El ministro de Gobierno, Eduardo De Castillo, confirmó este domingo que la menor de 11 años que quedó encinta tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, «ayer interrumpió su embarazo, conforme a la normativa legal y lo que han dispuesto las autoridades judiciales».
Detalló que la justicia boliviana tomó esa determinación porque fue la decisión inicial de la menor. «No quería nada en su vientre producto de la violación».
«El Gobierno no ha actuado para interrumpir el embarazo, es un tema de la justicia, y la justicia es un ente independiente (…) Ha determinado que el mayor bien es precautelar la salud de la niña porque no existían las condiciones materiales para que continúe con ese embarazo producto de esta violación», aseguró Del Castillo.
Asimismo, aseguró que la menor ya fue dada de alta y permanece bajo cuidados de la Defensoría de la Niñez del municipio de Yapacaní.
Por otro lado, el titular de Gobierno cuestionó a la iglesia por no pronunciarse en contra de los violadores.
Este hecho se conoció semanas atrás, cuando la menor llevaba 21 semanas de embarazo y contara a un familiar que sentía “unos movimientos extraños en su vientre”. Su tía formalizó la denuncia y confirmó el embarazo a través de una ecografía.
La madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial.
Tras la «injerencia» de una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña.
Su agresor está recluido en el penal de Montero y la Fiscalía pedirá 30 años de prisión por violación a infante, niña, niño o adolescente con agravante.
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