Mecanismo de Prevención define ocho compromisos para proteger a las mujeres de la violencia y acoso político

Las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, que conforman el Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en situación de Acoso y Violencia Política, definieron este miércoles, en su primera reunión, ocho compromisos para proteger a las mujeres contra ese delito, tras la brutal agresión que sufrió en Santa Cruz la asambleísta Muriel Cruz.

“Se ha tomado determinaciones y compromisos entre todas las instituciones que conformamos el mecanismo a fin de que esta situación ocurrida en el país nunca más vuelva a ocurrir”, dijo el ministro de Justicia Iván Lima en conferencia de prensa.

Las determinaciones se dieron luego de la conclusión de la primera reunión de los representantes que integran dicho mecanismo: los ministerios de Justicia y de Gobierno, además del Viceministerio de Autonomías, el Órgano Electoral, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana, organizaciones representativas, autoridades electas a escala nacional y entidades autónomas.

Así también participaron el Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, y, como invitados, asambleístas departamentales de Santa Cruz y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, detalló que durante el encuentro se abordaron los antecedentes del caso de violencia política contra la asambleísta Muriel Cruz; además de los informes de los asambleístas departamentales de Santa Cruz y de las instituciones que comprenden el mecanismo.

El titular de Justicia destacó que se efectuarán ocho acciones para seguir los hechos de violencia y acoso político, y el curso de las investigaciones:

  1. Identificar y aprehender a las personas que se ve en imágenes que agreden físicamente a la asambleísta Muriel Cruz y a los autores intelectuales de los hechos. Para ello es necesario que el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público coordinen acciones y se puedan juzgar estos hechos a la brevedad posible.
  2. Se reforzará el resguardo policial en instancias de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, a fin de brindar las condiciones para el ingreso a las sesiones convocadas, mientras dure la situación de conflicto a las y los asambleístas. Para lo cual es necesario que el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana desplieguen al personal necesario que brinde seguridad permanente. Los mismos informarán al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades su intervención oportuna, medidas a disponerse y desarrollarse.
  3. Se estableció como compromiso realizar los actos investigativos con celeridad dentro de los procesos penales por acoso y violencia política, para lo cual se ha solicitado al Ministerio Público coadyuvar con dicha labor, remitir la información de todos los casos de acoso y violencia denunciados a la fecha para que se realice el seguimiento respectivo por parte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Sepdavi a todas aquellas víctimas que pidan su patrocinio, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Mecanismo. La información deberá ser remitida hasta el 23 de junio de 2023.
  4. También se ha determinado realizar un estudio de casos sobre los hechos de violencia política suscitados en el departamento de Santa Cruz durante los últimos cinco años, a cargo del Viceministerio de Igual de Oportunidades, cuyos resultados serán presentados por el Ministerio de Justicia en el plazo máximo de cuatro meses.
  5. Se determinó requerir información a las instituciones públicas del nivel central del Estado y de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz sobre el presente caso de violencia política contra la asambleísta Cruz y otros registrados a la fecha; así como el avance y cumplimiento de la Ley 243 y su reglamento. A este efecto, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en una semana, junto al Viceministerio de Autonomías, solicitarán toda la información respecto a las grabaciones de las sesiones de concejos municipales y asambleas departamentales. También el desarrollo de la normativa de códigos de ética y otros por parte de las Etas en el plazo de una semana.
  6. Realizar la ruta de atención interinstitucional y reforzar protocolos de prevención de casos de acoso y violencia política, a efectos de que se procure una atención preventiva e inmediata, al igual que la activación del mecanismo en caso de requerirse. Para lo cual se deberá proyectar un protocolo para su posterior aprobación en la reunión en un plazo no mayor a 30 días.
  7. La Policía Boliviana realizará una investigación interna sobre los hechos denunciados contra sus efectivos en la intervención y atención del caso de la asambleísta agredida y sus colegas en el departamento de Santa Cruz, el 9 de junio de 2023.
  8. Las entidades que realizan el seguimiento de casos de violencia y acoso deberán informar mensualmente a los miembros del mecanismo sobre las acciones que se desarrollan en la temática.

El ministro Iván Lima reprochó que en los últimos años de vigencia de todas leyes contra estos delitos solo se tenga tres sentencias; la última realizada este viernes pasado en Villa Montes, Tarija.

“No es aceptable que tengamos tantas leyes y no estén siendo aplicadas por la institucionalidad del Estado. Vamos a hacer, a partir del trabajo del mecanismo, un seguimiento exhaustivo a la responsabilidad y trabajo de todas las instituciones”, señaló.

Así también comunicó que se desarrollará el análisis de la implementación de la Ley 243 y sus reglamentos, a cargo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

Indicó que la Defensoría del Pueblo se comprometió a realizar talleres preventivos contra el acoso y violencia a nivel nacional y disponer de 100% de su personal para la recepción de denuncias y trabajo de coordinación con los miembros del mecanismo.

Mientras, el Tribunal Supremo Electoral tomará todas las medidas necesarias para difundir, informar a la población sobre estas situaciones de acoso y violencia política que se presentaron en el país para prevenirlas.

Manifestó que desde la cartera de Estado que dirige, junto con el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, revisarán y ajustarán los protocolos preventivos contra el delito.

Lima calificó como inaceptable la forma en que se utiliza los mecanismos de investigación penal, “sin tener empatía y atención a las víctimas”. Dijo que esa situación no puede ser aceptada por el Estado.

“El proceso debe estar en resguardo de las víctimas y no descuidar el factor humano”, recomendó.

Agregó que a partir de esos compromisos se realizará una reunión de seguimiento de las conclusiones asumidas en la ciudad de Santa Cruz, el 10 de julio de 2023, con el fin de que todas las instituciones parte del mecanismo cumplan los compromisos e informen los resultados a la población y las víctimas.

Oxígeno

Autor