La Paz, Bolivia, 24 de abril de 2025. El Ministerio Público admitió una denuncia penal presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en contra de seis concejales, cinco del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una disidente de Somos Pueblo, por aprobar la Ley Municipal que restablece las tarifas del transporte público a los niveles de 2016.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales, confirmó el avance del proceso legal y señaló que el caso ya ingresó a la etapa inicial de investigación. La denuncia fue presentada por los presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El 5 de marzo, el Concejo Municipal aprobó esta norma sin la presencia de los concejales afines al alcalde Iván Arias. Según el Ejecutivo edil, el Concejo vulneró sus competencias al intervenir en la fijación de tarifas, una atribución que consideran exclusiva del Ejecutivo municipal.
Morales advirtió que cualquier acción adicional para respaldar o promulgar la ley podría agravar la situación jurídica de los concejales involucrados, entre ellos Roxana Pérez del Castillo, Pierre Chain, Javier Escalier, Eliana Paco, Joselinne Pinto y Lourdes Chambilla, esta última presidenta del Concejo.
La medida generó posiciones divididas en la ciudad. Mientras la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), choferes y sectores afines al Ejecutivo municipal rechazan la ley por considerarla una intromisión, otros grupos de vecinos respaldan la decisión del Concejo bajo el argumento de proteger la economía de los ciudadanos ante el alza de tarifas.
En las calles, algunos transportistas exigen la renuncia de Chambilla, a quien acusan de no haber asistido a las mesas técnicas que definieron la nivelación de pasajes. A su vez, parte de la población pide a los choferes dirigir sus protestas contra los concejales del MAS y no perjudicar al resto de la ciudadanía.