Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

La exautoridad es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

POR BORIS GÓNGORA

24 de abril de 2024

La Justicia determinó este martes la detención domiciliaria para el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

La exautoridad es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Deberá pagar, además, una finanza de Bs 30.000. La medida cautelar dictada por el juez, responde al estado de salud del investigado.

“Se dispone el arraigo de la persona imputada. El imputado tiene la prohibición de constituirse al lugar de los hechos. Se impone una fianza de 35 mil bolivianos, misma que será utilizada en caso de fuga y es para gastos de recaptura”, dijo el juez Iván Córdova en audiencia, según la red Unitel.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

En la imputación formal del Ministerio Público, se solicitó se disponga la detención preventiva para Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses, tiempo en el que se precederá a la investigación. 

El exministro y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos fue aprehendido el lunes al mediodía por presuntas irregularidades en la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni.

Vladimir Ochoa, defensa legal de la exautoridad, denunció que la aprehensión de la exautoridad fue de “forma arbitraria”, esto en razón que no se notificó “debidamente”.

“Nos ha llamado bastante la atención, razón de que el Ministerio Público tiene todas las relaciones con el SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y otras instituciones que pueden acreditar su domicilio y proceder a llamarlo y no hacer un abuso arbitrario”, dijo Ochoa.

Añadió que “esta aprehensión ilegal e inmediata” dejó en estado de “indefensión a un adulto mayor de 74 años y que tiene tres enfermedades de base”, entre ellas, la diabetes.

LA RAZÓN

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