El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que en los últimos 10 días el Gobierno logró al menos 10 acuerdos con transportistas y otros sectores sociales para evitar bloqueos y paros en medio de la crisis económica y las movilizaciones impulsadas por la COB. Entre los convenios alcanzados están acuerdos con CADETRAN, cisterneros, transporte libre, transportistas de los Yungas, FEDETRANS, taxistas y mototaxistas de Santa Cruz, además del reciente entendimiento con dirigentes del transporte nacional. Gálvez aseguró que el Ejecutivo apuesta al “diálogo sobre bloqueo” para resolver conflictos y afirmó que también se avanzó en acuerdos con la CSUTCB. Sobre la toma del Ministerio de Trabajo, señaló que los 14 fabriles aprehendidos están en manos de la justicia, que definirá su situación legal. El Gobierno ratificó una postura firme frente a hechos de violencia y convocó a un encuentro nacional este fin de semana en Cochabamba.

En medio de una escalada de ataques armados y hechos que evidencian graves fisuras en el sistema de seguridad, el Gobierno anunció anoche la creación de un Grupo Táctico de Seguridad que operará desde Santa Cruz, integrado por élite policial especializada en narcotráfico y terrorismo. En paralelo, activó el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana (Ley 264 de 2012), con base en La Paz, y ordenó reforzar la presencia militar en ciudades fronterizas. La decisión asumida por las principales autoridades del Estado presentes en la reunión de emergencia: Ministro de Gobierno, el Fiscal General, Roger Mariscal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, el gobernador electo, de Sabrá Cruz, Juan Pablo Velasco, el alcalde Manuel Saavedra comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas llega tarde y bajo presión, tras una seguidilla de hechos criminales que han encendido las alarmas: El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en plena vía pública de la ciudad de Santa Cruz, la noche del jueves 30 de abril de 2026. El sábado 2 de mayo de 2026 en la zona del cuarto anillo y canal Isuto, Santa Cruz, otro ataque armado dejó un ciudadano colombiano muerto y un herido a plena luz del día. Y más grave aún: la toma del aeródromo “El Coloradillo” por un grupo de encapuchados entre las 05:30h y 06:00h del viernes, 1 de mayo que logró ingresar al hangar 116 y sacar una avioneta perteneciente a Marset y despegar luego, sin autorización, desde el aeropuerto crucero «El Trompillo», según denunció el «zar antidroga», Ernesto Justiniano. Cabe recordar que el 24 de abril, el mismo aeródromo El Coloradillo fue intervenido por un grupo de 30 encapuchados que sustrajeron objetos valiosos de Marset de tres hangares bajo custodia del Ministerio de Gobierno, informó esta repartición. La avioneta de Marset robada el viernes 1 de mayo de «El Coloradillo» despegó desde “El Trompillo” esa misma noche, sin autorización. La aeronave debía ser sometida a un peritaje de succión para hallar rastros de droga. ¿Cómo un grupo armado irrumpe en una instalación bajo control del Estado y despega la aeronave sin ser detenida? La pregunta expone posibles fallas estructurales —o algo más profundo— en los sistemas de control y seguridad. En Yacuiba, Tarija, el viernes, 1 de mayo, a las 21:00h un hombre fue acribillado presumiblemente por un ajuste de cuentas en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay. Una seguidilla de crímenes en pocas horas a cargo del sicariato del crimen organizado. El Grupo Táctico y el Consejo Sectorial de Seguridad llegan en un momento de grave crisis de seguridad. Sin embargo, las medidas contrastan con un dato clave: El país sigue sin viceministro de Seguridad Ciudadana, tras la renuncia del Cnel. de Policía, René Montaño por falta de coordinación interna. La sombra de Marset El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset vuelve al centro del debate. Su captura en Bolivia el 13 de marzo de 2026 y entrega inmediata a la DEA dejaron más preguntas que respuestas. Versiones de prensa señalan que su salida exprés habría impedido identificar la red de protección que operaba dentro de estructuras estatales. A esto se suma la misteriosa desaparición y posterior reaparición de una caja fuerte que contenia un celular de Marset con contactos clave, alimentando sospechas sobre encubrimiento. Crisis de seguridad en desarrollo Las decisiones fueron tomadas en una reunión de emergencia en Santa Cruz, con presencia de autoridades nacionales, judiciales y regionales, tras la presión del Comité pro Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que existe un compromiso para defender la seguridad y el Estado de derecho. Sin embargo, los hechos recientes muestran un escenario más complejo: crimen organizado operando con violencia abierta infraestructuras vulneradas vacíos en la estructura de seguridad y posibles redes de protección aún no esclarecidas A propósito de las declaraciones del Vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, y del presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, que afirmaron que el Estado está perdiendo el control frente al crimen organizado, la pregunta de fondo ya no es solo cómo responder, sino cuánto control ha perdido el Estado en territorios clave y si los acuerdos y declaraciones tendrán efecto práctico.

Desde las 3:00 de este martes, sectores del transporte instalaron bloqueos en distintos puntos de la ciudad de Tarija, dando cumplimiento a las medidas de presión previamente anunciadas y generando interrupciones en la circulación vehicular. Los bloqueos comenzaron en horas de la madrugada y se fueron consolidando en diferentes zonas estratégicas de la ciudad, provocando congestión y dificultades en el tránsito. La dirigencia del sector transporte había advertido con anticipación la ejecución de estas medidas, en demanda de atención a sus requerimientos. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial consolidado sobre la totalidad de los puntos de bloqueo. Entretanto, autoridades y efectivos se mantienen en alerta ante el desarrollo de la jornada, mientras la población busca rutas alternas para movilizarse. Se prevé que en las próximas horas se brinde información más detallada sobre la magnitud de la medida. Fuente: El Pais

La exgerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Patricia Ballivián, afirmó este lunes que existe “desconocimiento técnico” detrás de las denuncias que cuestionan la ubicación de la planta de cemento de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (ECEBOL) en el departamento de Potosí. La exautoridad fue convocada a declarar por la Fiscalía, luego de que el actual gerente del SEDEM, Roberto Justiniano, junto al técnico Carlos Andrés Gallardo presentaran una denuncia por presunto incumplimiento de deberes y malversación de recursos «al instalar la planta en Chiutara y no en Turicaya». Según los denunciantes, el préstamo del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) fue destinado a la instalación de la planta en Chiutara, cuando —afirman— debía emplazarse en la localidad de Turicaya. El fiscal, Omar Yujra, confirmó que la denuncia se refiere a la ubicación donde se construyó la planta de Ecebol, que no sería la que se habría aprobado”, indicó. En su declaración informativa, Ballivián sostuvo ante el Fiscal que el Decreto Supremo 2967, que viabilizó el financiamiento de más de Bs 300 millones de dólares mediante el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), establece la implementación de una planta de cemento en el departamento de Potosí, sin fijar una ubicación específica, por lo que se iniciaron estudios para determinar el mejor lugar y que el proceso cumplió con todas las etapas de evaluación técnica exigidas por la normativa. Criterios técnicos y geológicos De acuerdo con la exgerente, los estudios de prefactibilidad identificaron condiciones adversas en Turicaya, distrito rural 18 de Potosí donde se ubica el principal yacimiento calcáreo. “Se trata de una serranía con pendientes superiores al 45% y alto riesgo de deslizamientos”, explicó a la Fiscalía, al señalar que estas características representaban un riesgo significativo para la infraestructura industrial. En contraste, la planta fue construida en la localidad de Chiutara, también distrito rural 18 de Potosí, a unos 22 kilómetros del yacimiento, en una zona de pie de monte con pendientes entre 8% y 15%, menor exposición a desastres y mejores condiciones para la operación industrial. Los terrenos donde se construyó la planta de cemento fueron cedidos por los gobiernos locales mediante leyes. Ballivián remarcó que la distancia entre la planta y el yacimiento cumple con los parámetros del sector cementero, que establecen un máximo de 50 kilómetros. “En promedio, las plantas trabajan con distancias de hasta 30 kilómetros. Incluso casos como COBOCE o FANCESA operan con canteras más alejadas”, precisó. Infraestructura y viabilidad operativa Otro de los argumentos centrales de la defensa apunta a las condiciones de infraestructura. Según la documentación presentada, Chiutara cuenta con acceso a carreteras asfaltadas que conectan con Oruro, La Paz, Tarija, Sucre y rutas internacionales hacia Perú, Chile y Argentina, además de servicios básicos como energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y suministro de gas natural garantizado por YPFB. Asimismo, la ejecución del proyecto —bajo la modalidad “llave en mano”— fue adjudicada en 2017 a la Asociación Polysius (Thyssenkrupp), Imasa y Valoriza, con una inversión aproximada de 241 millones de dólares. El proceso incluyó supervisión técnica a cargo de PricewaterhouseCoopers (PwC), contratada para el control y monitoreo de la obra. La planta es un ícono no El yacimiento de Turicaya, certificado por el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), cuenta con reservas estimadas en más de 20 millones de toneladas de caliza, además de otros depósitos identificados en Tarapaya y Mondragón. Proceso avalado por normativa La implementación de la planta se enmarca en la Ley N° 232 del FINPRO y su reglamentación, que establecen la evaluación de proyectos a través de un Comité de Homologación integrado por varios ministerios. El estudio de identificación fue aprobado mediante resolución ministerial en noviembre de 2016 y posteriormente homologado por dicha instancia. Ballivián insistió en que la selección de Chiutara respondió a una decisión técnica y estratégica, respaldada por informes especializados y criterios de viabilidad operativa. «La planta de cemento de Potosí es una planta ícono no solo de Bolivia, sino de Sudamérica», dijo al explicar que fue construida con la mejor capacidad, con tecnología patentada de los alemanes y con la supervisión de Price Waterhouse Coopers”, señaló “Se está generando susceptibilidad sin considerar los elementos técnicos que sustentaron el proyecto”, afirmó. El caso se encuentra en etapa de investigación y se prevé que la Fiscalía continúe recabando información.