La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió órdenes de operaciones para reprimir las pasadas protestas en contra de la presidenta, Dina Boluarte, que incluyeron la denominación de «bandos de combate», informó este viernes el semanario Hildebrandt en sus trece. Los documentos, clasificados como reservados, develan que el alto mando de la PNP planeaba sus acciones contra «fuerzas adversas», infiltradas por «delincuentes terroristas». En varias ocasiones la Administración de Boluarte aseveró que las movilizaciones estaban impulsadas por el terrorismo, pero no presentó ninguna prueba, como admitió la canciller Ana Cecilia Gervasi en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, en febrero pasado. Esta nueva revelación de los actos represivos en Perú, exponen la preparación y ejecución de los operativos específicamente en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, donde se registró uno de los despliegues más violentos de la PNP. El 9 de enero pasado, 18 civiles fueron asesinados en Juliaca a causa de disparos de proyectiles de armas de fuego, que impactaron en la cabeza, los ojos, la cara, el tórax y el abdomen de las personas manifestantes. Estos hechos podrían constituirse como una «masacre», tal como consignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe a principios de mes. Mientras que, en la víspera, la ONG Amnistía Internacional denunció que «la policía habría hecho un uso ilegítimo de la fuerza letal, así como un uso excesivo de la fuerza menos letal» en Juliaca. Boluarte niega responsabilidades La mandataria ha denegado toda participación en estos hechos, que arrojan al menos 67 muertes, de las cuales la mayoría se dieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden. «Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos», aseveró Boluarte, entrevistada por el medio local El Comercio, acerca de la PNP y las Fuerzas Armadas, tras el pronunciamiento de la CIDH. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación la citó el próximo 6 de junio para que responda por los presunto delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Originalmente estaba convocada para el 31 de mayo, pero la defensa de la mandataria solicitó una reprogramación porque ese día encabezará el simulacro nacional multipeligro 2023. «Voy a acudir al Ministerio Público, voy a responder todas las preguntas, no me voy a acoger al derecho a quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas protestas violentas es Dina Boluarte», afirmó este viernes la presidenta en conferencia de prensa. RT
