ´decreto de la muerte 4078’, todos estos ministros son parte de las masacres que hubo en Senkata, Sacaba, El Pedregal. Que se convoque a estos ministros para que lleguen a la silla de abogados”, sostuvo Céspedes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio de Senkata y en Sacaba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego, cerca de un millar de heridos, más de 800 detenciones ilegales y persecuciones políticas.
La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda un juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
El juicio de responsabilidades incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Fernando López (Defensa), José Luis Parada (Economía), Álvaro Guzmán (Energía), Yerko Núñez (Presidencia), Álvaro Coímbra (Justicia).
Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (Comunicación) por la firma del Decreto 4078.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)