En los tableros de información se observa la información de que hay vuelos cancelados y otros con demora. En las primeras horas de este lunes se registró una neblina que, de acuerdo con el reporte de los viajeros, obligó a suspender algunos vuelos programados para esta jornada en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz. Esta versión fue confirmada en los tableros de información en los cuales se observa que hay vuelos demorados, mientras que otros se mantienen en horario. El reporte llegó al sector Yo Periodista cerca de las 07:45 de esta jornada; se espera la información oficial de parte de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). NOTICIA EN DESARROLLO…

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz «Tupac Katari» determinó sumarse a las movilizaciones y medidas de presión tras un ampliado de emergencia en El Alto. Los representantes de las 20 provincias manifestaron su descontento ante el escaso progreso en los proyectos gestionados frente al Poder Ejecutivo. Los dirigentes denunciaron que diversos planes para la región permanecen estancados debido a trabas administrativas en las oficinas gubernamentales, además de señalar obstáculos en la restitución de la empresa de electrificación rural Emprelpaz. El secretario ejecutivo de la organización, Vicente Salazar, ratificó el pliego petitorio que incluye la disminución de salarios de los legisladores y la supresión de las pensiones vitalicias para exmandatarios. La dirigencia estableció un margen de 48 horas para que las centrales y subcentrales presenten sus resoluciones oficiales, con el fin de iniciar el cierre de carreteras a partir del próximo 6 de mayo. Este acuerdo busca consolidar un bloque sólido entre las provincias paceñas para garantizar que las protestas tengan un impacto conjunto y eviten cualquier intento de división. Las conclusiones del encuentro también contemplan la posibilidad de solicitar la dimisión del presidente Rodrigo Paz y de sus ministros, bajo el argumento de que no atienden las necesidades de los sectores populares. Entre otros puntos, los movilizados exigen la anulación de la normativa sobre reconversión de la pequeña propiedad y brindan su apoyo a la columna de la marcha indígena. Finalmente, el sector instó a la dirigencia nacional campesina a promover la cohesión de todas las organizaciones del país ante la crisis política y social actual. Fuente: La Prensa

Familiares, amigos y personas allegadas le dieron este domingo el último adiós al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en el Cementerio General de la ciudad de Cochabamba, en medio de pedidos de justicia. En horas de la mañana se realizó la misa de cuerpo presente y, posteriormente, tuvo lugar el sepelio de la autoridad, con la participación de miembros del Órgano Judicial y autoridades subnacionales. El asesinato del magistrado Claure —registrado la noche del 30 de abril en la capital cruceña— continúa en investigación. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que cuatro disparos de arma de fuego acabaron con su vida. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que al menos dos hombres, a bordo de una motocicleta, participaron en el crimen. Luego de conocerse este caso y otro similar contra un ciudadano colombiano, autoridades del Gobierno y de otras instituciones acordaron la creación de un grupo especial táctico en la Policía para reforzar la seguridad en el departamento y frenar la ola de inseguridad.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, visitó este domingo a las y los marchistas campesinos e indígenas provenientes de Beni y Pando, con quienes sostuvo un diálogo para conocer sus preocupaciones y demandas que motivan su movilización. Tras realizar un recorrido y verificar las condiciones en las que permanecen, a la espera de ingresar este lunes a la sede de gobierno, la autoridad defensorial viabilizó atención médica, con apoyo de los hospitales Metodista y La Merced, para las personas que presentan afectaciones en su salud luego de 24 días de caminata desde el departamento de Pando. Asimismo, el Defensor del Pueblo facilitó insumos de cocina y alimentos a representantes de la marcha, con el objetivo de contribuir a su alimentación y coadyuvar a la protección de su salud y condiciones de dignidad. La mañana de este domingo, una comisión defensorial  se trasladó a la zona de Urujara — punto de ingreso de Los Yungas a la ciudad de La Paz — donde efectuó una verificación de la situación de las y los movilizados y sostuvo una reunión con representantes de la marcha campesina e indígena en la sede Integral Productiva “Suma Khamaña” (Vivir Bien). La Defensoría del Pueblo realiza el monitoreo de la movilización desde su inicio, el 8 de abril, cuando partió desde el departamento de Pando hacia la ciudad de La Paz. En ese marco, el 17 de abril gestionó atención humanitaria para las y los marchistas en proximidades de Yucumo, en Beni; el 29 de abril efectuó un nuevo monitoreo en El Choro, donde alertó sobre la presencia de niñas, niños y personas adultas mayores; el 30 de abril gestionó atención médica para marchistas afectados con lesiones en los tobillos y solicitó a la Rectora de la UMSA un espacio de acogida; y el 2 de mayo viabilizó la evacuación de emergencia de más de 50 personas afectadas por el mal de altura. La Defensoría del Pueblo continuará el monitoreo de la movilización, en resguardo del respeto y garantía de los derechos humanos de las personas marchistas. Asimismo, a través de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos, continuará promoviendo espacios de diálogo con autoridades de gobierno, en el marco de una cultura de paz y gestión democrática de los conflictos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en diciembre de 1993, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la Unesco. La fecha conmemora la Declaración de Windhoek de 1991 y actúa como un recordatorio a los gobiernos sobre la necesidad de respetar su compromiso con una prensa libre, al tiempo que sirve como una jornada de reflexión para los profesionales de los medios sobre su ética y su situación en el mundo. El monitoreo sistemático que Último Minuto realiza sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia registra un deterioro que ningún indicador puede soslayar. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia presentó esta mañana su más reciente radiografía del periodismo nacional: la autocensura alcanza niveles récord, los ataques digitales se multiplican sin consecuencias y la judicialización contra periodistas se ha vuelto una posibilidad. Los datos que arroja la plataforma de monitoreo de la entidad gremial muestran un oficio que trabaja bajo amenaza, intimidación y una creciente sensación de desamparo institucional. En los últimos treinta días, tres medios digitales bolivianos denunciaron públicamente ataques que revelan los mecanismos contemporáneos de censura. El periodista Junior Arias Paravicini, director de la Red DTV, documentó la suspensión de cuatro de sus cuentas en redes sociales en menos de un mes, un hecho que calificó como un ataque coordinado. «Hoy es DTV, mañana otros medios», advirtió el comunicador cruceño, en medio de la inhabilitación de páginas que acumulaban más de un millón de seguidores, bloqueadas mediante denuncias fraudulentas de suplantación de identidad y derechos de autor. Al mismo tiempo, la cuenta del portal Urgente.bo fue eliminada de TikTok en la noche del sábado 25 de abril y restituida recién al día siguiente. Su director, el periodista Grover Yapura, denunció el hecho como un «atentado contra la libertad de prensa» y reclamó la intervención de la comunidad internacional. Casi simultáneamente, la periodista Brissa Pabón sufrió la suspensión de su cuenta «Explainer Noticias» en esa misma plataforma por un lapso de cuatro horas, luego de publicar entrevistas críticas sobre la crisis en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. A la fecha, ni los responsables de estas inhabilitaciones han sido identificados, ni las víctimas recibieron una reparación completa. El cuadro de situación no es nuevo, pero registra un avance sostenido de los mecanismos de presión contra la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa, días antes del 3 de mayo, alertó que la región vive un proceso de «normalización de la hostilidad contra la prensa» que se manifiesta en Bolivia a través de cuatro frentes claramente identificados: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria contra medios independientes, un discurso oficial de descalificación permanente y la violencia material que emana de esas estigmatizaciones. La entidad hemisférica ubicó al país en la categoría de «alta restricción» dentro de su Índice Chapultepec 2026, un diagnóstico compartido por Reporteros sin Fronteras, cuyos datos colocan a Bolivia en el puesto 91 entre 180 naciones, evidenciando una situación que la organización define como «difícil» desde hace años. El deterioro del ecosistema informativo no se agota en la censura digital. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron a mediados de febrero el secuestro y la violenta agresión sufrida por el periodista Jesús Z.S. en El Alto: fue interceptado por desconocidos cuando retornaba a su domicilio, reducido por la fuerza, trasladado 15 kilómetros hasta un terreno baldío y sometido a agresiones físicas con un arma cortopunzante que incluyeron el corte de su lengua. “Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explícitas: ‘Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes’”, evidenciando que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz. Ese mismo mes, la Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el hecho, calificándolo como una “violación grave al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión”. Hasta la fecha, el caso no ha tenido avances significativos. La violencia física contra quienes informan tiene también un rostro institucional. El 22 de abril, policías antimotines agredieron a periodistas que cubrían una protesta de maestros en la Plaza Murillo. Ojos irritados, dolores de cabeza y equipos dañados fueron el saldo de la agresión física y el maltrato emocional sufrido, que afectó especialmente a mujeres periodistas. La corresponsal Erika Segales reclamó: “No basta con una disculpa, debe sancionarse a los responsables de la brutal agresión policial”. La Defensoría del Pueblo deploró los hechos y recordó que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de prevención durante operativos de control, evitando afectaciones a trabajadores de prensa. “Ninguna acción de mantenimiento del orden público puede justificar vulneraciones al derecho a la libertad de prensa, a la integridad personal ni al ejercicio libre del trabajo periodístico”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. El clima restrictivo se refleja también en las estadísticas. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de sociedad civil registraron 62 vulneraciones a la libertad de prensa entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Las agresiones contra periodistas, que incluyen estigmatización, violencia verbal y física, reflejan un clima restrictivo para el ejercicio de derechos fundamentales. La Asociación Nacional de la Prensa advirtió, además, que el daño a la libertad de expresión en Bolivia no es solo político sino también estructural. La suspensión de la edición impresa del periódico cochabambino Opinión se suma a la desaparición de al menos tres medios escritos en la última década, víctimas de una asfixia económica que combina la pérdida de pauta publicitaria estatal con un entorno adverso para la inversión privada. El silencio de un periódico, ha remarcado la ANP en reiteradas oportunidades, equivale a la pérdida de una voz libre y del derecho ciudadano a acceder a información plural. A ese vacío se suma la ausencia de una ley de acceso a la información pública, que Bolivia aún no ha logrado aprobar pese a ser uno de los pocos países de la región que

En medio de una escalada de ataques armados y hechos que evidencian graves fisuras en el sistema de seguridad, el Gobierno anunció anoche la creación de un Grupo Táctico de Seguridad que operará desde Santa Cruz, integrado por élite policial especializada en narcotráfico y terrorismo. En paralelo, activó el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana (Ley 264 de 2012), con base en La Paz, y ordenó reforzar la presencia militar en ciudades fronterizas. La decisión asumida por las principales autoridades del Estado presentes en la reunión de emergencia: Ministro de Gobierno, el Fiscal General, Roger Mariscal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, el gobernador electo, de Sabrá Cruz, Juan Pablo Velasco, el alcalde Manuel Saavedra comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas llega tarde y bajo presión, tras una seguidilla de hechos criminales que han encendido las alarmas: El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en plena vía pública de la ciudad de Santa Cruz, la noche del jueves 30 de abril de 2026. El sábado 2 de mayo de 2026 en la zona del cuarto anillo y canal Isuto, Santa Cruz, otro ataque armado dejó un ciudadano colombiano muerto y un herido a plena luz del día. Y más grave aún: la toma del aeródromo “El Coloradillo” por un grupo de encapuchados entre las 05:30h y 06:00h del viernes, 1 de mayo que logró ingresar al hangar 116 y sacar una avioneta perteneciente a Marset y despegar luego, sin autorización, desde el aeropuerto crucero «El Trompillo», según denunció el «zar antidroga», Ernesto Justiniano. Cabe recordar que el 24 de abril, el mismo aeródromo El Coloradillo fue intervenido por un grupo de 30 encapuchados que sustrajeron objetos valiosos de Marset de tres hangares bajo custodia del Ministerio de Gobierno, informó esta repartición. La avioneta de Marset robada el viernes 1 de mayo de «El Coloradillo» despegó desde “El Trompillo” esa misma noche, sin autorización. La aeronave debía ser sometida a un peritaje de succión para hallar rastros de droga. ¿Cómo un grupo armado irrumpe en una instalación bajo control del Estado y despega la aeronave sin ser detenida? La pregunta expone posibles fallas estructurales —o algo más profundo— en los sistemas de control y seguridad. En Yacuiba, Tarija, el viernes, 1 de mayo, a las 21:00h un hombre fue acribillado presumiblemente por un ajuste de cuentas en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay. Una seguidilla de crímenes en pocas horas a cargo del sicariato del crimen organizado. El Grupo Táctico y el Consejo Sectorial de Seguridad llegan en un momento de grave crisis de seguridad. Sin embargo, las medidas contrastan con un dato clave: El país sigue sin viceministro de Seguridad Ciudadana, tras la renuncia del Cnel. de Policía, René Montaño por falta de coordinación interna. La sombra de Marset El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset vuelve al centro del debate. Su captura en Bolivia el 13 de marzo de 2026 y entrega inmediata a la DEA dejaron más preguntas que respuestas. Versiones de prensa señalan que su salida exprés habría impedido identificar la red de protección que operaba dentro de estructuras estatales. A esto se suma la misteriosa desaparición y posterior reaparición de una caja fuerte que contenia un celular de Marset con contactos clave, alimentando sospechas sobre encubrimiento. Crisis de seguridad en desarrollo Las decisiones fueron tomadas en una reunión de emergencia en Santa Cruz, con presencia de autoridades nacionales, judiciales y regionales, tras la presión del Comité pro Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que existe un compromiso para defender la seguridad y el Estado de derecho. Sin embargo, los hechos recientes muestran un escenario más complejo: crimen organizado operando con violencia abierta infraestructuras vulneradas vacíos en la estructura de seguridad y posibles redes de protección aún no esclarecidas A propósito de las declaraciones del Vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, y del presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, que afirmaron que el Estado está perdiendo el control frente al crimen organizado, la pregunta de fondo ya no es solo cómo responder, sino cuánto control ha perdido el Estado en territorios clave y si los acuerdos y declaraciones tendrán efecto práctico.