El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira desplegó una estrategia de seguridad orientada a combatir las estructuras del narcotráfico transnacional y fortalecer el control en las zonas fronterizas. La Policía Boliviana capturó a Sebastián Marset el 13 de marzo de 2026 en un procedimiento ejecutado en el país.
El Ministerio de Gobierno presentó el balance de los primeros ocho meses de gestión. El reporte indica la incautación de 283 toneladas de droga, 58 avionetas, 370 inmuebles y 573 vehículos. El informe también registra la expulsión de 17 integrantes de organizaciones criminales brasileñas.
En el ámbito institucional, el operativo desarrollado el 1 de octubre de 2026 derivó en 14 aprehensiones, entre ellas la del entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca, además de otras autoridades y funcionarios investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El caso incluyó el decomiso de recursos económicos y dio paso a investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley 1773 y posteriormente se designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, como parte de un proceso de recomposición institucional. El 13 de agosto, en Guayaramerín, Beni, el Gobierno lanzó el Plan Binacional Fronteras Seguras con coordinación entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil para enfrentar a organizaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
En el plano internacional, Bolivia se incorporó al Escudo de las Américas con el respaldo de 14 países y suscribió el Compromiso de Santiago. El Gobierno planteó estas acciones bajo una política de protección de la población, defensa de la soberanía y recuperación de la presencia del Estado en zonas vulnerables.